Las cifras indican que hay más de 800 armas mil inscritas por particulares, pero se habla de 300 mil a 500 mil ilegales, muchas de ellas “hechizas” o modificadas. Más de 22 mil personas con antecedentes penales tienen legalizado su armamento. Se estima que es un negocio que reporta 25 millones de dólares. El armamento en manos de privados, se convirtió ya en un problema para el Estado, porque en definitiva lo usan bandas criminales, narcos y delincuentes. El Gobierno dio los primeros pasos para encarar este asunto y se anunció la creación de una “Unidad de control de armas”, y la ministra del Interior, Izkia Siches, planteó que se trabajará para que “en nuestro país avance fuertemente a la prohibición total de las armas en las manos de civiles”.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 20/05/2022. De acuerdo a datos de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN) del Ejército y de investigaciones académicas, en Chile hay más de 815 mil armas circulando por su territorio, inscritas legalmente. Al mismo tiempo, diversos estudios, sin datos oficiales, hablan de 300 mil a 500 mil las armas ilegales que existen en el país.
Cifras que vienen a reforzar la inquietud, y en ocasiones el miedo, que existe en la población ante la proliferación de diversidad de armamento y el aumento de homicidios y actos violentos en que se ocupan incluso armas inscritas legalmente. También, por cierto, “hechizas” y modificadas, como el caso de pistolas a fogueo.
Se estima que una cantidad considerable de armamento está en manos de bandas criminales, narcotraficantes, delincuentes asociados al comercio ilegal, grupos dedicados al robo de automóviles, entre otros segmentos.
No es menor el dato de que 22 mil 987 personas con antecedentes penales tienen sus armas legalizadas. En un artículo del abogado e investigador en política criminal y análisis delictual, Patricio Rosas, publicado en el Portal Web Ciper Chile, se indicó que en el último tiempo, 5 mil 976 personas con antecedentes penales pudieron inscribir un arma y que más de 9 mil armas están con “RUT cero”, es decir, que no hay identificación ni ubicación de quien posee ese armamento. Antecedentes que aparecen como ejemplo de incongruencia cuando se está en un esfuerzo por suprimir el uso de armamento legalizado en acciones delictivas.
En el texto de Rosas, se estableció que 80% de las armas de fuego incautadas y recuperadas estaban inscritas formalmente, y que “no fueron fiscalizadas…estaban en un lugar y en manos de quienes no debían tenerlas”.
Datos manejados desde la DGMN, apuntaron hace un tiempo que un 53% de las armas inscritas eran para defensa personal, un 35% para caza, un 7% para deporte, un 3% para colección y un 2% para seguridad y protección. Los datos no consideran armas “hechizas”, a fogueo, modificadas, que tiene capacidad de fuego mortal.
Negocio de 25 millones de dólares
La posibilidad de tener un arma en la casa, la oficina, en el auto (aunque en este caso se suele violar la norma), la parcela u otro lugar, es por la adquisición legal, a través de cualquiera de las más de cien armerías que existen en el país, u otras fuentes que pueden ser legales. Pero también están las redes clandestinas, el contrabando y la compra-venta ilegal, áreas en que se calculan que circulan miles de armas de todo tipo.
El negocio en la venta legal de armas en Chile ronda los 25 millones de dólares, lo que puede aumentar en varios millones si se consideran las transacciones ilegales.
El comercio de armas gira sobre todo en torno de las armerías y algunas tiendas o puntos de venta más pequeños, y cuando se hace todo legalmente se debe cumplir con ciertas normativas que para muchos son débiles. Incluso la Asociación Chilena del Rifle reivindica bajar ciertas exigencias para garantizar “el derecho” de todo ciudadano a adquirir un arma.
El armamentos extraviado
Un informe de Fast Check hizo ver que entre 2017 y 2020, se extraviaron o perdieron 18 mil 503 armas y solo se recuperaron 392.
En una nota del medio Interferencia.cl, se mencionó que desde las Fuerzas Armadas y Carabineros se han perdido 370 armas de todo tipo entre 2012 y 2022, constatándose extravíos o sustracción desde cuarteles militares y policiales, retenes, comisarías y puntos de vigilancia, varias veces con actuación delictiva de personal militar o policial.
Un elemento señalado por expertos en la materia, apunta a que este es un ámbito donde hay incapacidades de entidades del Estado para el control real.
Medidas claves
Patricio Rosas, en su artículo, llamó la atención sobre que “sin abusar del método del miedo ni de la indignación, sin duda que, al promediar, en Chile cada año se mata más; y cada vez más con armas de fuego que con otro medio”.
En esa línea, el abogado se sumó a propuestas como crear una Agencia de Control Armado y mejorar las regulaciones.
Sostuvo que “la política de armas de fuego debe integrar tres dimensiones, que reúnen medidas muy específicas a las que hay que saber dotar de sentido para construir una visión rectora de la sociedad hacia el desarme: i)la fiscalización del circulante legal; ii)la persecución del mercado ilegal; y iii)la prevención de la proliferación de armas de fuego en la sociedad”.
En estas semanas, con varios casos de víctimas mortales producto del uso de armas en la perpetración de delitos, desde esferas parlamentarias, académicas y de expertos en la materia, se insistió en la necesidad de mejorar la legislación, aumentar las regulaciones y exigencias en la adquisición de armas y reforzar las acciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Los pasos que dio el Ministerio del Interior
La situación es seria, sobre todo porque se vincula la circulación de armamento, con los niveles de homicidios, asaltos, delitos y hechos criminales. Así que el actual Gobierno no tardó mucho y dio a conocer medidas concretas frente a este tema.
La ministra del Interior, Izkia Siches, anunció la creación de una “Unidad de Control de Armas”, para realizar toda una labor destinada al control, regularización e incluso entrega de armas por parte de privados. Un objetivo es reforzar la fiscalización en esta área. Este equipo será desarrollado en una labor conjunta de Interior, el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros, Policía de Investigaciones, y el Ministerio Público.
Al mismo tiempo se intensificarán los operativos para control y requisición de armamento, y promoción de entrega voluntaria de armas. Siches apuntó que además “se modernizará el sistema de control para tener la información en tiempo real, se dictarán los reglamentos pendientes y se incentivarán campañas de entrega de armas, considerando que las armas perdidas ascienden a 54 mil”.
Un eje en la política que quiere establecer el Gobierno, tiene que ver con, de manera drástica, termina con la posesión de armas en manos de privados, de las personas.
“Como Ministerio del Interior hemos llegado al convencimiento de que este alto aumento en la capacidad de fuego en nuestros territorios aumenta los homicidios y los incidentes violentos en todo el territorio nacional, es por eso que queremos iniciar conversaciones tanto con la ciudadanía como también con los distintos sectores políticos para que nuestro país avance fuertemente a la prohibición total de las armas en las manos de civiles”.
En esa tarea la idea es trabajar con organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en territorios donde el tema de las armas es sensible y donde hay índices negativos de delitos cometidos con armamento. En esa línea, se incorporarán “indicadores territoriales para el monitoreo de armas”.
También, según explicó la Ministra del Interior, se buscará “prohibir el ingreso de armas para civiles en Chile por lo menos por un plazo de dos años, avanzar en la prohibición general de la posesión tanto para compra de armas como para municiones; poder permitir mayores herramientas a nuestros Carabineros para que la fiscalización obligue a la exhibición de las armas a las personas que son fiscalizadas; así también, no permitir la entrega de armas a personas que tienen delitos o crímenes que en la actualidad está permitido; prohibir la colección de armas y municiones, prohibir la herencia de armas y prohibir la transferencia de armas”.
Como sea, en el tema del orden público y la seguridad ciudadana, va quedando más claro que un asunto a resolver es el de la circulación de armamento en manos de civiles y, por cierto, de grupos delictivos.