“La verdad y la justicia están intrínsicamente unidas, no se deben separar”

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La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira Matus, valoró la concurrida asistencia de jóvenes al homenaje que el Club Social y Deportivo Colo-Colo le brindó hace unos días, pues “da esperanza de que no sólo les interesa el fútbol, sino también reivindicar a los que han ido quedando en el camino, tanto en dictadura como en el estallido social”. También señaló que la Medalla de Derechos Humanos y Democracia que le entregó la Universidad de Chile este 8 de septiembre es para ella, además de un reconocimiento, un acto reparatorio. En entrevista con ElSiglo.cl y en relación a la conmemoración de los 50 años, Alicia Lira confidenció que durante una reunión sostenida con agrupaciones de DDHH, el Presidente Boric les manifestó que “si no fuera por ustedes esto se habría olvidado”. Asimismo, afirmó que valora el Plan de Búsqueda impulsado por el Gobierno, pero recalcó que “pese a que la urgencia es encontrar a los detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de cuerpos, jamás vamos a renunciar a la justicia” y “lo que nunca vamos a aceptar es la entrega de inmunidad a los victimarios a cambio de verdad, eso va contra todo lo que hemos luchado”.

Úrsula Fuentes Rivera. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 10/9/2023.  El Club Social y Deportivo Colo Colo le brindó hace pocos días un homenaje por su larga trayectoria en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de la dictadura civil militar, ¿qué significado tiene para usted este reconocimiento, sabiendo que su marido, Felipe Rivera, un ejecutado político, era colocolino? 

Tiene una importancia enorme porque soy colocolina en lealtad a las personas que he amado. Mi negro (Felipe Rivera), era hincha del cacique, al igual que mi hermano Diego, que fue prisionero político durante la dictadura. Además de lo significativo que fue recibir este reconocimiento a mi trabajo y consecuencia, fue también muy emocionante y hermoso conocer el trabajo de memoria que está desarrollando la Comisión de Derechos Humanos (DDHH) de Colo-Colo y ver la gran cantidad de socios y jóvenes del club que asistieron a la ceremonia en la sede del Estadio Monumental (ocasión en que también se distinguió al histórico abogado en causas de DDHH, Nelson Caucoto, y al ex futbolista Carlos Cazely por su consecuencia con los valores fundacionales de Colo-Colo).

Lo que más me sorprendió, como mujer de izquierda y dirigenta de derechos humanos, es lo clarito que tienen esos jóvenes lo que fue la dictadura y el orgullo y la lucha que hacen por la memoria de sus compañeros y de quienes han ido quedando en el camino, tanto en dictadura como en el estallido social. Eso da esperanza de que no sólo se interesan por el fútbol, sino que también por reivindicar a sus compañeros. Y esto me es muy cercano, porque fui parte del Colectivo “Justicia para Neco” (Jorge Mora Herrera, un hincha colocolino que falleció tras ser atropellado por Carabineros a la salida de un partido en el estadio Monumental, en pleno período del estallido social). 

Este 8 de septiembre recibió la Medalla de Derechos Humanos y Democracia, condecoración que por primera vez entregó la Universidad de Chile. Ese día también se cumplieron 37 años del crimen de su marido por parte de agentes de la dictadura. ¿Cómo interpreta esta coincidencia?

Cuando la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, me llamó para darme esta hermosa noticia, yo le señalé que recibir esa distinción un 8 de septiembre era para mí un acto doble y reparatorio, porque un día como aquel, a las dos de la madrugada, agentes de la CNI (Central Nacional de Informaciones) asaltaron mi casa, sacaron a mi marido de la cama y lo secuestraron, dándole muerte. El 9 de septiembre tuve que ir a reconocerlo en el Instituto Médico Legal y lo encontré semidesnudo, ametrallado con trece balas en el cuerpo. 

Por otra parte, para mí siempre prima el colectivo y hace seis años aproximadamente que no hago actos conmemorativos en memoria de mi marido, porque está el colectivo con sus actividades y fechas, y como dirigenta participo de ellas. Además, mi negro era tan bajo perfil, tan lindo, que sé que a él no lo complica, por lo que a mí tampoco.

Así es que este 8 de septiembre participé de la entrega de ese reconocimiento en la Casa Central de la Universidad de Chile, pues lo veo como un gesto reparatorio y hermoso, que me emociona profundamente porque siento que es un acto por mi negro y por mí y también por todos los que hemos luchado todos estos años. 

A dos meses de la renuncia de Patricio Fernández Chadwick como asesor presidencial y coordinador del Gobierno en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, ¿se ha notado la diferencia con la labor realizada por Manuel Guerrero, quien asumió después ese cargo?

Felizmente se ha notado la diferencia e incluso en el mismo Presidente de la República, Gabriel Boric, quien nos explicó en una reunión a las agrupaciones de ejecutados políticos, de detenidos desaparecidos y de memoria, que él aceptó inmediatamente la renuncia de Fernández por el respeto y el cariño que le tiene los familiares de las víctimas que pertenecen a estas agrupaciones, no sólo por su dolor, sino que por la lucha, la fortaleza y la consecuencia que han mantenido por llegar a la verdad y la justicia durante estos 50 años. Nos dijo que “si no fuera por ustedes esto se habría olvidado”. 

Valoramos también el aporte que se ha hecho con los Sitios de Memoria, lo que ha sido una lucha colectiva, con organizaciones permanentes en el tiempo. Es cierto que la hemos encabezado, pero nunca hemos estado solas y solos, desde los inicios nuestros abogados de derechos humanos nunca nos han abandonado, tuvimos el apoyo de las comunidades cristianas en los primeros tiempos y también del movimiento estudiantil.

Se nota el cambio positivo con la llegada de Manuel Guerrero como coordinador del Gobierno para los 50 años, porque no hay confusiones y hay una conmemoración con relato y reivindicación del proyecto político de Salvador Allende y Allende no es sólo pasado, también es presente y futuro.

Además, ha habido una relación más directa y fluida con el ministro de Justicia, Luis Cordero, y con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quienes estuvieron a fines de julio en el Encuentro Nacional de Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, realizado en La Serena. Y eso nosotros lo valoramos, aunque como decimos en las agrupaciones, “tenemos confianza pero no ciega”, hay que ir viendo como todo se desarrolla, porque los gobiernos anteriores nos enseñaron a desconfiar.

Pero hasta ahora hay un Presidente que ha cumplido lo que ha dicho y hay un colectivo de Gobierno que está dispuesto a entregar todas las herramientas para avanzar en verdad y justicia, por lo que tenemos la esperanza de seguir trabajando juntos en lo más urgente que es la búsqueda de nuestros detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos cuyos cuerpos no han sido entregados.

Son casi 1.000 familias que sufren una tortura permanente en el tiempo por no saber dónde están sus seres queridos, por no poder vivir el duelo y por no poder darles una digna sepultura, y estamos claro que va a costar encontrarlos, después la cobardía abominable del dictador de remover sus cuerpos desde donde estaban sepultados. 

¿Cuál es su mirada respecto del Plan de Búsqueda y a qué objetivo principal debería apuntar su ejecución para marcar la diferencia con otras medidas antes emprendidas?

Para llegar a la justicia hay que seguir un proceso. Ya están las querellas interpuestas por los familiares de los detenidos desaparecidos, sean o no de las agrupaciones. De manera que aquí la urgencia es encontrar a los detenidos desaparecidos y a los ejecutados sin entrega de cuerpo. Sin embargo, jamás renunciaremos a la justicia, porque la verdad y la justicia están intrínsicamente unidas, no se pueden ni deben separar.

En ese sentido el trabajo del Plan de Búsqueda ya sentó un precedente, que es que un Gobierno y un Presidente, junto a agrupaciones y colectivos de memoria se reunieron en diferentes encuentros hasta firmar un decreto supremo que oficializó el Plan de Búsqueda, haciendo su lanzamiento el 30 de agosto, durante el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Luego de eso ya se ha empezado a ver en estos tiempos la forma de trabajo para buscar. 

Y dada la participación en el Plan de Búsqueda del Estado en su conjunto, gran parte de las esperanzas están puestas en el Poder Judicial, por los expedientes que posee y que tienen que ser revisados. Hay que recordar que se conformó un coordinador con todos los ministros que llevan las causas de derechos humanos. A la cabeza está el juez Mario Carrozas y van a tener que desarrollar el trabajo de cruzar o entrelazar la información contenida en los expedientes de querellas sobre detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y también de prisioneros y sobrevivientes de tortura que han entregado antecedentes.

Ante la oleada negacionista que hay respecto de las violaciones a los derechos humanos, ¿qué acciones debería realizar el Ejecutivo para que las Fuerzas Armadas rompan el pacto de silencio?

Siempre las agrupaciones de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos hemos solicitado a los gobiernos de turno que exijan a los uniformados la entrega de antecedentes y rompan su pacto de silencio. También sabemos que a 50 años es difícil que lo hagan, pues incluso en documentales exhibidos últimamente, ellos reiteran que no entregarán información.

Es más, se da la cobardía de aquellos que se fugan o se suicidan, como ocurrió con los condenados por el asesinato de Víctor Jara, quienes tuvieron impunidad por largo tiempo. Recién después de cincuenta años sale la condena de los criminales de Littré Quiroga (abogado comunista que se desempeñó como director de Prisiones de Chile, actual Gendarmería) y de Víctor Jara, y además se fugan dos condenados y uno se suicida.

Así como el Presidente hizo algo que ninguno otro mandatario había hecho, que es llamar a todos los partidos a condenar el golpe civil militar, la ministra de Defensa, Maya Fernández, también debería dar una señal y buscar la forma de pedir o exigir a las Fuerzas Armadas que terminen el pacto de silencio, que entreguen información sobre las causas de violaciones a los derechos humanos, ya sea de manera anónima o en la forma que quieran, porque al final la justicia está investigando todas las causas y, cuando salgan sus nombres en ellas, van a ser condenados igual.

Pero lo que las agrupaciones de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, nunca vamos a aceptar es la entrega de inmunidad a los victimarios por verdad. Eso va contra todo lo que hemos luchado.

En distintas actividades conmemorativas por los 50 años se han hecho llamados a la unidad de la izquierda y de las fuerzas transformadoras, ¿en qué se debiera enfocar esa unidad?

Como agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura, además de hacer un llamado a los partidos políticos, instamos también a las organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales a estar unidos y enfrentar el neofascismo que ha boicoteado y chantajeado al Gobierno casi en forma sediciosa.

Por eso sentimos que la democracia está en riesgo, en peligro. Y los negacionistas y la derecha en su conjunto reaccionan así porque los civiles que instigaron y trabajaron para que los militares hicieran el golpe de Estado de 1973, al igual que otros civiles que trabajaron para la dictadura, han gozado de impunidad estos 50 años, entre ellos Sergio Onofre Jarpa, Jovino Novoa, Hernán Larraín, Pablo Longueira, Alberto Cardemil, Mario Fernández y Ricardo Claro. Muchos ya murieron y otros se blanquearon ya sea en el Congreso o en cargos en el Ejecutivo. 

Por eso les duele tanto que este Gobierno haya buscado todas las formas para reconocer y otorgar el legítimo derecho que tienen los familiares de las víctimas de la dictadura, a buscar los mecanismos de la garantía de no repetición. Y eso pasa por verdad, justicia plena y la memoria permanente sobre lo ocurrido con los familiares y las víctimas de la dictadura civil militar de Pinochet.

En relación con la sentencia judicial de los autores materiales e intelectuales del crimen de su marido, ¿considera que hubo justicia? 

El 2011 salió la condena y, como decimos en las agrupaciones de Derechos Humanos, son justicias tardías y a medias, porque las condenas dadas a muchos de los involucrados fueron muy bajas, de cinco a diez años, siendo que asaltaron mi casa, sacaron a mi marido de la cama, lo secuestraron y lo llevaron camino a la rotonda de Pudahuel y avenida Pajaritos, para acribillarlo con trece balazos y luego botarlo como basura. 

Por eso junto a Iván Carrasco Mora (hijo del periodista asesinado por la dictadura, José Carrasco Tapia) apelamos hace más de seis años por falta de justicia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se admitió la demanda que presentamos por dos de los cuatro crímenes perpetrados la madrugada del 8 de septiembre de 1986, en represalia por el reciente atentado a Pinochet, siendo uno de los ejecutados mi marido Felipe.

Pero, aunque suene terrible, siento que mi situación es distinta a la de muchos casos sobre los que aún no se sabe la verdad, como ocurre con las personas ejecutadas en la Casa de la Cultura de Barrancas, cuyos cuerpos fueron abandonados en una rotonda de Lo Prado. Todavía las causas de esos crímenes están abiertas, siendo que se sabe qué regimiento estuvo a cargo de la Casa de Cultura de Barrancas y la convirtió en una casa de tortura y exterminio.

Por eso podría decir que tuve un poco de justicia, pero la mayoría de los casos de 1973 siguen abiertos y aún hay más de 1.300 causas pendientes en los tribunales de justicia.

¿Cuáles son las actuales batallas que está dando la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos?, ¿en qué consisten sus últimas demandas?

Seguimos batallando en la lucha por verdad y justicia, porque hay que recordar que el 2010 empezamos a presentar querellas por hombres, mujeres y adolescentes por los que nadie lo había hecho y con el equipo jurídico que se formó al alero de la AFEP y que es parte de ella, se sigue insistiendo porque hay más de 800 causas aún abiertas, a parte de las otras.

También seguimos trabajando la memoria histórica y hemos presentado en diversos espacios el libro “Rompiendo el Silencio de Niñas, Niños y Adolescentes Ejecutados Políticos durante la Dictadura Cívico-Militar 1973-1990”, que publicamos el año pasado con el objetivo de rescatar y dar a conocer la estremecedora historia de los más de 300 menores de edad asesinados en dictadura, cuyas causas muchas están abiertas.

Lo mismo estamos haciendo con el libro “El Largo Caminos por la Justicia”, que recoge la historia de lucha de nuestras compañeras fundadoras de la AFEP.

El 2016 presentamos una propuesta al rector de la Universidad de Chile de aquel entonces, Ennio Vivaldi, y a la vicerrectora, Faride Zerán, para que se hiciera entrega, como acto reparatorio, de títulos póstumos y licenciatura a todos los estudiantes de ese plantel que figuran en las listas de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Eso se ha venido desarrollando y este 8 de septiembre entregaron cinco títulos póstumos más.

Como agrupación también hicimos gestiones junto al Colegio de Abogados para que la Corte Suprema hiciera entrega, en noviembre de 2022, de cinco títulos póstumos de abogado a egresados de Derecho que fueron víctimas de la dictadura. Estos actos son importantes a nivel de reparación y humanidad.

Y este año conseguimos nuevamente que la Corte Suprema en pleno hiciera entrega, el 29 de agosto, de ocho títulos póstumos de abogado, entre ellos al ministro del gobierno de Salvador Allende, José Tohá, y al querido compañero Littré Quiroga.

Insistimos en seguir trabajando en esta forma la memoria, porque con ello queremos terminar con el negacionismo y el discurso de odio y dejar en claro que aquí hubo una verdad, que hay nombres, hay personas, hay familiares, víctimas del golpe y la dictadura. Queremos que esto llegue al común de la gente de nuestro territorio, junto con la necesidad imperiosa de cuidar nuestra democracia, para que nunca más se repitan en Chile hechos siniestros como los ocurridos durante el régimen de Pinochet.

¿Cómo se debería hacer el contrapunto a las actividades que la derecha y los seguidores de Pinochet quieren realizar el fin de semana y el 11 de septiembre?

Lo mejor es ignorarlos y hacer nuestros actos conmemorativos por nuestros caídos como lo hemos hecho siempre, tanto en lo cultural, en lo místico y en la alegría, pese al dolor que tenemos por la impunidad que ha habido en estos 50 años. 

Por eso en estos momentos es importante la unidad y la masividad, para reivindicar el proyecto político de Salvador Allende, la memoria de nuestros muertos y hablar también de futuro. La única forma de darle duro a la derecha no es enfrentarnos con ella, sino demostrarle que somos más y asistir masivamente a los actos que se realizarán a lo largo del país, en los memoriales, en los barrios y juntas de vecinos y en los centros recreativos que fueron ocupados como centros de tortura, entre ellos el Estadio Nacional, donde se realizará este 11 de septiembre un gran acto político cultural.

Nuestro gran desafío es bajar al territorio y enseñar por qué hay que cuidar la democracia y tener un respeto irrestricto a los derechos humanos de cada persona, sea quien sea.

Hablando de reivindicar la memoria, ¿qué significó para usted la Unidad Popular?

Todas las confabulaciones hechas en esa época por la derecha y gran parte de los empresarios, con apoyo de los Estados Unidos, eran porque no podían aceptar que los trabajadores tuvieran salarios dignos, que los campesinos dejaran de ser peones y de trabajarles el latifundio para trabajar su propia tierra, que sin exclusión social se entregara medio litro de leche a todos los niños y niñas, y que las y los trabajadores tuvieran derecho a disfrutar veraneo en balnearios populares como beneficio de los sindicatos.

En mi calidad de obrera textil, tenía convenios con Mademsa, Fensa e IRT. Gracias a eso y pese a vivir en un campamento, pude tener mi televisor Antu de 14 pulgadas y una lavadora semiautomática redonda, porque a través del sindicato se nos descontaba de a poco el pago.

En ese entonces, la Central Única de Trabajadores (CUT) era la multisindical más grande en América Latina y yo participaba del sindicato de mi empresa y también de la Federación, la Confederación Textil y de la CUT. Estos grandes avances para los trabajadores no eran vistos con buenos ojos por la oligarquía chilena y por las empresas transnacionales. Menos les gustó la nacionalización del cobre.

Cuando ellos dicen que los comunistas y la izquierda enseñan el odio de clase están muy equivocados, porque el odio de clases parte desde los latifundios y los patrones, que quieren mano de obra barata. Cuando hay un trabajador, un colectivo o un sindicato que se organiza, ellos quieren terminar con esa organización.

La cultura en la Unidad Popular no era un bien de consumo y es importante recordar a la Editorial Quimantú, que abarató el precio de los libros permitiendo el acceso a la lectura de las y los trabajadores y de las personas con menos recursos, a diferencia de ahora que tienen un alto costo para el bolsillo.

Yo viví maravillosamente la Unidad Popular. Me casé con mi negro el 26 de febrero de 1970. Los dos éramos obreros y jóvenes comunistas. Él trabajaba en la Municipalidad de San Miguel y yo en la industria textil. Para nosotros fue muy emocionante el triunfo de Salvador Allende, lo vivimos con mucha alegría. Después, cuando el boicot dio origen al desabastecimiento, salíamos a las calles a hacer claridad en las colas por qué se generaba el mercado negro y apoyábamos al Gobierno en lo que podíamos con los compañeros de las Juventudes Comunistas. Yo viví la Unidad Popular plenamente. Era una obrera que vivía en el campamento Villa Lenin, en el módulo Ho Chi Minh. La calle principal del campamento era la avenida Moscú, en homenaje a la Unión Soviética, que apoyó al Gobierno de Salvador Allende en la construcción de departamentos.

Cuando uno vive en esas condiciones como obrera, vive una pobreza, pero una pobreza digna en la que uno camina derechita, contenta y con la cabeza en alto, porque estábamos construyendo un proyecto colectivo, entre hombres, mujeres y jóvenes, a través del programa de la Unidad Popular. Y eso llenaba el alma y engrandecía la lucha que se estaba dando por hacer realidad nuestro sueño.