La lucha política en la pesca artesanal, contradicciones, perspectivas e implicancias

Las recientes movilizaciones de las organizaciones de la pesca artesanal deben sensibilizar al conjunto de la sociedad chilena en la comprensión de que este es un problema que tiene consecuencias directas en la calidad de vida. Se requiere un mayor posicionamiento en pro de los cambios por parte las organizaciones políticas, de trabajadores, estudiantes chilenos, redoblar el compromiso y acción por lograr que el mar y sus beneficios dejen de estar en manos de unos pocos permitirá en el corto y mediano plazo, contribuir significativamente al bienestar de las grandes mayorías de nuestro país.

Pablo Lobos. Investigador de la Universidad de Chile. Santiago. 31/3/2025. Durante esta semana hemos sido testigos de una movilización nacional de las y los pescadores artesanales, con despliegues que involucran diversas acciones en puertos, carreteras y el mismo congreso, también hemos sido testigos de un despliegue comunicacional de los medios hegemónicos abismante, que busca denostar y esconder las razones que llevan al sector artesanal a manifestarse. Por tanto es necesario tener una adecuada ideal de contexto para afrontar de mejor manera esta situación sin caer en sesgos y caricaturizaciones.

Lo primero es que Chile, con más de 6.400 km de costa, es uno de los países con mayor riqueza marina del mundo. La pesca artesanal, practicada por alrededor de 100.000 personas según cifras oficiales, representa no solo un pilar económico para comunidades costeras, sino también una herencia cultural arraigada en tradiciones ancestrales, especialmente en pueblos indígenas como los lafkenche, changos y chonos. Sin embargo, este sector enfrenta un escenario marcado por la desigualdad, la degradación ambiental y disputas políticas que reflejan tensiones estructurales derivadas de políticas neoliberales implementadas en la dictadura civil-militar y profundizadas en los gobiernos de la Concertación y la derecha.

Para tener una idea de donde se da la actividad, es importante saber que ella se concentra en zonas como las regiones de Los Lagos, Biobío, Coquimbo, Valparaíso y Atacama, donde miles de familias dependen de pesquerías de sardina, anchoveta, jurel, jibia y algas pardas. Pese a su relevancia, la pesca artesanal contribuye con menos del 40% del total de desembarques nacionales (1), un contraste con el dominio de la industria pesquera, controlada por conglomerados que explotan especies como el jurel, anchoveta y la sardina, cuyo destino fundamental es hacia harina de pescado y congelados. Esta asimetría se consagró legalmente con la polémica Ley de Pesca (Ley Longueira) de 2013, que otorgó derechos de captura de largo plazo y regulación de cuotas que benefician a grandes empresas, consolidando un modelo extractivista que prioriza la exportación sobre la soberanía alimentaria local (2).

Las contradicciones de clase en la pesca chilena son evidentes. Por un lado, la industria, vinculada a élites económicas, las llamadas “7 familias”, y grupos transnacionales, opera con tecnologías de alto impacto, acaparando y agotando pesquerías, desestabilizando a las comunidades costeras y estableciendo relaciones comerciales abusivas con el sector artesanal. Por otro lado, los pescadores artesanales -muchos en situación de pobreza-carecen de acceso equitativo a recursos, infraestructura y mercados. La Ley de Pesca profundizó esta división al institucionalizar un sistema de cuotas que favorece a actores industriales, mientras limita el desarrollo y organización de la actividad artesanal, promoviendo la competencia y la fragmentación de dicho sector (3).

En el sur, el auge de la acuicultura -especialmente el salmón- ha generado conflictos territoriales y ambientales. Empresas salmoneras, con apoyo estatal, han contaminado ecosistemas en la Patagonia, afectando la biodiversidad de la que dependen los pescadores artesanales. Este modelo neoliberal ha convertido el mar en un campo de batalla donde la lógica del lucro choca con la de la subsistencia y la sostenibilidad.

Las tensiones políticas en torno a la pesca reflejan un conflicto entre visiones de desarrollo. El Estado chileno, desde la Constitución de 1980, históricamente alineado con intereses empresariales, ha sido criticado por su enfoque cortoplacista. La Ley Longueira, diseñada bajo el lobby de grupos industriales, es emblemática de esta dinámica. Organizaciones como la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH) y el Consejo de Defensa del Patrimonio Pesquero (CONDEPP) denuncian que la legislación viola derechos ancestrales y consolida un “saqueo legalizado” del mar (4).

A nivel local, las caletas pesqueras han impulsado movilizaciones exigiendo participación en la gestión de recursos. Ejemplo de ello son las protestas contra la sobrepesca de la merluza común o los reclamos por compensaciones ante derrames de salmones. Sin embargo, su influencia política es limitada frente al poder económico de la industria. La falta de representación efectiva en instancias como los Comités de Manejo -donde se deciden las cuotas- evidencia una democracia debilitada por el corporativismo y la tecnocracia.

Para transformar este escenario, se requieren políticas que reconcilien justicia social y sostenibilidad ecológica y una perspectiva de desarrollo nacional soberano. Un paso esencial es la derogación de la Ley Longueira y establecer un sistema de cuotas basado en criterios científicos y sociales, priorizando a comunidades locales y resguardando ecosistemas críticos. Las recientes manifestaciones de los pescadores artesanales en el contexto de la discusión del nuevo proyecto son un paso crítico para avanzar en esa dirección (5,6,7).

Es fundamental avanzar hacia el fortalecimiento de la gestión comunitaria, en ello el estado debe profundizar el el reconocimiento e integración de los conocimientos tradicionales mediante modelos de co-manejo, como las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), pero con mayor autonomía y financiamiento. Asimismo, en cuanto a la gestión de los recursos pesqueros se debe promover técnicas selectivas, cuotas rotativas y vedas efectivas, junto con programas de reconversión laboral para reducir la presión sobre especies vulnerables.

De forma concomitante, resulta importante la generación de nuevas redes logísticas y nuevas cadenas de valor capaces de facilitar el consumo humano a menores precios, pues paradójicamente pese a la riqueza en recursos marinos el pueblo de Chile está bajo la media internacional de consumo anual por persona (~13,2 kg versus ~20 kg mundial) debido a la poca disponibilidad y los altos precios de los productos marinos [8,9]. Esto hace de la discusión sobre recursos pesqueros no sólo una materia de los pescadores, sino también una necesidad clave de diversos actores sociales en relación las condiciones de alimentación y costo de vida del pueblo en general, en circunstancias que vivimos en un realidad nacional cruzada por altos índices de inseguridad alimentaria general y, especialmente, en nuestros adultos mayores [10].

A su vez, resulta clave también generar una mayor regulación de la acuicultura industrial, aplicar impuestos a la exportación de recursos no procesados y crear redes de comercio justo para productos artesanales. Todo esto requiere la integración de la perspectiva climática que permita desarrollar planes de adaptación ante los efectos en el clima, temperatura y corrientes marinas, que afectan y pueden afectar la dinámica de los recursos pesqueros y, por ende, la vida de las comunidades costeras que dependen de ellos.

La pesca artesanal chilena encarna la paradoja de un país rico en recursos naturales pero fracturado por desigualdades estructurales. Un desarrollo verdaderamente sostenible exige democratizar el acceso al mar, priorizando a quienes lo habitan y preservan, favoreciendo la cooperación y el acceso general a bajos precios de alimentos de origen marino, que son de alta calidad para la salud humana.

Las recientes movilizaciones de las organizaciones de la pesca artesanal en el marco del avance legislativo de la nueva ley de pesca deben sensibilizar al conjunto de la sociedad chilena en la comprensión de que este es un problema que tiene consecuencias directas en la calidad de vida de todos nosotros. En ese sentido, si bien parlamentarios del oficialismo han manifestado su apoyo, se requiere un mayor posicionamiento en pro de los cambios por parte las organizaciones políticas, de trabajadores, estudiantes chilenos, redoblar el compromiso y acción por lograr que el mar y sus beneficios dejen de estar en manos de unos pocos permitirá en el corto y mediano plazo, contribuir significativamente al bienestar de las grandes mayorías de nuestro país.

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