Pretender desmantelarla, como proponen economistas, es un intento descarado de profundizar la precarización laboral y maximizar las ganancias del gran capital a costa de la dignidad de quienes producen la riqueza. Resulta fundamental entonces rechazar categóricamente cualquier intento de eliminar o debilitar la indemnización por años de servicio, exigiendo no solo mantener este derecho, sino fortalecerlo, eliminando el tope de 11 años y garantizando que las indemnizaciones reflejen plenamente el daño económico y social que el despido implica para los trabajadores.
Daniel Jadue. Arquitecto y Sociólogo. 6/2025. La reciente propuesta de un grupo de economistas liderados por Rolf Lüders, quienes sugieren eliminar la indemnización por años de servicio en Chile, no es más que un nuevo capítulo en la ofensiva del capital contra los derechos de la clase trabajadora, una expresión clara de la lucha de clases que define las dinámicas del sistema capitalista.
La indemnización por años de servicio, conquistada tras décadas de lucha obrera, es un pilar fundamental para garantizar una mínima protección a los trabajadores frente a la arbitrariedad patronal que representa el despido por necesidades de la empresa. Pretender desmantelarla, como proponen estos economistas, es un intento descarado de profundizar la precarización laboral y maximizar las ganancias del gran capital a costa de la dignidad de quienes producen la riqueza. Recordemos que los empresarios no dan trabajo, como suelen decir, compran trabajo sin el cual no podrían producir nada.
El argumento central de Lüders y su grupo, respaldado por figuras vinculadas a los intereses de la élite económica, es que la indemnización por años de servicio representa un “costo elevado” para las empresas en caso de despido, comparando a Chile con países de la OCDE donde el promedio de indemnización es menor. Lo que olvidan es que en los países con los que se comparan en este indicador, la protección a las y los trabajadores es definitivamente mucho mayor.
Este discurso, impregnado de la lógica neoliberal, reduce al trabajador a un mero insumo productivo, ignorando que la indemnización no es un “gasto”, sino un derecho que reconoce el aporte histórico de los trabajadores a las empresas y su vulnerabilidad frente al desempleo. En un sistema donde el capital acumula riqueza a partir del trabajo asalariado, es inaceptable que se pretenda descargar el peso de la “eficiencia económica” sobre los hombros de quienes ya enfrentan la inseguridad de un mercado laboral que se ubica entre los más flexibles del mundo.
La propuesta de reemplazar la indemnización por una cotización del 1,8% al Seguro de Cesantía, inspirada en el modelo austriaco, no es más que un eufemismo para transferir la responsabilidad de la protección social del empleador al trabajador, individualizando el riesgo y debilitando la solidaridad de clase. Este modelo, presentado como “moderno” y “universal”, en realidad refuerza la lógica del mercado, donde los trabajadores quedan a merced de cuentas individuales que no garantizan una reparación adecuada frente al despido. En el marco del capitalismo, estas cuentas individuales suelen beneficiar a las instituciones financieras que las gestionan, generando utilidades, mientras los trabajadores enfrentan montos insuficientes para cubrir sus necesidades en momentos de cesantía, lo mismo que sucede con las pensiones respecto del mercado de capitales que gestionan las AFP.
Por otro lado, la iniciativa del Frente Amplio, que busca eliminar el tope actual de 11 años en las indemnizaciones, representa un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente. El problema de fondo no radica solo en el monto o el tope de las indemnizaciones, sino en la propia estructura del sistema capitalista, que permite al empleador disponer arbitrariamente del trabajo humano. La indemnización por años de servicio debe ser vista como una conquista parcial, un mecanismo defensivo frente a la explotación inherente al sistema, pero no como una solución definitiva. La verdadera transformación pasa por cuestionar la propiedad privada de los medios de producción y avanzar hacia un modelo donde los trabajadores no sean mercancías desechables, sino protagonistas de la economía.
La historia de la indemnización por años de servicio en Chile, desde su establecimiento en 1931, es la historia de las luchas obreras contra la precariedad impuesta por el capital. Cada intento de desmantelarla, como el actual, es una afrenta a esas conquistas y un recordatorio de que el capital no descansa en su afán por maximizar la plusvalía. La alta judicialización de los despidos, señalada por los expertos, no es un defecto del sistema, sino una prueba de que los trabajadores no aceptan pasivamente la injusticia. En este contexto, la propuesta de Lüders no solo es regresiva, sino que busca desarmar a la clase trabajadora frente a la voracidad patronal.
Resulta fundamental entonces rechazar categóricamente cualquier intento de eliminar o debilitar la indemnización por años de servicio, exigiendo no solo mantener este derecho, sino fortalecerlo, eliminando el tope de 11 años y garantizando que las indemnizaciones reflejen plenamente el daño económico y social que el despido implica para los trabajadores.
De la misma manera, es urgente fortalecer la organización, la unidad y la lucha de la clase trabajadora para avanzar hacia un modelo económico que priorice la vida y la dignidad por sobre las ganancias. En la lucha de clases, no hay neutralidad: o se está con los trabajadores o se está con el capital. Nosotros, como siempre, elegimos el lado de las y los trabajadores.