Nadie que conozca un poco de cómo opera hoy el narcotráfico en el mundo, y Chile claramente no es la excepción, pone en duda la importancia del sistema bancario para lavar dinero. Y esto se sabe desde hace ya muchas décadas. La historia internacional, la experiencia judicial nacional y la simple lógica nos lo enseñan. Pero representantes de la derecha y la extrema derecha como Bernardo Fontaine, Javier Macaya, Ruth Hurtado y Diego Schalper ridiculizan o desprecian legislar sobre el secreto bancario. Análisis que apuntan a la certeza de que la banca juega un rol destacado en el lavado de dinero ilícito. Ya sea como instrumento de los delincuentes para el lavado de activos, o como partícipes directos y conscientes en ese tipo de delitos.
Fernando García. Analista. Santiago. 26/7/2024. Entre los fenómenos delictivos que más preocupan hoy, el crimen organizado es lejos el más significativo. Entre las múltiples respuestas que el actual gobierno ha ido elaborando para enfrentar el fenómeno, una de las que en las últimas semanas ha generado más noticias, es la petición del levantamiento del secreto bancario.
La discusión adquirió fuerza cuando la candidata presidencial de la derecha Evelyn Matthei aseguró que había políticos que “se financian con platas de narcos”. Ante eso, distintas personalidades del oficialismo salieron a señalar que era importante levantar el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero.
Bastó eso para que la derecha en bloque, desde sus diferentes trincheras saliera a manifestarse en contra. Bernardo Fontaine intentó ridiculizar la situación y dijo que “otro ingenuo que cree que el narcotráfico opera con transferencias bancarias”. En el mismo sentido se expresó la secretaria general de los Republicanos, Ruth Hurtado: “El narco no hace transferencias bancarias. Hay que ser bastante ingenuo”. Y el inefable Diego Schalper ponía el argumento más político: “Es una manera de desviar la atención de su fracaso evidente en el combate al delito”.
En verdad nadie que conozca un poco de cómo opera hoy el narcotráfico en el mundo, y Chile claramente no es la excepción, pone en duda la importancia del sistema bancario para lavar dinero. Y esto se sabe desde hace ya muchas décadas. La historia internacional, la experiencia judicial nacional y la simple lógica nos lo enseñan.
La historia nos recuerda que con frecuencia la banca no sólo fue “utilizada” para lavar dinero de actividades ilícitas, sino que en muchas oportunidades participó conscientemente de ellas, porque le producían ganancias excepcionales. Probablemente el caso más escandaloso fue el del Bank of Credit and Commerce (BCCI), que llegó a tener unos 14.000 empleados, más de 420 sucursales, negocios en más de 70 países, ser el mayor banco privado del Reino Unido y el sexto mayor del mundo en su categoría, que según un informe de Naciones Unidas (1993), llegó a lavar unos 20 mil millones de dólares.
El año 1990, Jean Ziegler, a esa fecha profesor de sociología de la Universidad de Ginebra (y más tarde de La Sorbona) y consejero nacional (diputado) en el Parlamento Suizo, publicaba la que sería una de sus obras más conocidas “Suiza lava más blanco”. Allí señalaba, entre otras cosas, que los dineros que movía la banca Suiza eran de tres tipos, el “dinero propio”, fruto de transacciones normales y lícitas, el “dinero gris”, producto de la evasión fiscal de las clases dirigentes de diferentes países europeos o distorsiones fraudulentas de dirigentes del tercer mundo, y “…el dinero negro o dinero sucio, desde lejos el más importante”, correspondiente a miles de millones de dólares, que la banca camuflaba, lavaba y reinvertía, y que provenía del “…botín de las redes internacionales del tráfico de drogas, de armamento y otras actividades criminales”. En el texto, señalando fechas, nombres y detalles, daba cuenta de cómo y hasta que nivel, la banca suiza sabía y participaba del blanqueo de esos fondos de origen criminal y particularmente de dineros proveniente del narcotráfico.
Sólo meses después de la aparición de este texto, en enero de 1991, el periodista colombiano Fabio Castillo, famoso ya por su trabajo anterior “Los jinetes de la cocaína”, que denunciaba como muchos hablaban de las “mulas” del narcotráfico, pero nunca de los “jinetes”, publicaba el libro “La Coca Nostra”, cuyo objetivo era “…desentrañar la compleja trama internacional que se ha urdido en torno al tráfico de cocaína …que se inicia en Bolivia y Perú, pasa por algunas familias en Colombia…cuenta con el apoyo implícito de laboratorios químicos de Holanda y Alemania Federal, empresas de transporte marítimas y aéreas y una treintena de bancos internacionales diseminados a lo largo de todo el mundo…”.
El año 92, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas hablaba de “la enorme cuantía de las ganancias ilícitas que entran en juego atrae a los bancos, las instituciones financieras y las administraciones corruptas”.
Podemos seguir citando expresiones similares hasta nuestros días. Lo que nos interesa destacar aquí es que desde hace ya varias décadas se tiene certeza que la banca juega un rol destacado en el lavado de dinero ilícito. Ya sea como instrumento de los delincuentes para el lavado de activos, o como partícipes directos y conscientes en ese tipo de delitos.
En nuestro país, tenemos al menos la certeza de que el sistema bancario se ha usado para lavar dineros. El exfiscal Carlos Gajardo, señalaba que según la Unidad de Análisis Financiero, en más de la mitad de los casos de condenas por lavado de activos se usaron los bancos para ello.
Por lo demás, si todo el mundo sabe que las cifras que mueve el narcotráfico son de millones y millones de dólares, ¿puede alguien creer que esas cantidades sólo se manejan en dinero efectivo?
En verdad ya sea para pagar la droga que se recibe desde otra organización criminal o para poder utilizar las enormes utilidades que el narcotráfico reporta (compra de propiedades, autos de alta gama, joyas y relojes de alto valor, etc.), resulta imprescindible el empleo de tarjetas bancarias, cuentas corrientes, vale vista, etc. Pero también cuando hay inversiones que buscan precisamente aparentar utilidades que justifiquen los altos ingresos de la droga, como la compra venta de bienes raíces, de joyas, relojes, antigüedades, obras de arte, autos de lujo, operaciones de casinos, clubes nocturnos, hoteles, agencias de viajes, etc. En prácticamente todos esos casos hoy resulta imposible manejarlos exclusivamente en efectivo.
Ahora bien, perseguir “la ruta del dinero” en relación con el narcotráfico reporta varias e importantes ventajas. Por un lado, permite que la investigación se encause hacia los jefes de las organizaciones criminales, que son en definitiva los que manejan las grandes sumas de dinero, lo que no suele ocurrir cuando se incauta droga, pues estos tiene la precaución de estar normalmente alejados física y orgánicamente de las drogas. Por otro, la investigación cuenta desde el primer momento que se establece la ilegalidad de las operaciones bancarias, con documentación probatoria, lo que facilita seguir las diferentes redes, así como obtener condenas por los delitos. Por último, permite la incautación de importantes recursos monetarios o materiales (adquiridos con esos recursos), privando a las organizaciones criminales de uno de los principales elementos que permite su existencia. Es decir, perseguir el crimen organizado a través de la ruta del dinero es altamente ventajoso, apunta a los líderes, entrega pruebas y priva de recurso a la organización criminal.
Y si esto es así, y la derecha lo sabe, ¿por qué entonces se niega al levantamiento del secreto bancario? ¿Para proteger al narcotráfico? No es descartable en alguno que otro caso; pero claramente no parece ser el objetivo más buscado.
Oficialmente la derecha dice defender la “intimidad” de las personas. Y de ahí lo expresado por Javier Macaya sobre la materia: “No queremos que un funcionario público, nombrado por el Gobierno de turno pueda saber la compra que tú hiciste en el supermercado”. Pero dicha argumentación es desde toda perspectiva absolutamente ridícula. Desde luego porque en la cartola del banco aparece el total de lo pagado, y no lo que compraste. Pero además, porque nadie ha propuesto una cosa similar, sino por el contrario. Se trata de que funcionarios especializados, con antecedentes serios para ello y los debidos resguardos, puedan acceder a la información bancaria de determinadas personas, quienes además podrán recurrir a los tribunales para oponerse a ello. Por lo demás, el argumento de la protección de la intimidad se desploma cuando de empresas se trata. ¿O alguien cree que las empresas también tienen intimidad que defender? Y sin embargo la derecha tampoco está disponible para levantar el secreto bancario respecto de las empresas.
Y si no se trata de defender el narcotráfico, ni tampoco la intimidad, pero la derecha se opone de manera tenaz y obstinada al alzamiento del secreto bancario ¿qué está verdaderamente detrás? No se necesita ser muy perspicaz para descubrirlo. El verdadero temor es que el levantamiento del secreto bancario aumenta considerablemente las posibilidades de descubrir los casos de recepción de dineros provenientes de la corrupción, así como los de evasión y elusión tributaria. Y en estas materias la derecha tiene el tejado de vidrio, y también lo sabe.
La experiencia nos muestra que los dineros provenientes de los grandes casos de corrupción se mueven y blanquean a través de la banca. Bastaría recordar que Torrealba, el corrupto exalcalde de Vitacura tenía una cuenta en el Banco Chile con cientos de millones, monto acumulado mayoritariamente a partir de depósitos en dinero efectivo; que el llamado “Pacogate”, el más grande fraude al fisco, por más de 35.000 millones se descubrió por movimientos bancarios irregulares en los Bancos del Estado y Banco Falabella, que en el caso Corpesca, la empresa que realizó pagos a políticos a cambio de influencias y favores en la legislación pesquera los canalizó a través de cuentas bancarias y transacciones financieras. Y así podríamos recordar decenas de otros casos, incluyendo por cierto el del dictador Augusto Pinochet, alias Daniel López, alias Juan Manuel Riesco, alias José Ramón Ugarte, que fue descubierto en una investigación del Banco Riggs, y otros más detectados
Por otro lado, la elusión y evasión tributaria en nuestro país resulta a todas luces brutal. Recientemente, en diciembre de 2023, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, entregó al Ministerio de Hacienda un informe elaborado junto al equipo técnico del servicio que revelaba que el incumplimiento tributario en materia de IVA es aproximadamente de un 18,4%, lo que es equivalente al 1,8 del PIB y el incumplimiento empresarial es del 51,4% aproximadamente, lo que añade un 4,7 del PIB. Es decir, estamos ante un incumplimiento tributario del 6,5% del valor total de todos los bienes y servicios finales producidos por nuestro país.
Y eso es lo que defiende la derecha. Que sus funcionarios corruptos no sean descubiertos y que los grandes millonarios, dentro de los cuales con frecuencia están ellos mismos, sigan sin pagar impuestos.
