El ex ministro y dirigente del Partido Comunista, sostuvo que “todo el quehacer de la derecha, está puesto en un despliegue sistemático de acciones orientadas a inhibir que el Gobierno aborde los principales problemas de la ciudadanía”. Indicó que las acusaciones constitucionales contra ministros “obliga al Gobierno a desviar atención de problemas reales como la delincuencia, la salud, las pensiones, las políticas sociales que aborden la crisis económica”. El también ex convencional opinó que “hubo una exacerbación de la Corte Suprema” ante la declaración del Presidente Gabriel Boric sobre el indultado Jorge Mateluna. Sobre los embrollos y áreas grises en la designación del Fiscal Nacional, expresó que todo eso “deteriora aún más la credibilidad institucional y del Senado”.
Hugo Guzmán. Periodista. Santiago. 07/01/2023. ¿Cuál es tu mirada de todo este enredado proceso para designar al nuevo Fiscal Nacional?
Creo que las frustradas votaciones que hubo en el Senado para la designación del Fiscal Nacional, son un componente más del obstruccionismo que está generando la derecha de manera sistemática, hacia el Gobierno, para que no pueda cumplir con las principales preocupaciones ciudadanas. El no haber designado al Fiscal Nacional a partir de las cortapisas en el Congreso, daña e impacta negativamente en la ciudadanía.
No sólo eso, sino que ahora la derecha estaría logrando meter de Fiscal a uno de los suyos.
Lo que pasa es que la derecha está en una política de ofensiva, en el sentido de desplegar una política orientada a que el Gobierno no cumpla con sus objetivos, por ejemplo, en cuanto a las urgencias sociales, entonces mete estos temas que pueden distraer y tensionar. Eso tiene un doble impacto. Por un lado, hay una agenda ofensiva por parte de la derecha, que es altamente indiferente a las urgencias sociales, de manera de hacerle pagar un costo al Gobierno, y de otro lado, deteriora la percepción de la ciudadanía respecto del ejercicio de la política en el Congreso.
Desde el punto de vista ciudadano, la imagen es de una politiquería que no alcanza a resolver los problemas sociales, se transmite y se proyecta una idea de que en el Congreso se resuelve en función de intereses propios y particulares y no en cuanto a intereses sociales y colectivos.
Ante los ojos de la ciudadanía todo este proceso de designación del Fiscal aparece gris, enredado, como un juego de intereses de personas y grupos políticos. Y estamos hablando del Fiscal Nacional.
Me parece que la ciudadanía lee y codifica el daño que todo esto provoca. Porque la señal que se está dando hacia la sociedad, es que en un tema tan sensible como es la función del Fiscal Nacional y el combate a la delincuencia, el sistema político no es capaz de ponerse de acuerdo. Se deteriora aún más la credibilidad institucional, en este caso, del Congreso y del Senado.
A mitad de semana se conoció la última encuesta CEP. Aparece muy mal evaluado el Presidente, se destacan alcaldes de derecha muy bien posicionados, y los temas del país, un 60% queriendo soluciones urgentes en delincuencia, porcentajes mayoritarios planteando como necesidades prioritarias la salud, las pensiones…
Las encuestas, en general, siempre cuentan con un sesgo propio de quien las realiza. Pero también, así como tiene sesgo, van consignando ciertas tendencias. En mi opinión, hay datos que se pasan por alto, y son relevantes. Los grandes medios de comunicación sólo relevan un incremento de la derecha, o la pérdida de valoración que tiene el Gobierno a propósito de dificultades que ha experimentado, sin embargo, pasan por alto otros datos que marcan tendencias evidentes y sistemáticas en el tiempo. Un elemento es la crisis del sistema político y que arrojan las encuestas CEP y que es consistente con lo que señalo respecto de cómo el Congreso, haciendo prevalecer intereses fragmentados, deslegitima el ejercicio de la política.
Hay un dato que no es relevado, pero que tiene que ser visto con detenimiento y tiene que fortalecer el quehacer del Gobierno, y es sobre el sistema de pensiones. La encuesta señala que un 33% de las personas está de acuerdo en que en el sistema de pensiones sólo operen entidades públicas, el Estado en este caso. Un 60% estaría porque sea un modelo mixto, que es básicamente lo que el Gobierno presentó como reforma de pensiones, la cohabitación entre entidades públicas y privadas, que es el estándar internacional. Sólo entre un 7 y un 8 por ciento, cree que los operadores del sistema deben ser sólo privados. Ese es un dato de la encuesta que ha sido subrelevado, que no ha sido difundido, y que es neurálgico, toda vez que muestra con evidencia que el Gobierno está impulsando una reforma de pensiones que es correcta, que tiene apoyo, en una trayectoria de restituir la seguridad social, y que es consistente con la percepción ciudadana. Son datos que se deben leer con detenimiento porque va confirmando la asertividad de las políticas públicas que el Gobierno está impulsando en materia de sus principales reformas, y no son relevadas en términos comunicacionales.
¿Y qué decir de la mala evaluación del Presidente Gabriel Boric y el posicionamiento de personeros de derecha?
Son los efectos regresivos de la derrota del 4 de septiembre. Eso le permitió a la derecha, entre otras cosas, una ofensiva comunicacional, una ofensiva en materias de contenidos que le permitió ir construyendo una nueva gramática y nuevos contenidos discursivos, que tienen su efecto.
Ciertamente que el Gobierno ha tenido un reimpulso en materia de iniciativas legislativas y está tomando medidas y acciones que están ubicadas en las principales preocupaciones sociales. Acaba de anunciar un plan de apoyo social que duplica el aporte familiar permanente, conocido como el Bono Marzo, crea una bolsa de transferencia monetaria que es el “Bolsillo electrónico”, aumenta el subsidio único familiar que llega a las familias con niñas, niños y adolescentes, y aumenta la asignación familiar. Eso hay que valorarlo, porque tiene que ver con que se está abordando el deterioro de la calidad de la vida a propósito del alza del costo de la vida. Lo razonable es entender esa ayuda. Mientras los efectos de la crisis económica no amainen, nos disminuyan, y se mantengan, será una fuente de insatisfacción y de mala valoración probable del Gobierno. Entonces, las medidas que el Gobierno vaya adoptando de manera dinámica, son claves a efecto de ir recobrando la confianza en las capacidades gubernamentales.
Desde la Corte Suprema “se exacerbó de manera indebida y peligrosa” lo dicho por el Presidente
Pero también se aparecen episodios como los indultos, se habla de errores, de equivocación en el sentido de oportunidad, se instala una dimensión respecto de esos hechos.
Yo creo que está absolutamente sobredimensionado. La facultad de indultar es del Presidente de la República, es una institución de larga data en el país. Las acciones que tomó el Presidente, y que le confiere la Constitución, fueron correctas en este caso.
¿No compartes que no fue en el momento indicado, se estaba desarrollando la mesa de seguridad?
No, no lo comparto. Nunca es el momento indicado para nada…o siempre es el momento indicado para todo. En este caso el Presidente Boric cumplió con un compromiso que tuvo como propósito generar una mejor convivencia en el país, cumplió con el propósito de proporcionar lo que se denomina paz social, no se sostiene que un número importante de personas sigan en prisión producto de un revanchismo pos estallido social. Me parece que fue correcto desde el punto de vista de la estabilidad del país.
¿Crees que hubo una confrontación con la Corte Suprema a partir de los dichos del mandatario sobre la condena de Jorge Mateluna?
No, yo creo que hubo una exacerbación de la Corte Suprema. No hubo contienda de poderes, hubo un juicio político por parte del Presidente, que uno podrá compartir o no compartir, pero es un juicio. En ningún caso se puso en cuestionamiento las atribuciones de un poder del Estado, creo que se exacerbó de manera indebida y de manera peligrosa o que dijo el Presidente, la Corte Suprema le dio una connotación exacerbada.
“La derecha está en un despliegue de acciones orientadas a impedir que el Gobierno aborde problemas de la ciudadanía”
Estamos en días que hay dos acusaciones constitucionales contra ministros y se llegó a querer promover una acusación constitucional contra el Presidente de la República.
Creo que todo es parte de la ofensiva que está desplegando la derecha. De partida, no hay ningún mérito para las acusaciones en contra del ministro (Giorgio) Jackson, ni la ministra (Marcela) Ríos, mucho menos para ir en contra del Presidente de la República, que hizo una acción en ejercicio de sus facultades.
Lo complejo de esto, es que obliga al Gobierno a desviar atención de problemas reales como la delincuencia, la salud, las pensiones, las políticas sociales que aborden la crisis económica. Ese es un propósito de esta conducta obstruccionista de la derecha, que busca empañar el ejercicio del Gobierno.
¿Algo como reconvertir o desviar la agenda, imponer una agenda que saca al Gobierno de las prioridades sociales?
Todo el quehacer de la derecha, de la mayoría de los parlamentarios de derecha, de la gente del mundo de la derecha, está puesto en un despliegue sistemático de acciones orientadas a impedir e inhibir que el Gobierno aborde los principales problemas de la ciudadanía. La derecha está obstruyendo preocupación del Gobierno por temas ciudadanos. Entre ellos, y creo que es una cuestión de urgencia social, los problemas propios de la delincuencia, del crimen organizado. Por ejemplo, no se sostiene que la derecha se mantenga al margen de un acuerdo que claramente es necesario para Chile, no se sostiene que se hayan ido de una mesa de seguridad, que es necesaria para todo Chile, simplemente porque discreparon con el Presidente.
Continúa el proceso constitucional. ¿El Partido Comunista está buscando nombres para la Comisión de Expertos, para el Consejo Constitucional?
Sí, estamos activamente abordando cuáles serán los elementos centrales de nuestro esfuerzo en materia del proceso constituyente. Estamos participando activamente de este proceso, nos parece que mantener en alto la idea de un cambio constitucional es necesario, y que permita reemplazar el Estado subsidiario por un Estado social, democrático y de derechos, lo que sería un avance de magnitud para el país. En ese sentido, estamos trabajando en definir los nombres que mejor representen nuestras ideas, sobre todo en las regiones donde habrá que competir por el Consejo Constitucional, y para el grupo de expertos.
¿Esos nombres incluirán gente que no es militante comunista?
En la política electoral del Partido Comunista no sería primera vez que postulamos personas independientes. No podría adelantar nombres, porque esto es parte del ejercicio democrático que se hace al interior del partido para buscar las mejores personas que nos representen.
¿No puedes dar nombres?
Aún no.
En el Senado ya avanzó el proyecto de reforma para el proceso constitucional, ahora estará en la Cámara Baja, ¿cómo estás viendo el proceso en esta coyuntura?
La continuidad del proceso constituyente debe convocarnos a redoblar o triplicar los esfuerzos en materia social, de participación, de definir contenidos que permitan cristalizar un cambio constitucional y que redefinan el pacto social y económico. Es importante que este ejercicio no sea de manera desvinculada de las organizaciones sociales y, en general, del pueblo de Chile. En el acuerdo que se suscribió está garantizada la participación social a través de las universidades públicas, ese es un mecanismo, pero lo importante es que haya un esfuerzo organizado del mundo social que permita ir acompañando este proceso e ir instalando ideas que sean representativas de las expectativas sociales.
Quizá, al final de cuentas, la mayor preocupación que hay es la situación económica y su impacto en las familias. Subió el precio de la canasta familiar, sube la inflación, aumenta la UF, los precios suben, los salarios reales bajan, ¿cómo pararse frente a esto desde el oficialismo?
Bueno, creo que las medidas aplicadas por el Gobierno en ayuda económica hacia las familias están bien direccionadas, están bien direccionadas, son un buen apoyo. Lo que hay que cautelar es que el impacto de la crisis económica no lo paguen ni los trabajadores, ni las familias. La CUT (Central Unitaria de Trabajadores), lanzó quince medidas que son correctas desde el punto de vista de la protección de las trabajadoras y los trabajadores y sus familias. Un desafío del 2023 de marca mayor para el Gobierno, es construir un diálogo con las organizaciones sociales que permita sostener en términos de legitimidad ciudadana los procesos legislativos y de transformaciones que el país necesita y a los que está abocado. Particularmente reforma de pensiones, reforma tributaria, sistema de cuidados, aumento del salario mínimo, etcétera. Es decir, lograr que los cambios que el país tiene que experimentar, sean altamente legitimados en términos sociales y eso requiere de un diálogo estrecho y de un accionar idelamente mancomunado entre la institucionalidad y el movimiento social.
A raíz del estado de salud del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, salieron notas y especulaciones sobre cambios y movimientos en la dirección de la colectividad. ¿Fue de mal gusto, desubicado, respondería a algo concreto?
Es de mal gusto y es desubicado. Pero creo que responde al interés de grandes medios de comunicación y sectores políticos de querer instalar cuñas al interior del Partido Comunista. El compañero Guillermo Teillier estuvo muy enfermo, se está recuperando, y se está recuperando bien, él es el presidente del partido, y los mecanismos de deliberación para efectos de las autoridades unipersonales al interior del partido están debidamente resguardados, y en las formas de democracia interna que tiene el partido. Cualquier discusión que se dé por los medios de prensa, pasando por alto eso, es una discusión indebida.