Un agente del Estado puede disparar primero y después es absuelto. Esa es la obscenidad profunda de este fallo -que absolvió al oficial que dejó ciego a Gustavo Gatica- y del orden que lo sostiene.
Esteban Navarro Saldundo. Santiago. 14/1/2026. La absolución del excarabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica no es un error judicial ni una anomalía del sistema. Es una confirmación brutal: en Chile, la justicia no es ciega. Mira, discrimina y protege. Y casi siempre lo hace del mismo lado del poder.
Durante el estallido social, Gustavo Gatica fue cegado por disparos directos al rostro. No fue un “exceso”, no fue un accidente ni una desgracia fortuita. Fue parte de una práctica sistemática de represión estatal, ejecutada por una policía entrenada para castigar cuando el pueblo desborda los márgenes de lo tolerable. El fallo absolutorio no desmiente los hechos: los legitima. Les otorga cobertura institucional y los transforma en precedente.
Lamentablemente, este desenlace no sorprende. El Estado capitalista no es un árbitro neutral entre clases en pugna; es un instrumento de dominación al servicio del orden existente. Sus instituciones -tribunales, fiscalías, policías- no están diseñadas para garantizar justicia universal, sino para asegurar la reproducción del poder económico, político y social de las élites. Cuando ese orden es cuestionado, la violencia se legaliza y la impunidad se convierte en norma.
El Poder Judicial chileno vuelve a exhibir su carácter de clase. Persigue con celo al poblador, al joven que protesta, al migrante, al militante incómodo. Pero cuando el acusado es un agente armado del Estado, el estándar se diluye. La prueba se relativiza, la duda razonable se estira hasta el absurdo y la víctima es despojada de su condición de sujeto político. Gustavo Gatica deja de ser un ciudadano con derechos para convertirse en un daño colateral administrable.
Este mismo patrón se expresa con nitidez en el lawfare desplegado contra Daniel Jadue. A diferencia de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, Jadue ha sido sometido a una persecución judicial sostenida, mediática y políticamente orientada. No se trata de justicia: se trata de disciplinamiento. El mensaje es claro y coherente con el fallo de hoy: quienes desafían estructuralmente el modelo serán castigados; quienes lo defienden con violencia, protegidos.
Las policías, por su parte, no son instituciones “desviadas” ni meramente reformables. Son cuerpos históricos de control social, creados para resguardar la propiedad y reprimir el conflicto popular. Desde las huelgas obreras del siglo XX hasta el estallido de 2019, su función ha sido la misma. Claudio Crespo no actuó solo ni por cuenta propia: actuó como engranaje de una cadena de mando, de una cultura institucional y de una decisión política.
En este marco, la Ley Naín-Retamal, aprobada con el respaldo del gobierno de Gabriel Boric, aparece como un punto de inflexión grave. Bajo el discurso de “proteger a las policías”, se amplió el margen de uso de la fuerza, se debilitó el control civil y se fortaleció la impunidad. Esta ley no es neutra: inclina la balanza a favor de los aparatos represivos y en contra de las víctimas. El fallo que hoy indigna a un país no puede separarse de ese marco legal y político que lo hizo posible.
La absolución de Crespo es, entonces, una advertencia colectiva: el Estado puede mutilarte, juzgarse a sí mismo y salir limpio. Puede disparar primero y absolver después. Esa es la obscenidad profunda de este fallo y del orden que lo sostiene.
Pero la historia no se clausura en los tribunales. La justicia burguesa puede absolver culpables, pero no puede borrar la memoria ni sofocar la conciencia popular. Gustavo Gatica sigue siendo un símbolo incómodo, no por su tragedia individual, sino porque recuerda que la democracia chilena se ha sostenido -y se sigue sosteniendo- sobre cuerpos reprimidos, derechos negados y verdades encubiertas.
Frente a esta justicia de clase no cabe la resignación. Cabe la organización, la denuncia y la lucha por una transformación profunda de las estructuras del Estado. Porque mientras las instituciones sigan al servicio de este poder, la injusticia no será la excepción: será la regla.