Así lo señaló el ex Comisionado Experto, Flavio Quezada, quien apuntó que “nuestro país vive hace varios años una crisis en la cual la ciudadanía se siente lejana a las instituciones democráticas” y específicamente indicó que “tanto el conocimiento experto como el debate político que hemos dado como sociedad han concluido en la necesidad de reformar el sistema judicial”. Planteó que “se debe considerar también que en un Estado democrático todo poder público y su función jurisdiccional debe tener legitimidad democrática, debe ser reconducido al poder popular, al poder del pueblo”. El también doctor en Derecho, académico e investigador de la Universidad de Tarapacá, expresó que los últimos casos de tráfico de influencias en el Poder Judicial “son inaceptables” y señaló que “fui partidario en la propuesta constitucional del 2022 de la existencia de un Consejo para la Magistratura como existe en otros países”. Enfatizó que un problema actual es que se nombran autoridades del Poder Judicial por razones que “son oscuras, son opacas, no sabemos qué se está ofreciendo por un lado o por otro” y por eso “estamos hablando de una reforma importante, urgente, que debe abordarse pronto”.
Úrsula Fuentes Rivera. Periodista. “El Siglo”. 21/6/2024. En el último tiempo ha salido a la luz pública una sucesión de audios, versiones e indagatorias por presuntas presiones y/o tráfico de influencias en el nombramiento de jueces, fiscales y notarios. Ante esta situación ¿se puede afirmar que en nuestro país se han perdido los valores de la independencia del Poder Judicial?
Es importante tener presente que según los rankings internacionales el sistema judicial chileno tiene altos estándares de independencia y probidad, figura con buenos índices de Estado de Derecho. No obstante aquello, es evidente que hay falencias y espacios opacos. Hay problemas institucionales que es necesario abordar y con urgencia. Tanto el conocimiento experto como el debate político que hemos dado como sociedad han concluido en la necesidad de reformar el sistema judicial para asignar cargos de este tipo.
En ese sentido, la propuesta de la Convención Constitucional de 2022 planteaba una profunda reforma en esta materia y la propuesta del Consejo Constitucional de 2023 también, aunque en menor grado. Hoy en día vemos que han surgido desde el Congreso y desde la academia distintas propuestas para reformar. Todas son distintas, con distintos alcances, pero todas confluyen en la necesidad de cambios profundos en la forma, procedimiento e instituciones que participan en el nombramiento de los jueces en Chile.
En lo personal, soy partidario de crear un órgano que sea autónomo constitucionalmente y que tenga la facultad de participar protagónicamente en el nombramiento de los jueces. Por ello fui partidario en la propuesta constitucional del 2022 de la existencia de un Consejo para la Magistratura como existe en otros países. Ante una eventual reforma sería correcto ir por la dirección de crear un consejo de ese tipo, aunque probablemente con menos atribuciones que las planteadas por la Convención Constitucional de 2022.
¿Cuáles serían esos espacios opacos que habría que corregir para el buen funcionamiento del sistema de nombramientos en el Poder Judicial?
Hemos visto a través de reportajes de investigación que han revelado casos de tráficos de influencias o influencias indebidas de ciertas personas en nombramientos de jueces o de otros cargos, que se dan espacios para negociaciones y para influencias ajenas a los intereses públicos que debieran ser decisivos en esta materia. Esos son los espacios opacos y lo mejor para reducirlos es precisamente la luz que da la transparencia.
Es necesario que la reforma que se impulse transparente todo tipo de consideraciones relevantes a la hora de nombrar jueces y que equilibren tres factores. En primer lugar, es importante asegurar los más altos estándares de cualificación técnica y profesional de quienes desarrollan la labor jurisdiccional. También es importante considerar que el campo jurídico no es algo ajeno a la sociedad, pues quienes nos dedicamos a estudiar el derecho y a practicarlo no somos de otro planeta, vivimos en la misma sociedad que viven todos los demás, por lo tanto, la diversidad que existe en la sociedad chilena se expresa también en el campo jurídico, aunque sea de otro modo y por ello es que existen distintas concepciones sobre qué es el derecho y se plantean soluciones distintas a un problema jurídico. Se debe considerar también que en un Estado democrático todo poder público y su función jurisdiccional debe tener legitimidad democrática, debe ser reconducido al poder popular, al poder del pueblo.
Por lo tanto, es necesario que a la hora de nombrar jueces participen también órganos políticos que tienen legitimidad democrática para adoptar la decisión de quién va a desempeñar estas tareas. Por ejemplo, no podrían nombrarse jueces a través de una licitación que dirijan las Facultades de Derecho, porque no gozan de la legitimidad democrática, a diferencia del Congreso y del Presidente de la República, que sí fueron elegidos democráticamente, de manera directa, más allá de las críticas que tengamos.
¿El Senado debería seguir teniendo la potestad de ratificar designaciones? ¿De ser así, estas ratificaciones para ser menos perniciosas deberían ser aprobadas por mayoría y no por dos tercios, como sucede actualmente cuando el Senado ratifica los nombramientos del Poder Judicial?
El modelo tal y como lo tenemos hoy equilibra la necesidad de participación de los distintos poderes del Estado en la conformación de los órganos superiores del Poder Judicial. Para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema participan el Senado, el Presidente de la República y la propia Corte Suprema. En principio y en teoría, están participando todos los poderes, se están haciendo pesos y contrapesos entre ellos, evaluando y analizando antecedentes y currículum. Sin embargo, también es necesario que exista un mayor escrutinio público y una mayor transparencia sobre cuáles son las razones por las que un juez es nombrado en un cargo. En ese sentido puede ser valioso que exista un quórum alto e importante en órganos políticos como el Senado, para así exigir un alto estándar de escrutinio.
¿Dada la contingencia, es apremiante reformar el sistema de nombramiento de jueces?
Si bien es urgente reformar el método para nominar cargos en el Poder Judicial, esto debe hacerse de forma bien ponderada y sopesada, y ojalá con los actores políticos a la altura de la relevancia que implica, porque tal como está el sistema político en la actualidad, dudo que sean esos los términos, aunque ojalá lo sean. Estamos hablando de una reforma importante, urgente, que debe abordarse pronto, pero de forma muy seria, escuchando a quienes han trabajado a fondo estos temas y conociendo también la opinión de los propios jueces. Es importante tener presente que la Asociación de Magistrados tiene postura ante estas materias y ellos mismos han señalado la necesidad de impulsar mejoras al sistema. La propia Corte Suprema en su momento, cuando Chile estaba en las discusiones constitucionales propuso una vía no muy distinta a la propuesta por la Convención Constitucional en 2022, de un Consejo para la Magistratura.
Las Fiscalías, también son cuestionadas por estar influidas por dinámicas políticas. En ese sentido, ¿se puede decir que tanto el Ministerio Público, las Cortes, las Fiscalías, han pasado a ser parte de la cancha de la lucha política actual?
Es indudable que los poderes políticos deben participar en estas nominaciones y es evidente que es imposible extraer la política de estas decisiones. El problema que tenemos hoy es que razones importantes por las cuales se nombran personas en estas funciones son oscuras, son opacas, no sabemos qué se está ofreciendo por un lado o por otro. Por eso es importante que estas razones siempre sean públicas, que los ciudadanos podamos conocerlas, que sus argumentos sean puestos al escrutinio público, que los medios de comunicación puedan tener esos antecedentes y no sean ocultos.
¿Cuál es su opinión respecto de los cuestionamientos que hubo por el aplazamiento de la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; por la liberación del general (r) del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, y por la prisión preventiva del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue?
Si uno lee la literatura especializada, hay un problema con la utilización de las medidas precautorias, en concreto con la prisión preventiva, lo que se explica por varios factores, entre ellos, por problemas de política legislativa, la cual no ha sido la más prolija en esta materia, abriendo márgenes de discrecionalidad a los jueces, pues los pone en una situación compleja, porque evidentemente debe ser difícil para un juez saber cómo resolver. Pero esto se ha ido reduciendo con todo el discurso punitivista. En la concepción propia de una democracia la prisión preventiva es algo excepcional, no puede ser un castigo anticipado porque precisamente para eso existe el proceso, pues ahí se demuestre si la persona es culpable o no, y se entregan todas las pruebas y antecedentes. No se puede usar la prisión preventiva como una pena anticipada y lo digo no sólo respecto de los casos mencionados, sino que en general.
La semana pasada el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por el presunto tráfico de influencias que habría ejercido el exjuez Juan Poblete al pedir apoyo al exministro de Sebastián Piñera, Mario Desbordes, para el nombramiento de la jueza María Teresa Letelier como ministra de la Corte Suprema. El INDH buscaría con esta acción judicial asegurar imparcialidad de los jueces que ven casos de derechos humanos, como el del del soldado conscripto Franco Rojas, quien falleció en Putre mientras realizaba el Servicio Militar. Esto porque, según audios revelados por el medio de comunicación CIPER, la magistrada Letelier tendría “cercanía y posible amistad” con el exjuez Juan Poblete, quien ha demostrado “un espíritu castrense” y porque ella forma parte de la Segunda Sala de la Corte Suprema, la cual deberá decidir si la investigación de esta causa quedará en manos de la justicia civil o de la justicia militar. ¿Qué opina sobre esta situación?
Evidentemente el caso del conscripto Franco Rojas debe ser visto por la justicia civil. Chile ya ha sido condenado en instancias internacionales por la amplitud de la competencia de los juzgados militares y en este caso particular estamos hablando de una situación en la que están involucrados, o podrían ser constitutivos, antecedentes de violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, la competencia es de los jueces civiles.
Respecto de la querella interpuesta por el INDH, entiendo su estrategia judicial, que desde un punto de vista estrictamente jurídico podría parecer razonable, pero creo que a la hora de adoptar esa decisión no se consideró el contexto político en el que estamos y que es algo que también influye en este tipo de asuntos. Lamentablemente esto pone al INDH en una situación bien complicada dado el contexto actual, en el que necesitamos un INDH robusto, fortalecido, porque vemos como crecen aquellos discursos contrarios a los derechos humanos tanto en Chile como en el extranjero y lo hemos visto a propósito del resurgimiento y fortalecimiento de la extrema derecha. Por ello esperaría que en futuras decisiones no sólo consideren la estrategia jurídica, sino que tengan una visión más amplia en el ejercicio de sus atribuciones.
Según información revelada en los audios del Caso Hermosilla, el marido de la ministra y exvocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habría ofrecido al Fiscal Regional de Aysén pagarle un doctorado e instalarlo en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, si declinaba en postular al cargo de Fiscal Nacional, puesto que finalmente ocupó el fiscal Ángel Valencia. ¿Cómo califica usted estos antecedentes?
Es inaceptable, porque cuando alguien se postula a un cargo y se tiene que decidir si va a ser o no Fiscal Nacional, si va a ser o no juez, o si va a ser ministro de fe como lo son los notarios, las razones de su elección deben ser sus antecedentes curriculares, su visión sobre el derecho y la forma cómo entiende que va a ser la función, y que todo esto lo debatamos y lo sepamos públicamente, no que alguien le ofrezca algo a cambio de que haga tal o cual cosa, ni que se hagan estas conversaciones privadas de las que nos enteramos afortunadamente porque existen buenos periodistas. Hay otros actores políticos que también tiene una visión inaceptable, al decir que esto siempre se ha sido así, pero eso no excusa que sea inaceptable en una democracia, menos en las decisiones que se tomen entorno a quien va a ser el Fiscal Nacional. Todas las consideraciones para determinar quién ocupará esos cargos deben ser escrutadas públicamente y quien esté dispuesto a que se le indague de esta manera podrá ejercer aquellos cargos.
¿Podemos decir que el Poder Judicial y el Ministerio Público se encuentran en una crisis institucional, de falta de credibilidad y confianza de parte de la ciudadanía?
Así es, de acuerdo con lo que dicen las encuestas y los estudios de opinión más serios en esta materia. Pero me permito matizarlo, dado que es importante tener presente que Chile tiene buenos índices de Estado de Derecho. Su independencia judicial e imparcialidad son consideraciones importantes a la hora de tener estos estándares en comparación a otros países del mundo.
Sin perjuicio de eso, nuestro país vive hace varios años una crisis en la cual la ciudadanía se siente lejana a las instituciones democráticas, entre ellas al Poder Judicial y los demás actores del sistema procesal. Y creo que eso es una expresión de una crisis mayor no resuelta, vinculada a los problemas que presenta el sistema político chileno. No debemos olvidar que aquí se ha tendido un poco a reducir la problemática del sistema político a cuántos partidos deben haber en el Congreso y a que porcentaje tiene que cumplir un partido para estar representado en el Parlamento, pero el sistema político es mucho más amplio, dado que está compuesto por el Congreso y su relación con el Presidente de la República, pero también está compuesto por el poder judicial, el cual cumple un rol en el sistema político, al poder remover autoridades en ciertos casos y, a la inversa, el Congreso nacional también puede remover jueces, porque es la manera de equilibrar en democracia los poderes del Estado unos con otros.
Los medios de comunicación también son elementos importantes dentro del sistema político. Por lo tanto, hay un problema sistémico que se expresa en las dificultades que vemos en el Congreso y en lo que vemos ahora, con un poder judicial que está muy cuestionado por los recientes escándalos de tráfico de influencias que hemos conocido. Hablar de sistema político y de cambios de esta naturaleza no es muy distinto a hablar de cambios constitucionales. Quizás la vía será otra, pero sin duda esto involucra cambios constitucionales y como todo esto es sistémico, debe pensarse sistémicamente.