No es lo mismo ser propietario de un fondo de doscientos mil millones de pesos que todos los meses se mueven en la Bolsa generando nuevos y cada vez más lucrativos negocios y que se distribuyen por el retail, la energía y otros, que de veinte millones de pesos o, incluso, como en el caso de muchos trabajadores, apenas cinco o diez millones administrados por alguna AFP.
Hernán González. Profesor. Valparaíso. 6/8/2024. Por estos días salió a la luz pública que la Asociación de AFP ha hecho circular entre los parlamentarios una minuta sobre la reforma del sistema previsional impulsada por el Gobierno, que según el ministro Marcel, excede el debate técnico y se adentra en el de la política.
Sería ingenuo en este sentido suponer que se trata de un problema que se está tratando exclusivamente en el más desprestigiado de los poderes del Estado, el Parlamento. No son tampoco, sólo las AFP las preocupadas del asunto. Se trata de una cuestión que está presente en las discusiones que, en sordina, se dan en todos los casinos de los lugares de trabajo; en todas las reuniones familiares; en los almacenes de los barrios, acumulando una creciente indignación, incluso entre quienes andan repitiendo el eslogan “con mi plata no”.
El sistema previsional actual, las AFP, perjudica a todos los chilenos y chilenas, excepto a sus dueños. La caída de la bolsa de este lunes en los Estados Unidos, la que ha arrastrado alas del resto mundo, hace prever casi con absoluta certeza, la de los multifondos, no así -como siempre ha ocurrido- sus excéntricas ganancias.
En buenas cuentas, el chancho está mal pelado.
Para peor de males, a los aporreados chilenos y chilenas, el cambio climático los pilla en la más absoluta indefensión frente a las catástrofes que sus descomunales efectos producen, como inundaciones, temporales de lluvia y viento ante los cuales debe reaccionar recurriendo a la caridad o la ayuda de vecinos y familiares, dada la ausencia del Estado y la codicia e indiferencia de las empresas privadas que no se responsabilizan por los pésimos servicios que entregan ni por los derechos de los usuarios, a los que no ve como seres humanos sino como consumidores de los cuales abusar a diestra y siniestra. Días y semanas sin electricidad o sin agua potable; interrupciones constantes del servicio, el que cuando está disponible es de mala calidad.
En una sociedad en la que la propiedad privada ha sido elevada a la categoría de sacrosanto principio de la convivencia, se trata de problemas de por sí políticos, en tanto que determinan la distribución del poder.Expresión de este poder es la capacidad que la industria de las AFP han tenido -como lo ha sostenido en innumerables ocasiones la ministra del trabajo- la capacidad de detenerla y afectar gravemente los intereses de millones de trabajadores y trabajadoras, de los pensionados futuros y de los actuales.
Ciertamente, no es lo mismo ser propietario de un fondo de doscientos mil millones de pesos que todos los meses se mueven en la Bolsa generando nuevos y cada vez más lucrativos negocios y que se distribuyen por el retail, la energía y otros, que de veinte millones de pesos o, incluso, como en el caso de muchos trabajadores, apenas cinco o diez millones administrados por alguna AFP y que sumados constituyen dicha pantagruélica cifra, digna de Rico Mcpato. La enajenación del trabajo típica del capitalismo, se agrava en este caso entonces por la situación de sometimiento, subordinación y abuso a la que se ve expuesto el trabajador o trabajadora por estas empresas y sus inconfesadas e inconfesables cuotas de control del poder político, como ha quedado en evidencia estos días y que son las que le permiten detener las reformas.
Que las AFP´s, las empresas distribuidoras de energía y agua potable tengan una posición tan reaccionaria y que utilicen todo el poder que las cuotas de concentración de la propiedad les confiere, no tiene nada de raro. Lo raro es que no encuentre una oposición efectiva y la indiferencia y por momentos, el oportunismo con que es tolerada. Eso tanto en el sistema político en el que con gestos grotescos se disimulan con absurdas demostraciones de amistad cívica – incluso por representantes del progresismo y la izquierda- o con un corporativismo que ha copado la práctica y discurso del movimiento social, por el momento.
La derecha, con el oportunismo y agudo sentido de clase que la caracteriza, saca provecho de esta circunstancia para aislar al gobierno; dividir a la izquierda a propósito de diferencias públicas y conocidas; detener las reformas y seguir garantizando las ganancias de los monopolios, las grandes fortunas y las no tan grandes.
Pero tal como se ha repetido en innumerables ocasiones, la paciencia del pueblo tiene un límite y éste límite queda en evidencia cada tanto en estallidos de indignación popular, como los del 2006, el 2011 y el 2019. Es lo que está pasando en la actualidad y depende de los partidos de izquierda; las dirigencias sociales y sindicales; los colectivos de defensa de los derechos humanos, ciudadanos y ciudadanas no seguir estirando el elástico y abrir paso a la construcción de una nueva sociedad que supere la cultura de la codicia, del abuso y la desigualdad.