Tras un exhaustivo y minucioso estudio sobre la cuenta a la Presidencia de la Corte Suprema de Chile -respecto a las actividades 2020- de la Oficina de Coordinación se detectan cifras y plazos alarmantes que tienden a cubrir con impunidad a los victimarios de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos en ese período. Ejemplos elocuentes que grafican el atraso.
José Luis Córdova. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 16/3/2023. Las múltiples causas por violaciones a los derechos humanos corren el riesgo de demorar mucho tiempo antes de que los tribunales dicten sentencias, pese al trabajo de la Oficina de Coordinación de Causas sobre Violaciones a los Derechos Humanos entre septiembre de 1973 a marzo de 1990.
Tras un exhaustivo y minucioso estudio sobre la cuenta a la Presidencia de la Corte Suprema de Chile -respecto a las actividades 2020- de la Oficina de Coordinación se detectan cifras y plazos alarmantes que tienden a cubrir con impunidad a los victimarios de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos en ese período.
Así lo afirmó Luis Caroca, autor de esta investigación, colaborador del desaparecido ex secretario general de la Juventud Socialista de Chile hasta 1973, Carlos Lorca -sobreviviente del Campo de Concentración de Pisagua- quien debió exiliarse y regresó en los años 90 a su Antofagasta natal, y que ahora denuncia el bajo ritmo de tramitación de las causas de derechos humanos por parte de los Ministros de Visita en todo el país.
La información oficial contenida en el informe que suscribe Ricardo Blanco Herrera, ministro Coordinador de las causas de DDHH, denuncia -por ejemplo- que la ministra Marta Pinto, de Punta Arenas, durante 5 años y 60 meses, dictó 108 sentencias y tiene 106 pendientes a un promedio de 30 meses por causa por lo cual necesitaría 3.240 meses o 270 años para culminar su labor.
El tiempo que los ministros de Corte se demoran en todas las causas indica que la impunidad se extiende desde la fecha de inicio de los procesos por ejecutados y detenidos desaparecidos hasta todo el período de las vidas de sus actuales familiares y deudos que claman justicia.
Otro ejemplo: el ministro Mario Carroza, de Santiago, entre marzo de 2014 hasta 31 de diciembre de 2020 dictó 131 sentencias en 6 años y 72 meses. Tiene 281 causas asignadas y 150 pendientes. A un promedio de 1,8 meses por causa, necesitará 272.9 meses, es decir 22 años para concluirlas.
El ministro Jaime Arancibia, de Valparaíso tiene sólo 12 sentencias, 415 en sumario y 20 en plenario con un total de 447 causas. El ministro Alvaro Mesa en Temuco tiene 231 causas, 155 en sumario, 27 en plenario y sólo 40 con sentencias en primera instancia.
Desde enero de 2020, la Oficina de Coordinación de Causas de DDHH, ha recibido, analizado e integrado a sus bases de información un total de 242 oficios de las Cortes de Apelaciones en respuesta a los requerimientos de información; 60 oficios y/o correos electrónicos mensuales y 180 oficios y/o correos semanales sobre causas en tabla.
Recién desde abril de 2020 se implementó un plan de digitalización de las causas, con la finalidad de contar con todos los expedientes de causas de DDHH en formato digital, ello determinó una serie de acciones para capacitar a los funcionarios judiciales, teniendo como foco la concientización y la difusión del conocimiento sobre derechos humanos.
Con todo este cúmulo de información se elaboraron tablas de para registrar, controlar y detectar posibles retrasos o demoras en la tramitación de los recursos, indica el informe. Estas tablas, además de la información recogida de las respuestas de las Cortes, han incorporado datos recogidos desde los registros de los sistemas de tramitación: SITSUP de la Corte Suprema y SITCORTE de las Cortes de Apelaciones; para mantener actualizados los registros de cada recurso en específico.
Otro ejemplo: la ministra Marianela Cifuentes de San Miguel, desde marzo de 2014 al 31 de diciembre de 2020. como ministra en visita, tiene solo 44 sentencias en los 6 años 72 meses transcurridos, de 330 causas asignadas 286 pendientes a un promedio de 1.6 meses por causa Necesitará 467.9 meses, es decir 38.99 años para completar su tarea
Al revisar el avance, de los 141 recursos en actual tramitación, al 31 de diciembre de 2020, sólo tres de ellos se encontraban en trámites previos a decretarse autos en relación. Esto es, en trámites de admisibilidad.
Es destacable que la Excma. Corte tarda sólo 15 días, en promedio, en dictar la resolución que deja los autos en relación. El recurso en que se tardó menos dictar esta resolución fue 4 días y el que tardó más fue 91 días. En cuanto a los días transcurridos entre la fecha de la resolución que decreta los autos en relación y la fecha de designación efectiva del relator, en promedio, la Corte tardó 614 días, según dan cuenta los recursos en tramitación ingresados el 2018.
Otra muestra: el ministro Vicente Hormazábal, del Norte, entre marzo de 2017 a diciembre de 2020 tiene 6 sentencias en 3 años y 36 meses, con 93 causas asignadas y 87 pendientes a un promedio de 6 meses por causa demorará 522 meses o 43 años en tramitarlas totalmente.
En actual tramitación ante la Corte Suprema -al 31 de diciembre de 2020- se encontraban: 25 causas desde el año 2018, 51 causas el 2019 y 65 causas el 20120, en total 141 recursos. Es destacable que la Corte tarda solo 15 días, en promedio, en dictar resolución que deja los autos en relación. El recurso en que se tardó menos dictar esta resolución fue 4 días y en el que tardó más fue 91 días. Actualmente hay 67 recursos en tramitación en las Cortes de Apelaciones.
Desagregando los recursos en que se impugna la sentencia por la vía de apelaciones, casación en la forma y consultas de sentencias definitivas y/o sobreseimientos definitivos, tardan más en designarse relatores, por cuanto estos requieren de estudios que suelen ser voluminosos y contar con varios tomos. Desde que se decretan autos en relación, en este tipo de causas se tarda en promedio 110 días para que se les designe relator.
Claramente la impunidad se refleja en dilaciones, trámites extensos y falta de voluntades para llegar a la verdad y las sentencias condenatorias cuando correspondan.