Manejos de contenidos en la televisión a partir de los casos de irregularidades en convenios de fundaciones con el Estado y debates en torno de los 50 años del golpe de Estado y sus consecuencias.
José Luis Córdova. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 10/7/2023. Como en varias instituciones -públicas y privadas-, la tan mentada “transversalidad” se ha impuesto también en la televisión chilena, por eso, a raíz del escándalo de los irregulares convenios presupuestarios de fundaciones con el Estado, los canales de televisión han acordado enfrentar en conjunto la crisis responsabilizando exclusivamente al actual Gobierno de esta grave situación con ese pretexto.
La transversalidad es una corriente ideológica que renuncia a identificar las ideas en el espectro político basado en la distinción entre izquierda y derecha. Intenta lograr una suerte de contubernio político entre partes contrapuestas para superar algunos contratiempos o adversidades.
En la televisión -expresamente también en TVN, el único canal público del país- algunos contenidos plantean situaciones problemáticas (como el caso de “Democracia Viva” en Antofagasta y otros similares) y se tratan comunicacionalmente de manera uniforme y evidentemente concertada en toda la industria audiovisual. En este caso es una “transversalidad”, sobre todo anti Gobierno y anticomunista, opuesta flagrantemente al pluralismo indispensable para garantizar el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión.
Aparecen entonces voces como las de los colegas José Antonio Neme, Constanza Santa María, Iván Núñez y Matías del Río -entre otros- que mezclan situaciones, proyectan y conjeturan supuestas soluciones a partir del antiguo péndulo planteado por el otrora senador radical, Julio Durán, y su teoría del “péndulo” en que oscilaba la política chilena. Ahora se trataría -por ejemplo- de pedir la renuncia a ministros o amenazar con un nuevo “pacto de silencio” y/o “empate” como el que siguió tras escándalos similares anteriores como del financiamiento ilegal de la política, los casos MOP-Gate, sobresueldos, SQM, Penta, Caval y otros.
Si un medio de comunicación tan importante impone esta suerte de “acuerdo” que provoca y tiende al inmovilismo, es grave que exista una sola voz “transversal” que, entre tantos árboles impidan ver el bosque. Las denuncias concretas, documentadas, tienen que ser investigadas por el Ministerio Público y la televisión debería dedicarse a investigar los casos, develar y tratar de comprobar las irregularidades y/o delitos y no asumirlas como verdades a priori.
Por ejemplo, el caso de un exdirector de la Junaeb, quien afirma que la institución recibió 3.500 millones de pesos por solo 30 raciones de alimentación escolar, no es ético -ni periodístico- darlo como hecho sin averiguar los alcances de una acusación tan grave como insensata. Recibir todas las denuncias es rol de los medios, pero después es necesaria una investigación seria que supere prejuicios, no desate “caza de brujas”, ni juegue con el prestigio y la honra de nadie, ni de ninguna institución, menos pública.
Nuestros colegas televisivos se han atrevido -en aras de la mentada transversalidad- a pedir concretamente la salida de los ministros Georgio Jackson y Carlos Montes, haciéndose eco de afirmaciones categóricas y abusivas de conocidos personajes como la alcaldesa Evelyn Mathei, el senador Manuel José Ossandón, parlamentarios de RN y UDI, junto a personeros del Partido Republicano, entrevistados reiteradamente en informativos y programa “políticos”.
En medio de las denuncias de corrupción, las agrupaciones de defensa de los derechos humanos lograron excluir de la comisión encargada de la conmemoración de los 50 años del golpe a un escritor que intentó relativizar oficialmente la lucha de familiares de detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados, exiliados y otras víctimas de las brutales violaciones a los DDHH desde hace 50 años en Chile.
La televisión chilena tiene testimonios gráficos incuestionables de estos hechos y no podrían condicionarse a las causas que desataron el golpe de Estado que, evidentemente, están en la determinación del Departamento de Estado norteamericano con el entusiasta apoyo de la derecha y el empresariado chileno con sus representaciones políticas que arrastraron a las fuerzas armadas a destruir nuestra democracia.
Son hechos históricos irrefutables que los medios de comunicación y las nuevas generaciones no pueden ocultar ni menos desconocer a nombre de una “transversalidad” hipócrita y mentirosa. El neofascismo, el negacionismo y los Republicanos aplauden estas actitudes, incluso cuando vienen de representantes del llamado “socialismo democrático”, como el senador Fidel Espinoza, hijo de una víctima de la dictadura.
El Museo de la Solidaridad Salvador Allende también es aplaudido por dar tribuna a una artista visual cubana opositora al Gobierno de ese país. Hasta el nieto del Presidente Mártir, Pablo Sepúlveda Allende, denunció lo que llamó “grotesca provocación” en el marco de la conmemoración de los 50 años de la caída de su abuelo en La Moneda. La televisión guarda silencio o se permite incluso acusar de “cancelación” el repudio a esta invitación en aras de la “libertad de expresión”, en el marco de la transversalidad actual.
Si bien el actual Gobierno titubea increíblemente en los contenidos que tendrá honrar la memoria de los caídos en defensa de la democracia, las organizaciones sociales y el pueblo esperan justicia, verdad, reparación, no a la impunidad ni a la repetición. Este debiera ser el mensaje intrínseco de un medio tan trascendente como la televisión chilena. En éste no cabe transversalidad alguna.