La oposición ni siquiera necesitaba la franja electoral -que se inició el viernes 7- porque todos los canales de televisión mantienen desde hace un año una intensa campaña contra el Gobierno.
José Luis Córdova. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 13/4/2023. La oposición ni siquiera necesitaba la franja electoral -que se inició el viernes 7- porque todos los canales de televisión mantienen desde hace un año una intensa campaña contra el Gobierno, al cual responsabiliza de la ofensiva delictual de violencia inusitada en el último tiempo. Los llamados para terminar con el crimen organizado y el narcotráfico -objetivo prácticamente inalcanzable- se confunden y desperfilan con las medidas para proteger a los servicios policiales civiles y uniformados que persiguen las autoridades desde inicios de la actual administración del Estado.
Las extrañas muertes de tres carabineros en 23 días provocaron que los medios de comunicación han magnificado el “fast track” legislativo, es decir la rápida aprobación de una serie de leyes de discutible rigurosidad a favor de las policías -incluyendo la polémica “legítima defensa privilegiada” o “gatillo fácil” -que causó ruido en el oficialismo- y especialistas y defensores de los derechos humanos en Chile y el exterior.
Las dramáticas imágenes del asesinato del cabo Daniel Palma, su posterior velorio y funeral, suscitaron reclamos y protestas de algunos sectores que critican al actual gobierno por la grave situación, responsabilizándolo por el aumento de la delincuencia y la brutalidad de la violencia expresada en el uso flagrante de armas de fuego de dudosa procedencia. El denominado “team Chile” de la ultraderecha encabezada por “Pancho Malo”, protagonizó una manifestación que llegó hasta las puertas del palacio de la Moneda, rodeada de cámaras de la televisión y reporteros gráficos con el propósito de amplificar su impacto publicitario.
Los canales se cebaron en estos días reiterando escenas en que modestos ciudadanos agradecían “espontáneamente” a carabineros por el cumplimiento de su deber mientras vituperaban a las autoridades por su supuesta inacción, pese a que es el gobierno que más recursos y medios de defensa ha entregado a las policías en el primer año de su gestión. El uso y abuso de testimonios llevó hasta la manipulación de viudas y deudos de uniformados caídos en el cumplimiento de su deber a las tribunas del Congreso mientras se votaban las leyes respectivas.
Lectores de noticias, conductores y animadores -sobre todo en matinales de alta sintonía- convocaron a menudo a feroces opositores ultraderechistas: al alcalde Rodolfo Carter, al ex ministro del interior de Piñera, Rodrigo Delgado, a los senadores Manuel José Ossandón, Rojo Edwards y a la ex ministra Karla Rubilar como “expertos” que insistieron en sus demandas de mayor “seguridad”, incluyendo la aplicación del estado de excepción en la región Metropolitana como solución a la delincuencia desatada en nuestras capital.
Ha faltado mesura, equilibrio en los análisis y rigurosidad en la entrega de datos sobre las medidas adoptadas desde los primeros días de gobierno hasta la actual contingencia como si las autoridades no estuvieran preocupadas y ocupadas en frenar las actividades ilícitas de bandas organizadas y el narcotráfico, junto con buscar soluciones para la masiva migración irregular desatada durante gobiernos anteriores, con el recurso de ocupar a las fuerzas armadas en terreno como en la Araucanía o la frontera norte de nuestro país.
El tenso panorama comunicacional tuvo su clímax en la vapuleada intervención de la periodista Paulina de Allende-Salazar al utilizar el término “paco” para referirse al carabinero Palma, expresión popular que surge desde el origen del cuerpo policial en la década de los 30 y que se remonta a la utilización de un timbre que se colocaba a los documentos con los cuales los militares pasaban al servicio de Carabineros con la sigla Personal a Contrata de Orden y Seguridad (PACOS). El uso del popular término fue repudiado por el alto mando que vetó la presencia de la periodista en un punto de prensa de las autoridades uniformadas.
El general Alex Chaván que expulsó a la colega de la 4ª. Comisaría tiene un historial de boicots a la prensa, aunque personificó en este caso con Paulina, eximiendo de responsabilidad al medio en que trabaja. Mientras el Colegio de Periodistas solidarizaba públicamente con la profesional, el canal Mega determinó el despido inmediato de Allende-Salazar, pese a sus disculpas públicas, aduciendo la empresa que Paulina “trasgredió la línea editorial y las Orientaciones Programáticas del medio”. Curioso, por decir lo menos, cuando en el mismo canal se habla del “Pacogate”, al referirse a la corrupción y malversación de fondos de parte de los altos mandos y mientras otros animadores y conductores inducen abiertamente a exigir represión y presencia militar en las calles en una política de manipulación que en busca atemorizar a la ciudadanía, reorientar los análisis y confundir a la teleaudiencia en forma sistemática.
Así las cosas, en medio de la conmoción por el crimen del carabinero se inició la franja con 8 minutos y 43 segundos para el pacto electoral “Chile seguro” que integran la UDI, RN y Evópoli, que se ufana del triunfo del rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre, con un odioso mensaje en que insta a no votar por candidatos del actual gobierno por los crímenes que hay en las calles, asegurando que van a indultar a los criminales. Por su parte el Partido Republicano (en 3 minutos 39 segundos) también reitera su disposición a recurrir a la represión y al uso de las FFAA como métodos para superar la actual situación delictual, mostrando las escenas más duras del estallido social. Lo mismo el pacto “Todo por Chile” de la DC, el PR y el PPD, con un insólito llamado a un “encuentro en el centro (?)”, rememorando a la ex Concertación y al gobierno de Patricio Aylwin.
Por su parte, el oficialismo, representado en los comicios del 7 de mayo por el PC, PS, Frente Amplio y ecologistas verdes (en 10 minutos y 13 segundos) está centrado en valorar la democracia y el diálogo, poniendo el acento en los derechos sociales incorporados a una Constitución “que recoja los anhelos y demandas de las grandes mayorías”.
Caldeados como están los ánimos políticos es poco probable que la actual franja electoral incida con fuerza en las decisiones que democráticamente deberán adoptar los ciudadanos para integrar los 50 miembros del Consejo Constitucional que tendrá la tarea de aprobar o modificar la propuesta de carta magna impuesta por el comité de 24 expertos designados por el Parlamento.
La televisión y otros medios ocultan deliberadamente que este mecanismo acordado en una “cocina” desoye la voluntad ciudadana que en su mayoría exigió la redacción del trascendental documento con la máxima participación, desplazando la representación emanada del poder legislativo y que radique en la genuina voluntad del pueblo.