Francia atraviesa una grave crisis democrática. Los diputados no votaron directamente la ley, todos los sindicatos están en contra de esta ley, no ha habido consulta social, las puertas del Gobierno han permanecido cerradas. Desde hace meses, los sondeos son unánimes y constantes: dos tercios de los franceses no quieren esta reforma, y entre ellos el 90% de los asalariados.
Pierre Cappanera. Corresponsal de l’Humanité en Chile (*). Desde hace cuatro meses, el movimiento sindical unido se moviliza contra la reforma de las pensiones que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años e impone más años de cotización para beneficiarse de una pensión completa.
Tras la duodécima jornada de acción nacional del jueves 13 de abril, en la que se volvieron a haber manifestaciones muy numerosas, el Consejo Constitucional (el Tribunal Constitucional francés) se ha pronunciado. Ha decidido validar la ley del Gobierno de Emmanuel Macron. Peor aún: en esta ley, sólo censuró los pocos elementos positivos. En otras palabras, la ley ya era mala, pero esta vez las tres o cuatro medidas positivas desaparecieron. Al mismo tiempo, el Consejo Constitucional no validó la primera solicitud de plebiscito presentada por la izquierda. Se ha presentado una segunda solicitud y el Consejo se pronunciará el 3 de mayo.
Ya se trate del Consejo Constitucional en Francia, de la Corte Suprema en Estados Unidos o del Tribunal Constitucional en Chile, estas instituciones tienen una cosa en común: ¡son los guardianes del Templo del Dinero!
Francia atraviesa una grave crisis democrática. Los diputados no votaron directamente la ley, todos los sindicatos están en contra de esta ley, no ha habido consulta social, las puertas de Macron y del Gobierno han permanecido cerradas. Desde hace meses, los sondeos son unánimes y constantes: dos tercios de los franceses no quieren esta reforma, y entre ellos el 90% de los asalariados.
El Consejo Constitucional validó la ley el viernes pasado a las 18:00 horas, y por la noche, a las 3:30, el Presidente Macron la promulgó inmediatamente. Tenía los medios constitucionales para encontrar una solución democrática a esta crisis. Podía haber pedido a los diputados una nueva votación o haber convocado un plebiscito por su cuenta. No hizo nada de eso; al contrario, se apresuró a promulgar la ley pocas horas después de su validación.
La indignacion aumenta. Macron juega a ser la señora Thatcher. Thatcher había ganado una larga batalla con los mineros británicos en 1984-1985. Una vez derrotado el movimiento sindical británico, ya no había ninguna barrera para oponerse a la ola ultraliberal que Thatcher desencadenaba sobre Gran Bretaña primero y sobre toda Europa después, con el precioso apoyo de Reagan.
Para Macron, la jubilación es el segundo punto de su programa. El primero fue la reforma del sistema de indemnizacion por desempleo, que consiguió aprobar. Si Macron vuelve a ganar, el siguiente paso será poner en tela de juicio toda la seguridad social, el derecho laboral, y la semana laboral de 35 horas.
Ahora que la ley ha sido promulgada, a Macron le gustaría que se pasara a otra cosa, que se diera por zanjada la cuestión de las pensiones, que se dejara de hablar de ello. No es así como lo entiende el movimiento sindical y la izquierda.
Inmediatamente, todos los sindicatos, todos juntos, declararon que la lucha continuaba. Llamaron a que el Primero de Mayo de 2023 sea un Primero de Mayo histórico, un maremoto popular.
(*)l’Humanité, medio colaborativo con El Siglo.