La masiva movilización sindical y social, el uso de herramientas autoritarias por parte del Gobierno, la opción de un plebiscito para consultar a las francesas y los franceses. Diputados y senadores de izquierda presentaron dos recursos ante el Consejo Constitucional para que se anule la ley del Ejecutivo. El secretario nacional del Partido Comunista de Francia llamó «a los militantes comunistas de las empresas a participar plenamente con sus compañeros en la paralización de la herramienta de trabajo, a participar en todas partes en la manifestación».
Pierre Cappanera. Corresponsal de l’Humanité en Chile (*). 24/3/2023. El pasado jueves 23 de marzo, Francia volvió a ser testigo de multitudinarias manifestaciones contra la reforma del sistema de pensiones propuesta por el Presidente Emmanuel Macron. Nuevamente hubo 3 millones 500 mil manifestantes movilizado en todo el país. ¡Histórico! 800.000 en París, 280.000 en Marsella…Hubo huelgas y bloqueos en toda Francia. Las refinerías de petróleo estuvieron bloqueadas. Muchas gasolineras no tenían una gota de gasolina que ofrecer a los automovilistas. En París y muchas otras grandes ciudades no se recogió la basura. Los sondeos mostraron que más de dos tercios de los franceses están en contra de esta reforma y apoyan el movimiento sindical y social.
La solidaridad internacional se manifestó en la recepción de numerosos mensajes de apoyo de sindicatos de todo el mundo. El secretario nacional del Partido Comunista de Grecia y los dos copresidentes de Die Linke de Alemania estuvieron presentes en la manifestación de París.
El eje central de la reforma de Macron es retrasar dos años la edad de jubilación de hombres y mujeres (de 62 a 64 años), sin ninguna mejora en las pensiones que se pagan por esos dos años de trabajo extra. Los franceses no quieren trabajar gratis dos años más. Esta reforma conduciría a un empobrecimiento generalizado de las pensiones. El objetivo es incitar a los franceses a suscribir planes de pensiones privados de capitalización para hacer frente a este empobrecimiento organizado.
Desde el 7 de marzo, el Gobierno no ha conseguido que los parlamentarios voten su reforma de forma democrática. Ha utilizado todas las posibilidades que ofrece la Constitución de la V República para bloquear el debate parlamentario.
Hay que recordar que la V República nació en 1958, durante la guerra de Argelia (1954-1962), como resultado de un golpe de fuerza civil-militar del General Charles de Gaulle. La Constitución de 1958 se redactó para otorgar un gran poder personal a De Gaulle. Fue redactada entre cuatro paredes y aprobada por plebiscito durante la guerra de Argelia, bajo la amenaza permanente del caos y la guerra civil. Esta Constitución limita considerablemente los poderes de los diputados y senadores. El Gobierno puede limitar la duración de los debates en las asambleas, imponer votaciones bloqueadas, es decir, sin posibilidad de enmendar un texto, etc. También puede utilizar el famoso Artículo 49-3 de la Constitución: una ley se considera adoptada si ninguna moción de censura al Gobierno ha sido votada por mayoría absoluta de los diputados.
En este caso concreto de la reforma de las pensiones, el Gobierno ha utilizado todo el arsenal constitucional posible, hasta el punto de aplicar un Artículo de la Constitución que nunca se había utilizado desde 1958.
La ley sobre las pensiones se aprobó así el lunes 20 de marzo, tras el rechazo de dos mociones de censura. Una fue presentada por la extrema derecha. Recibió el voto de 89 diputados de extrema derecha y 5 diputados de derechas. Otra fue presentada por diputados centristas. Fue apoyada por los diferentes grupos de izquierda. Al final recibió 278 votos. Le faltaron 9 votos para derrotar al Gobierno. Hay que tener en cuenta que la izquierda sólo tiene 150 diputados de un total de 577.
Este uso antidemocrático de todos los artificios legales que permite la Constitución para imponer una reforma que nadie quiere está generando una enorme ira. El clima es propicio a la violencia, la manipulación policial y la provocación de grupos extremistas. Amnistía Internacional Francia alertó «sobre el uso excesivo de la fuerza y las detenciones abusivas». Se han descrito numerosos casos de violencia policial en la última semana, aunque el movimiento social ha sido siempre muy pacífico desde diciembre. El relator especial de la ONU dice estar «siguiendo muy de cerca las manifestaciones en curso y recuerda que las manifestaciones pacíficas son un derecho fundamental que las autoridades deben garantizar y proteger. Las fuerzas del orden deben (…) evitar cualquier uso excesivo de la fuerza».
La opción de consultar a la ciudadanía francesa
La izquierda ha reaccionado ante esta maniobra antidemocrática. El sábado 18 de marzo, 252 diputados y senadores de izquierda presentaron una solicitud de Plebiscito de Iniciativa Compartida ante el Consejo Constitucional (el equivalente al Tribunal Constitucional en Chile). El objetivo de este plebiscito sería votar en contra de la ley Macron. Para que el plebiscito tenga lugar, la ley especifica que el 10% de los ciudadanos inscritos en el censo electoral deben firmar una petición solicitándolo, es decir, 4,8 millones de ciudadanos (Francia tiene 67 millones de ciudadanos y 48 millones están inscritos en el censo electoral). La izquierda dispone de 9 meses para reunir estas firmas.
Fabien Roussel, secretario nacional del PCF, que fue el primero en pedir un referéndum sobre las pensiones el año pasado, se muestra optimista. Está convencido de que es posible reunir esos 4,8 millones de firmas. Las ocho centrales sindicales siguen colaborando y apoyando esta iniciativa.
Paralelamente, los diputados y senadores de izquierda también han presentado dos recursos ante el Consejo Constitucional para que se anule la ley.
La lucha continúa en todos los frentes, en las calles, en las huelgas, en el Consejo Constitucional, en el Parlamento.
Roussel llamó, tras esta jornada, a paralizar Francia: «Llamo a los militantes comunistas de las empresas a participar plenamente con sus compañeros en la paralización de la herramienta de trabajo, a participar en todas partes en la manifestación, en el bloqueo de las empresas y de los accesos por carretera y ferrocarril». Y añadió: «El pueblo francés está en pie, la victoria está a nuestro alcance». Sólo hay dos soluciones para salir de la crisis: la retirada del proyecto o el plebiscito.
En todo caso, analistas coinciden en que Francia no se encuentra en una situación revolucionaria. Tras 30 años de ultraliberalismo, el individualismo se ha apoderado de toda la sociedad. Hay la misma proporción de franceses que están en contra de esta reforma de las pensiones que los que votaron a la derecha y a la extrema derecha en 2022. En las elecciones presidenciales, por primera vez, más franceses votaron por los candidatos de extrema derecha que por todos los candidatos de izquierda. Si, de aquí a 2027, la izquierda no demuestra que es útil al país, que sus propuestas son realistas, si la izquierda no sabe reconstruir solidaridades concretas, si la izquierda no reconquista al electorado popular, se debe temer lo peor. La izquierda debe construir una mayoría alternativa. Le queda poco tiempo.
(*)l’Humanité, medio colaborativo con El Siglo.