Con el nuevo mecanismo de financiamiento “comenzaremos a sacar a la educación superior de los bolsillos de la banca y dar alivio a muchos estudiantes y familias completas endeudadas”.
Daniela Serrano. Diputada. Presidenta de las Juventudes Comunistas. 14/10/2024. El compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric de ponerle fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) dio su primer paso el pasado martes 8 de octubre. Con el ingreso del proyecto que además busca darle al país un nuevo sistema de financiamiento público de la educación superior (FES), comenzaremos a sacar a la educación superior de los bolsillos de la banca y dar alivio a muchos estudiantes y familias completas endeudadas.
Tal como lo he planteado desde el inicio de esta discusión, una vez ingresado el proyecto a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, la responsabilidad recae en los parlamentarios. Aquí ya no hay excusas. Es de esperar que la oposición así lo asuma y se disponga con real voluntad a debatir y avanzar, aunque personeros como Máximo Pavéz, vicepresidente de la UDI, asegure, sin que haya aún debate de por medio, que el FES no se convertirá en ley. Ellos no deberían olvidar que estamos en un contexto político que los interpela directamente, donde el escándalo de la Universidad San Sebastián reflotó un tema que creíamos superado: el lucro en la educación, con la derecha nuevamente como protagonista y con dineros del CAE financiando una institución apuntada como caja pagadora de favores políticos.
Plantear que la condonación al CAE no es tema, tampoco les servirá de escudo para atrincherarse en su defensa de la educación de mercado, porque acá las cifras hablan por sí solas. La última encuesta CADEM reveló, entre otros datos, que un 71% de sus encuestados apoya este proyecto de ley y que ese apoyo es mayoritario en las mujeres (74%) y de los jóvenes entre 18 y 34 años (84%).
Insistir en mantener el CAE es sólo querer salvar una política pública cara y fracasada que, desde su creación, le ha significado al Fisco un desembolso total de cerca de nueve billones de pesos. De hecho, sólo durante 2023, el CAE le costó 741 mil millones de pesos al Estado, del cual el 36% son pagos por concepto de garantías ejecutadas. Por eso el FES también apunta a un mejor uso de los recursos públicos.
El debate en torno a la educación siempre ha sido gravitante y movilizador en nuestro país. Si hay algo en lo que existe consenso ciudadano es que el lucro no debe tener lugar en la educación y que la transparencia y la probidad serán siempre exigidas en este Chile cansado de los privilegios. Por eso, la discusión del FES y el fin al CAE representa una gran oportunidad para responderle al país completo respecto a una carga injusta que tantos llevan sólo por haber accedido a la educación superior y sacar a la banca de un derecho social.