Carlos Insunza, coordinador de la Mesa del Sector Público-CUT y vicepresidente de la ANEF, aborda en entrevista los alcances del petitorio que están haciendo al Gobierno y explica denominadores comunes en paros y reclamos de organizaciones de funcionarias/rios del Estado. Refuerza la necesidad de recuperación del poder adquisitivo y de avanzar en agenda laboral. “Por lo pronto, la disposición de los ministros representantes del Gobierno en la mesa ha sido de una voluntad de diálogo”, puntualiza. Sobre las manifestaciones de gremios del sector, apunta a que “los servicios públicos para poder atender adecuadamente la ciudadanía y para poder desempeñarse de forma plena requieren un marco presupuestario que vuelva a recuperar sus plenas capacidades”. El dirigente reitera que llamarán a votar En Contra de la propuesta constitucional “por los dramáticos retrocesos que contiene en términos laborales, porque consolida normas de la Constitución vigente, retrocede respecto de algunas y constituye una negación de los avances que se habían demandado en materia de libertad sindical”.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 17/11/2023. ¿En síntesis, cuáles son las demandas que presentaron al Gobierno como Mesa del Sector Público?
La Mesa del Sector Público, coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), presentó su pliego de demandas económicas en el contexto actual del país, teniendo en cuenta que llegamos a un acuerdo el año pasado en una situación económica mucho más compleja desde el punto de vista inflacionario y de proyecciones de la economía del país, demandando un 6,5% de reajuste nominal. Esta cifra constituye la recuperación del poder adquisitivo perdido, que con las incertezas que todavía hay, es una cifra que va a estar entre el 4,5 y el 5%. Plantea, además, un rango de crecimiento real de remuneraciones atendiendo a las proyecciones de mejoría de la situación económica del país y más positivas que en los periodos anteriores. El pliego contiene también un énfasis muy particular respecto de trabajadores y trabajadoras de menores ingresos en el Estado, demandando una alza que está por sobre este 6,5% de los ingresos mínimos que están regulados respecto de los estamentos auxiliares, administrativos y técnicos, y un perfeccionamiento de un bono de cargo fiscal que se paga mensualmente a los trabajadores de rentas bajas en el conjunto del Estado, junto con el fortalecimiento y garantía de cobertura plena para los trabajadores públicos en esta materia.
Además, el pliego plantea dar continuidad al proceso de desarrollo de la agenda laboral que desarrollamos el año pasado y acordamos en proyección para este año con el Gobierno del Presidente (Gabriel) Boric, representados por el Ministro de Hacienda y la Ministra del Trabajo, dando cuenta de avances en las 17 mesas que lograron funcionar este año en distintos ámbitos, que buscan fortalecer y avanzar en derechos laborales en materias transversales, como las temáticas y demandas de cuidado infantil de los trabajadores públicos, la incorporación de mecanismos de protección de seguridad funcionaria, en materia de salud mental, en incentivos al retiro, y por tanto el pliego tiene una proyección de cumplimiento y de ratificación de los acuerdos y avances alcanzados en estas mesas durante este año, por la vía de la ley del reajuste en varias de ellas, y la proyección de estas mesas para continuar debatiendo temas que todavía han estado en discusión, pero en los que no se ha arribado a soluciones plenas.
A partir de la instalación de la negociación durante esta semana, el día martes de esta semana, con el ministro (Mario) Marcel y la ministra (Jeannette) Jara, se acordó un cronograma bastante acotado de trabajo para abordar el conjunto de materias contenidas en el pliego y una ratificación -tanto desde parte de la Mesa del Sector Público, como de las autoridades de Gobierno- de visualizar un camino que permita llegar a un acuerdo. Efectivamente, los temas económicos serán los que van a estar en discusión dentro de los próximos días, pero también está la agenda laboral y la concreción de sus avances. Será el conjunto de estos elementos los que tenemos para dialogar en estas próximas dos semanas, y esperamos y tenemos la confianza de que van a permitir un acuerdo entre las partes, a la brevedad posible.
¿Cómo ven la disposición del Gobierno, la respuesta, podrá terminar esto en algún paro o movilización?
Por lo pronto, la disposición de los ministros representantes del Gobierno en la mesa ha sido de una voluntad de diálogo y de acuerdo que valoramos y que tendremos que ver en concreto en el desarrollo de la negociación. La tramitación del presupuesto de la Nación se ha vuelto en estos últimos años, efectivamente, un proceso que se ha complejizado, que se dilata en el tiempo y claramente las organizaciones del sector público han hecho diversos planteamientos en materia presupuestaria, dando cuenta de las necesidades de que después de los recortes presupuestarios y la consolidación fiscal que han impactado de manera muy importante en distintos sectores de la administración desde el año 2019 en adelante, es necesario descomprimir la situación de los servicios públicos porque hemos llegado a una situación en la que muchas instituciones ya no sólo son afectados los trabajadores y trabajadoras de distintas maneras, sino que en múltiples casos se trata de planteamientos que están mucho más directamente relacionados con la capacidad de nuestras instituciones de servir adecuadamente a la ciudadanía y de cumplir por tanto con su misión institucional.
En ese marco, ¿están preocupados por como salga el Presupuesto 2024?
En este marco, efectivamente, las prioridades presupuestarias del Gobierno apuntan en algunas direcciones, pero no cubren todas estas demandas y el debate presupuestario ha estado evidentemente marcado en un contexto en que los casos de corrupción en los financiamientos a través de fundaciones de algunos servicios públicos han impactado este proceso. Sin embargo, esperamos que en el trámite legislativo se puedan resolver diversas materias pendientes en materia presupuestaria y se pueda priorizar y fortalecer en los ámbitos que desde el mundo de la salud, tanto centralizada como descentralizada, así como desde otras instituciones públicas que han estado movilizadas y demandando que el presupuesto incluya fortalecimiento en materias institucionales pendientes, se puedan buscar caminos que en el presupuesto 2024 pero también en sus proyecciones permitan avances relevantes.
Denominador común en movilizaciones y paros en el sector público
En los meses recientes ocurrieron varias movilizaciones y paros, los funcionarios del SII, Mineduc, Controladores Aéreos, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, entre otros. ¿Hay un denominador común, es algo que suele suceder, lo ven con preocupación?
Justamente en los últimos par de meses, en las últimas semanas, se han venido desarrollando diversas movilizaciones desde servicios públicos, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio del patrimonio, el Ministerio de la Cultura, los controladores aéreos, los trabajadores y trabajadoras de la Salud, que han expresado por la vía de movilización las demandas y desarrollo de procesos de negociación interna y de acuerdos que se habían alcanzado con sus propias autoridades, así como el reflejo de ellos en el presupuesto y el planteamiento de la necesidad de recuperar capacidades del sector público.
Efectivamente hay un denominador común en todas estas movilizaciones y que tiene que ver con que los ciclos de restricción presupuestaria que hemos vivido desde el año 2019 a la fecha y que efectivamente en el marco de la consolidación fiscal que se implementó particularmente desde el año pasado resultaba una necesidad para equilibrar particularmente el ciclo económico en cuanto a los efectos inflacionarios que estaba teniendo, tienen ya un nivel de agotamiento respecto de las instituciones públicas.
Los servicios públicos para poder atender adecuadamente la ciudadanía y para poder desempeñarse de forma plena requieren un marco presupuestario que vuelva a recuperar sus plenas capacidades y que ponga en el foco las nuevas necesidades que en este periodo se han venido expresando. En el debate de la Central y de la propia Mesa del Sector Público hemos tenido absolutamente a la vista el proceso político que está viviendo nuestro país. Hemos visto con la mayor desazón cómo el Consejo Constitucional ha terminado de redactar un texto que constituye en nuestra opinión un retroceso abismante respecto no sólo de las expectativas de un proceso constituyente que superará las limitaciones de la constitución legada por la dictadura, sino que incluso retrocesos respecto de los marcos que actualmente rigen a nuestra institucionalidad y a la sociedad chilena desde ese texto constitucional.
¿Desde la CUT, van En Contra? ¿Qué es lo que más les preocupa de esta propuesta constitucional?
La CUT, su Consejo Directivo Nacional Ampliado, máxima instancia de representación en que concurre el Consejo Directivo Nacional, los representantes presidentes y secretarios generales de las organizaciones afiliadas, los presidentes de nuestras funcionales y territoriales, definió por unanimidad, en un debate amplio de sus integrantes, que va a llamar a votar En Contra de este nuevo texto constitucional.
En primer lugar, por los dramáticos retrocesos que contiene en términos laborales, porque consolida normas de la Constitución vigente, retrocede respecto de algunas y constituye una negación de los avances que se habían demandado en materia de libertad sindical, del pleno ejercicio de la negociación colectiva como mecanismo para nivelar la cancha en nuestra sociedad. Pero además, porque le da carta blanca a los principales mecanismos de abuso que la sociedad neoliberal nos ha impuesto.
Constitucionaliza las AFP, constitucionaliza las ISAPRE, que son dos de los principales expoliadores de los trabajadores y trabajadoras y de sus posibilidades de garantía de seguridad social. Vuelve a retroceder en materia de los avances respecto del fortalecimiento de la educación pública e implica retrocesos muy profundos en materia de tributarias a propósito de las normas de exención del impuesto territorial que de forma insólita están incorporadas en la Constitución y muy particularmente respecto de los derechos de las mujeres.
Desde la Central y desde la Mesa del Sector Público hemos adoptado ese acuerdo, no sólo en función de declararlo, sino también en función de jugar roles activos para informar a los trabajadores y trabajadoras de los enormes riesgos que esto implica para el futuro de nuestra sociedad y para las posibilidades de construcción de una sociedad más justa y equitativa. Este es un texto constitucional que si bien declara en la letra que Chile va a tener un Estado social y democrático de derecho, lo que ha hecho por la vía del articulado que se ha aprobado en el Consejo Constitucional con la mayoría circunstancial de ultraderecha y de derecha que lo ha aprobado, es borrar completamente este concepto que constituía el principal avance que el borrador de la Comisión de Expertos había planteado en la propuesta que inició este nuevo ciclo de debate en este proceso constituyente.