Se impone el mecanismo de pago de los consorcios privados que lastima a miles de ciudadanas y ciudadanos, producto de una ley que, al final, buscó ayudar a esas grandes empresas. Considerando el alza en los planes, el reajuste el próximo año y las condiciones de devolución de dineros, la cuenta es que “la gente va a pagar más y bastante más”. “Abuso”, “desfachatez”, “insultante”, “grotesco”, “una burla”, “frustración”, son algunos de los calificativos a este mecanismo que contempla pagos por menos de mil pesos mensuales durante 13 años a quienes se les debían montos por cobro indebido en planes de salud, algo que se estableció por la insistencia de legisladores de derecha que incluso querían dar a los consorcios 15 años para saldar la deuda.
“El Siglo”. Santiago. 4/12/2024. Entre discusiones de representantes del Gobierno y legisladores, polémicas sobre quién es o no es responsable, controvertidas declaraciones de expertos y la indignación y desprotección de ciudadanas y ciudadanos, los directivos y gerentes de las Isapres se mantienen en silencio e imponiendo un burlesco y arbitrario mecanismo de pago de los excesos de cobros que hicieron a los usuarios con los llamados planes de salud.
Todo, por lo demás, producto de una ley que siempre estuvo, sobre todo, destinada a ayudar a las Isapres (“que no quiebre el sistema de salud privado”), sin olvidar que esta situación se originó precisamente en esos consorcios privados que cobraron montos excesivos e irregulares a sus afiliados. Es decir, el problema de base lo generaron los directivos, gerentes, asesores, economistas y abogados de las Isapres (que permanecen en el anonimato la inmensa mayoría), y ellos mismos ahora producen este nuevo problema ante el cual, en lo concreto, el Gobierno, el Congreso y otras instituciones no saben bien cómo abordarlo.
“Abuso”, “desfachatez”, “insultante”, “grotesco”, “una burla”, “frustración”, son algunos de los calificativos a este mecanismo que contempla pagos por menos de mil pesos mensuales durante 13 años a quienes se les debían montos por cobro indebido en planes de salud.
La Superintendencia de Salud aprobó los planes de pago de las Isapres, y que éstos se puedan realizar en un plazo de 13 años es básicamente por la insistencia de senadores y diputados de la derecha que incluso en la discusión de la ley le querían dar 15 años a las empresas para devolver los dineros. Los consorcios tienen una deuda de mil 200 millones de dólares con sus clientes. En ese sentido, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que “lo que se terminó de aprobar no era la propuesta original del Gobierno. Nosotros advertimos las consecuencias que podía tener lo que solicitaba el Parlamento, algunos parlamentarios, respecto a los plazos”.
Gracias a la “ley corta”, hecha para obligar a que las Isapres pagaran, pero al final bajo sus condiciones, esas empresas dividieron los pagos en cuotas de 156 meses, llevando a que muchas y muchos clientes recibirán 200 pesos, 500 pesos, menos de mil, durante 13 años.
La ministra de Salud, Ximena Aguilera, dijo que “para la gente es mucho más entendible que se les pague de una buena vez cuando son cantidades no muy grandes, y no estar ahí en cuotas pequeñas a través del tiempo, que como que no lo entienden tanto”. La titular de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, indicó que todo esto “sin duda, parece una burla” y recalcó que “donde se devuelve una cantidad ínfima en un largo periodo de plazo, la verdad, parecen burlas a la ciudadanía”.
Al cierre de esta nota, el Superintendente de Salud, Víctor Torres, estaba compareciendo ante el Parlamento para explicar todo este escándalo, mientras se instala la idea, no compartida por todos los legisladores y expertos en la materia, de hacer modificaciones a la ley y obligar a otro sistema de pagos. La presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola, planteó la posibilidad de buscar un mecanismo de fiscalización para supervisar el plan de devolución de las Isapres de los cobros excesivos a sus usuarios. Precisó que en su momento, desde el Congreso no se despachó una ley óptima y recalcó que “nosotros no tenemos mayoría y hay una que sí se hace entre los sectores más conservadores de derecha y de centro”. “Vamos a revisar, porque recién están llegando los reportes de la gente” sobre el mecanismo de pago de los consorcios de salud. El diputado Patricio Rosas, miembro de la Comisión de Salud, apuntó a que “sabemos que tenemos que poner hoy día un límite a esto. Vamos a cambiar las reglas del juego y vamos a presentar un proyecto de ley para pagar en menos cuotas y en menos años como era el proyecto original”.
La diputada Ana María Gazmuri, que integró la Comisión Mixta que resolvió las discrepancias de la “ley corta de Isapres”, declaró que “las Isapres, nuevamente, están abusando hasta el máximo de sus afiliados”. Y añadió que “eso no sorprende, aunque indigna; lo que resulta sorprendente es que hoy se sumen a la justa molestia ciudadana ciertos personeros del Senado como el senador (Javier) Macaya o el senador (Francisco) Chahuán, siendo que fueron ellos mismos los que impusieron el plazo de 13 años para que las Isapres devolvieran lo adeudado a sus afiliados, bajo la amenaza de dejar caer la ley corta, dejando sin cumplimiento los fallos de la Corte Suprema y perdiendo la oportunidad de fortalecer Fonasa como fondo solidario que mantiene a 16 millones de usuarios, con la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria”. La legisladora expresó que “sorprende e indigna la actitud de las propias aseguradoras privadas, las que, teniendo diversos caminos, optan por aquellos que más perjudican a los afiliados. Existían otras opciones, como el pronto pago pero ninguna de las aseguradoras ofreció esta alternativa a sus afiliados. Resulta indignante la propuesta de devolución que hoy día entregan las Isapres. Esto retrata a sus defensores, dispuestos a forzar el espíritu de una ley, ofreciendo la más miserable de las opciones posibles a quienes esperan sus devoluciones. Que la ciudadanía sepa cómo vota la derecha y qué intereses representa”.
Hay que considerar que toda esta situación se da cuando las Isapres aumentaron el costo de los planes de salud. Es así que Héctor Sánchez, exsuperintendente de Salud, declaró que considerando el alza en los planes, el reajuste el próximo año y las condiciones de devolución de dineros, la cuenta es que “la gente va a pagar más y bastante más”. Precisó que “la solución que buscaron lamentablemente los parlamentarios fue una mala solución. La ley corta es una mala ley, porque al final le traspasaron todos los costos a las personas”.
La pregunta, aparte de la indignación, que se hacen usuarios de las Isapres en quién podrá detener todo esto y si realmente se hará algunas modificación legal que haga cambiar el mecanismo a los consorcios privados de la salud.