El encargado de la Subsecretaría de Prevención del Delito, afirmó que en el país “existe una desproporcionalidad en el énfasis que le damos a los delitos contra las cosas, versus los delitos contra las personas”, donde contrasta, por ejemplo, la importancia que se le otorga a los portonazos frente a la violencia intrafamiliar. Ante eso, sostuvo que “tomamos la decisión de partir con una recategorización de los delitos”. Eduardo Vergara, en entrevista, aseveró que el aumento de 4.4% del presupuesto para seguridad pública es “un hito histórico”. Apuntó como una tarea principal, “la búsqueda de la justicia territorial y por esa vía aumentar los niveles de seguridad” de la población. En esa línea, afirmó que se inició la “redistribución de las policías”. Aseguró que continúa la reforma de Carabineros y que “hacer cambios en la institución es un imperativo democrático”. Sobre el combate al narco y el crimen organizado, el funcionario planteó que “estamos a tiempo para hacer cambios necesarios y revertir la situación”.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 03/10/2022. El cientista político Eduardo Vergara está al frente de una de las tareas más desafiantes y sensibles de cualquier Gobierno: la seguridad pública. Encarar la delincuencia, uno de los problemas que chilenas y chilenos miran con más angustia. También asumir mitos y categorizaciones que alteran las prioridades.
Militante del Partido por la Democracia, es considerado uno de los mejores expertos en materia de seguridad pública y gestión de las policías. En el Gobierno de Michelle Bachelet fungió como como Jefe Nacional de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y trabajó en la Fundación Chile 21, precisamente en temas de seguridad. El Presidente Gabriel Boric, al iniciar su gestión, nombró a Vergara como subsecretario de Prevención del Delito.
Se tomó su tiempo para en entrevista con ElSiglo.cl hablar de los problemas actuales de la seguridad pública, de la reforma de Carabineros, el combate al narco y el crimen organizado, la labor con los municipios, y estableció ideas como que “es una irresponsabilidad tremenda pensar que los problemas de seguridad se van a solucionar por lo policial, la persecución o el castigo. Los problemas de seguridad responden a una serie de variables sociales, económicas y políticas que explican por qué se cometen delitos”.
¿Cómo le cayó el aumento del presupuesto del 2023 para seguridad pública, un aumento del 4.4% y la asignación de más recursos para Carabineros?
Cuando la primera preocupación de la ciudadanía es la seguridad, se transforma en nuestra primera preocupación. Esto lo demostramos desde que llegamos al Gobierno con el incremento de los operativos, decisiones frontales para abordar problemas que durante mucho tiempo no se abordaron de la forma que correspondía, y sobre todo el compromiso del Presidente Gabriel Boric de que necesitamos más recursos. Hoy tenemos un presupuesto que se transforma en un hito histórico. Por mucho tiempo no hubo incrementos tan sustantivos como los que habrá ahora. Eso habla de un Gobierno que reconoce el problema, lo enfrenta con decisión y coraje, y que también entiende que la manera de enfrentar la inseguridad no pasa sólo por el ámbito policial, el control y reacción, sino también por la capacidad de prevenir que los delitos ocurran.
¿En qué se va a gastar ese dinero?
El incremento es de 4.4%. En términos concretos eso tiene dos grandes pilares, el de seguridad y crimen organizado, y el preventivo. Sobre el primer pilar, estamos hablando de 38 mil millones de pesos que van a ir principalmente destinados a dotar de herramientas y capacidades necesarias a las distintas instituciones que trabajan y tiene una tarea conjunta ante el crimen organizado. Esto se articula por consejos nacionales y consejos regionales contra el crimen organizado. Al mismo tiempo, hay una inyección muy importante de 25 mil millones de pesos a Carabineros que permitirá reforzar la dotación vehicular. Nos pusimos la meta de ejecutar la compra de más de mil vehículos para Carabineros. ¿Qué significa? Reducir los tiempos de respuesta, articular medidas preventivas en los territorios, mayor movilidad y cobertura. En el segundo pilar, de prevención, nos hemos puesto una meta desde el Gobierno, entendiendo que la inseguridad está muy marcada por la desigualdad. La primera tarea es nivelar la cancha hacia arriba, para llegar a un mínimo común preventivo. En un panorama donde hay municipios que tienen 120 pesos per cápita en prevención del delito, y otros tienen 40 mil pesos per cápita, la labor no es quitarle a los que tiene más, sino que inyectar recursos, para que las comunas que tienen menos, nivelen hacia arriba. Cuando en Chile tenemos tres de cada diez comunas sin patrullas preventivas, significa que tenemos una responsabilidad que cumplir.
Siempre está la tendencia a mirar la Región Metropolitana. ¿Qué pasa con el impacto de esos mayores recursos en cuanto a las regiones, a las comunas de todo el país, y el trabajo de los municipios?
Una de las primeras cosas que nos planteamos, fue poner fin a la concursabilidad de recursos, terminar con que los municipios tuviesen que competir contra otros municipios para obtener recursos para la prevención del delito. Además, los municipios que menos tienen, ni siquiera tenían las capacidades para presentar los niveles de postulación de los municipios que más tenían. Desarrollamos un índice de vulnerabilidad socio-delictual, que no sólo mira los casos policiales, sino también delitos asociados a violencia de género, violencia intrafamiliar, situación de niñas, niños y adolescentes y las poblaciones flotantes. Este índice es público, transparente, con bases de datos públicas, y generamos subcategorías entre ciudades y municipios urbanos, urbano-rurales y rurales. Porque la inseguridad se vive de forma muy distinta en esos tipos de municipios, los delitos son distintos, los tiempos de respuesta son distintos, y la forma en que el Estado se hace presente es distinta. Terminamos con los concursos, inyectamos nuevos recursos, y garantizamos lo necesario para las comunas en todo el país, me refiero a patrullas, cámaras de vigilancia, iluminación, recuperación de espacios públicos, porque nuestra acción como Subsecretaría es la búsqueda de la justicia territorial y por esa vía aumentar los niveles de seguridad.
Precisamente, es constante el reclamo desde las Municipalidades. Que tienen menos carabineros que otras, que tienen menos presupuesto para seguridad. ¿Cómo están enfrentando el tema de seguridad pública con los municipios?
Bueno, la inyección presupuestaria nos va a permitir dotar a las policías de una serie de herramientas y mecanismos que hoy no pueden cumplir porque carecen de herramientas. Por ejemplo, tener un vehículo policial permite aumentar el patrullaje, un vehículo municipal, que es lo que les estamos comprando a los municipios, permite los patrullajes mixtos, y se aumenta la cobertura. Además, desde abril iniciamos un proceso de redistribución de las policías, lo que significa aplicar variables que definen la presencia de policías en el territorio. Eso se hace de manera transparente, para que los alcaldes y alcaldesas sepan cuántos carabineros tienen, y para responder a quienes se preguntan por qué una comuna tiene más y otra menos. Aplicamos un principio de justica territorial donde el Estado tiene que estar presente con igualdad.
Es claro que un municipio donde no hay patrullas, no hay cámaras, no hay seguridad preventiva, no hay iluminación, donde el comercio no tiene recursos para colocar tecnología, no puede enfrentar la prevención como un municipio que sí tiene los recursos. Lo que hacemos entonces es nivelar la cancha hacia arriba, maximizar la labor de las policías, sobre todo desde el enfoque preventivo.
Reforma en Carabineros, “es un imperativo democrático”
Hay más recursos, creció el presupuesto para el 2023, hay más dotación y vehículos, pero no hay reforma de Carabineros. ¿No hay contradicción, que se inyecten más recursos sin que haya cambios de fondo en las policías?
El proceso de reforma de Carabineros lo hemos continuado. Hacer cambios en la institución es un imperativo democrático. La reforma cuenta con tres institucionalidades dentro de ella. Existe un Consejo Asesor de la reforma que está compuesto por entidades del Estado, Ministerio Público, el Poder Legislativo, el Poder Judicial; está la Unidad Consultiva para la reforma, donde están representadas diferentes instituciones de la sociedad civil; y la Secretaría Ejecutiva de la reforma, la cual me toca dirigir, que son los equipos técnicos del proceso.
Es un proceso que llevamos adelante con Carabineros de Chile, y tiene que ir a la par de los procesos de nivelación ante la carencia de recursos con que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno. Eso tiene que ver también con la tramitación del Ministerio de Seguridad Pública, donde un eje central es dar la gobernanza necesaria en esa materia.
Usted me dijo el 2020 que el Gobierno de Sebastián Piñera usaba a Carabineros como un fusible político. ¿Cómo ve el Gobierno de Gabriel Boric a Carabineros?
Primero, la vemos como una institución fundamental para la democracia. Segundo, una institución que va a seguir bajo un proceso de reforma. Tercero, como una institución que requiere de muchos cambios, desde lo administrativo, la formación, hasta el rol que cumple con la ciudadanía en el territorio. En cuarto lugar, la vemos como una policía que tiene que avanzar hacia el futuro y ser parte de procesos que vean la seguridad pública no solamente como un sistema reactivo, sino que cumpla un rol preventivo. Dicho eso, agregaría que lo más importante es que Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, dependen del Ministerio del Interior, y no pueden ser usadas para un fin que justifique la incapacidad de gobernar.
“Recategorizar los delitos”
Hay violencia intrafamiliar, hay violencia de género, violencia contra las mujeres, hay delitos en zonas rurales. ¿Qué siente usted cuando ve que todo está concentrado en los portonazos, en los robos de autos?
Mire, una de las grandes deudas que tenemos es darle la prioridad necesaria y la justa proporcionalidad a los delitos de todo tipo. Me refiero a que hace mucho tiempo existe una desproporcionalidad en el énfasis que le damos a los delitos contra las cosas, versus los delitos contra las personas.
Por eso tomamos la decisión de partir con una recategorización de los delitos. Vamos a hacer gestión para terminar con la categoría de delitos de connotación social donde convive el robo de un espejo de un vehículo, con una violación de domicilio. Peor aún, que en esa categoría, la violencia intrafamiliar ni siquiera es parte. Avanzaremos en categorías en base al daño de los delitos, con importancia principal en la integridad y seguridad de las personas, reconociendo otros delitos que son parte del narcotráfico y el crimen organizado y que están generando grados altísimos de inseguridad y temor.
La relevancia, la importancia que debemos darle a los delitos contra las personas, habla de uno de los principales mandatos que tenemos como Gobierno en la búsqueda de justicia y equidad. Si bien la cobertura mediática muchas veces es desproporcionada, porque genera mucho más atención comunicacional en el robo de un vehículo que en una violación, la tarea que tenemos es avanzar hacia un enfoque proporcional y que sea representativo del daño y la inseguridad de las personas.
“Hay que poner el foco en la criminalidad organizada”
¿En Chile hay carteles del narcotráfico? ¿Es muy grave lo que está ocurriendo con el narcotráfico o se exagera? ¿Nos terminará pasando lo mismo que a México, que a Colombia?
La presencia de carteles del narcotráfico en Chile es de larguísima data. No olvidemos, por ejemplo, que en las primeras candidaturas del Presidente Salvador Allende, un sector político trató de instalar un rol de carteles de narcotráfico. Posteriormente, hay investigaciones que hablan de carteles del narco, de la droga, que se robustecieron durante los años de la dictadura. Por tanto, no es un fenómeno nuevo. Como tampoco la presencia del crimen organizado. Sin embargo, y junto con reconocer la relevancia de muchas de estas prácticas delictuales, soy optimista, porque veo instituciones robustas, una democracia que sigue creciendo y veo condiciones-país que indican que estamos a tiempo para hacer cambios necesarios y revertir la situación y no terminar como otros países latinoamericanos.
En esos países hay temas preocupantes, por ejemplo, como el narco penetró a las policías, a los Ejércitos, a los gobiernos, a altas autoridades. ¿Usted descarta eso en el caso de Chile?
Creo que claramente hay una presencia de narcotráfico y crimen organizado en el país que fue aumentando, tanto en su nivel de violencia, como su poder. Pero al ver el funcionamiento de nuestras instituciones y las capacidades que tenemos como Gobierno, me declaro optimista en el escenario que estamos viviendo. Creo que es mucho lo que podemos aprender de los países latinoamericanos que han fracaso en la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico. Eso se ve particularmente en los casos en que se vieron ahogados por propuestas populistas, con la oferta de la mano dura como mecanismo de solución del problema. Tenemos que aprender de lo que no ha funcionado, y robustecer elementos importantes como la prevención, el resguardo de la transparencia, de nuestra instituciones, para impedir no solamente que el crimen avance, sino también para poner freno a lógicas de castigo que siguen enfocadas en ciertas poblaciones de nuestra sociedad.
¿Cómo miran desde el Gobierno la propuesta del Presidente de Colombia, Gustavo Petro, de legalizar el consumo de mariguana? Inclusive la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, habló de legalización de la hoja de coca. Hablan de cambiar los mecanismos de combate al narco.
Como Gobierno estamos colocando todo el énfasis y todas las acciones en que todo se centre en los cabecillas del crimen organizado y el narco, en desarticular sus organizaciones por medio de la persecución del dinero que es lo que más les duele, y concentrar la acción en la organización delictiva. Terminar con una obsesión fracasada de perseguir a los eslabones más débiles de la cadena, esto es, tener la capacidad de perseguir al gran narco y al gran criminal. Desde ahí desbaratar las bandas. De lo contrario, vemos que en América Latina lo que sucedió es que se generó una masificación de los eslabones más débiles, mientras que las cabezas siguen adquiriendo poder, corrompen al Estado, y eso es lo que queremos combatir y evitar. El foco está puesto ahí, que es una tarea mucho más difícil, mucho más compleja, y que tarda en concretarse. Pero eso no quiere decir que no estamos en los barrios que se necesita estar, en los territorios y otras áreas. Hay que poner el foco en la criminalidad organizada y no en una lucha sin fin que a veces sirve para portadas en medios o cuestiones mediáticas, pero que no ayuda en la garantía de seguridad para las personas.
Hay una tendencia en segmentos del país, en algunos medios, de culpar del aumento de la delincuencia y una mayor violencia en el delito, a los migrantes.
Primero, datos de realidad. Hay delitos que están siendo cometidos por migrantes, eso es efectivo. Que hay grados de violencia en la comisión de delitos que no habíamos visto antes en el país, y prácticas que no existían y que fueron importadas, es efectivo. Sin embargo, cuando miramos los porcentajes de extranjeros en base a la población total de extranjeros, y lo comparamos con la población nacional, por lejos es la población nacional la que sigue cometiendo el grueso de los delitos. Hay que trabajar con sentido de urgencia, de responsabilidad, pero con grado de lo razonable. Y lo razonable nos obliga a no vernos distraídos por discursos que al final nos harán poner el foco donde no está el problema. En los delitos violentos y homicidios, la participación de ciudadanas y ciudadanos chilenos, sigue siendo por lejos lo que predomina.
En Chile, como en la mayoría de los países, la gente está resintiendo el alza de precios, del costo de la vida, los sueldos no suben, arrendar y comer cuesta más, hay una situación socioeconómica difícil. ¿Hay que asociarlo a la posibilidad de aumento de la delincuencia?
Es una irresponsabilidad tremenda pensar que los problemas de seguridad se van a solucionar por lo policial, la persecución o el castigo. Los problemas de seguridad responden a una serie de variables sociales, económicas y políticas que explican por qué se cometen delitos.
Como Gobierno es importante traspasar a la ciudadanía, que tenga la certeza de que estamos enfrentando la criminalidad y el delito con mucha convicción y mucha fuerza. Que hay zonas comerciales donde hasta hace poco las personas no podían transitar y hoy lo pueden hacer con seguridad, que hay barrios por donde no podía pasar el transporte público y hoy vuelve a pasar, hay desarticulación de bandas que estaban operando por años, estamos reduciendo delitos violentos con operativos y presencia policial.
La forma en que vemos la seguridad, va mucho más allá de lo policial, entendiendo que hay una serie de otras tareas que el Estado debe cumplir. Nosotros lo que estamos haciendo es gobernar la seguridad. Eso es muy distinto a ejecutar acciones para los medios de comunicación, sino que tiene que ver con profundizar la presencia estatal, avanzar en justicia territorial, y por sobre todo asegurarnos que en Chile hablar de inseguridad deje de ser un sinónimo de desigualdad.