En esta segunda etapa de la campaña presidencial, que parte este 30 de noviembre, es relevante no dejar de lado al electorado femenino y llamar a las mujeres a defender sus derechos y la democracia a través de su voto en las urnas, impidiendo que lleguen al poder políticas de ultraderecha que signifiquen un retroceso en lo que tanto ha costado alcanzar.
Úrsula Fuentes Rivera. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 29/11/2025. A inicios de semana -el martes 25 de noviembre- se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, una fecha que ha adquirido un sentido más urgente, porque mientras las chilenas denuncian más violencia, más desapariciones y más femicidios, una ofensiva conservadora, tanto local como internacional, intenta retroceder décadas de lucha por derechos sociales, que han sido alcanzados con bastante esfuerzo por las mujeres.
Las voces de la extrema derecha, además de buscar infantilizar, criminalizar y desarticular al movimiento feminista, intentan relativizar crímenes de Estado, reivindicar a violadores de Derechos Humanos o negar la existencia misma de la violencia patriarcal.
Ante eso, es importante recordar a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que el 25 de noviembre de 1960 fueron brutalmente ejecutadas en República Dominicana por agentes del dictador Rafael Trujillo, debido a su activa participación en la resistencia política contra el régimen. Las tres mujeres, símbolos de lucha y dignidad, fueron interceptadas mientras regresaban de visitar a sus esposos presos políticos y posteriormente golpeadas y arrojadas dentro de un vehículo para simular un accidente.
En Chile, Latinoamérica y el mundo seguimos viviendo casos de abusos, de crímenes, de violencia contra mujeres que tienen opinión, que tienen voz y que defienden su territorio, como es el caso de la desaparecida dirigente y defensora ambiental mapuche Julia Chuñil, de 72 años, el cual no está aclarado y a quien todavía no se ha encontrado.
En situaciones tan adversas como las mencionadas movilizarse es más que un acto político, es una defensa de la democracia misma, porque -como señala la académica y coordinadora de la cátedra Amanda Labarca de la Universidad de Chile, Roxana Pey- en tiempos de fascismo, las primeras en retroceder en sus derechos son las mujeres.
El rol de las mujeres en la segunda vuelta presidencial
Políticas conservadoras, patriarcales y machistas de personalidades de la ultraderecha reducen el papel de la mujer en la sociedad a la maternidad, entendida como función auxiliar al papel de los maridos. A las más jóvenes, proponen quitarles los derechos sexuales y reproductivos, y a las mayores le niegan el derecho a una jubilación digna.
De ganar el candidato republicano José Antonio Kast en la segunda vuelta de la elección presidencial, estos retrocesos en el ámbito público podrían favorecer retrocesos en el ámbito privado, por lo que se podría esperar un aumento de la violencia contra la mujer.
En 2024, la violencia intrafamiliar fue uno de los delitos más denunciados en nuestro país. Ese año se registraron 50 femicidios y se produjeron 58 agresiones sexuales diarias, la mayoría en espacios íntimos, y la violencia hacia niñas y adolescentes continúa invisibilizada.
Son datos que deberían estar al centro del debate sobre seguridad pública, pero han sido sistemáticamente excluidos de los discursos presidenciales sobre “orden y seguridad”. Una paradoja dolorosa, porque los mismos sectores que piden mano dura para “recuperar la seguridad” guardan silencio cuando las víctimas son mujeres, niñas o disidencias sexuales.
La emergente candidatura ultraderechista de José Antonio Kast y su influencia en medios y redes configuran un escenario donde el movimiento feminista es retratado como enemigo interno, amenaza moral o incluso “ideología peligrosa”, y busca reinstalar un modelo patriarcal de familia única, controlar las decisiones reproductivas de las mujeres, negar las identidades de género diversas y retroceder en derechos laborales, civiles y sexuales.
Cabe destacar que el crecimiento de las posturas conservadoras en la política convencional chilena -con la derecha capitalizando 76 de los 155 diputados y 25 de los 50 senadores que componen el Parlamento- se da a siete años de la explosión de las tomas feministas (el “mayo feminista” de 2018) que de forma transversal instalaron la discusión sobre la violencia de género en una buena parte de las instituciones de educación superior del país.
Kast quiere comenzar su gobierno reduciendo en 6 mil millones de dólares el presupuesto de la nación, afectando inevitablemente los servicios en salud, educación y vivienda. También propone eliminar el auto préstamo, lo que reduciría los ingresos para la PGU y con ello el monto de las pensiones que reciben hoy los jubilados; y podría dejar sin presupuesto al Ministerio de la Mujer y a organismos públicos que prestan servicios a mujeres y disidencias.
Jeannette Jara proviene de los sectores populares y entiende bien la importancia de la salud pública oportuna, de la vivienda digna, de las pensiones, de las condiciones laborales. Presentó el proyecto de ley que aumentó las pensiones (PGU) y ha estado de acuerdo en el copago cero en salud pública, la entrega de más de 230 mil viviendas, las 40 horas y el notable aumento del sueldo mínimo, derechos sociales que inciden de manera fundamental en la calidad de vida de las mujeres y su familia.
Mientras la ultraderecha insiste en infantilizar o criminalizar al movimiento de mujeres organizadas, la realidad demuestra que sin la persistencia y presión de ellas, Chile sería hoy un país más pobre en derechos, más ciego ante sus violencias y más permisivo con sus agresores.
En esta segunda etapa de la campaña presidencial, que parte este 30 de noviembre- es relevante no dejar de lado al electorado femenino y llamar a las mujeres a defender sus derechos y la democracia a través de su voto, impidiendo que lleguen al poder políticas de ultraderecha que signifiquen un retroceso en lo que tanto ha costado alcanzar.