Así lo expresaron en entrevista con ElSiglo.cl Roxana Pey y Jorge Arrate, a días de que la Corte Suprema anulara el Decreto de la dictadura que quitó bienes y propiedad al diario y que restablece “la legalidad al retrotraer para el diario, su existencia previa al criminal golpe de Estado”. Ambos integrantes de la Fundación Presidente Allende recordaron que, además del fallo del máximo tribunal chileno, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, estableció hace tiempo “clara e indiscutiblemente el derecho a indemnización a favor de los legítimos propietarios” del periódico. Afirmaron que “ejerceremos todos los instrumentos legales de los que disponemos para que Clarín renazca en una forma multimedial y con una línea editorial pluralista y democrática”.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 8/2024. Sorprendió la resolución de la Corte Suprema anulando el Decreto de la dictadura incautando bienes y patrimonio de Clarín. ¿Qué originó esa resolución?
La Fundación Presidente Allende de España presentó recursos ante la Corte Suprema contra fallos de tribunales inferiores que no acogieron la petición de nulidad del Decreto de Augusto Pinochet que disolvió la sociedad dueña del diario Clarín en 1974. El fallo de la Suprema, finalmente, ha acogido nuestra tesis en el sentido que aquel Decreto debía declararse nulo de nulidad de derecho público y restablecer así la legalidad al retrotraer para Diario Clarín, su existencia previa al criminal golpe de Estado. Es tal vez necesario recordar aquí, que en la madrugada del 11 de septiembre de 1973, aún antes de consumarse plenamente el golpe y de bombardear La Moneda, se acallaron medios de comunicación. Clarín fue asaltado por militares que confiscaron la edición de ese día y desde entonces se adueñaron de su patrimonio consistente en valiosas propiedades y la rotativa recién inaugurada, lo que aún no devuelven. Este fallo de la Corte Suprema viene entonces, 50 años después, a deshacer ese crimen de la dictadura.
¿Qué alcance tiene, por qué han señalado que esto podría abrir una esperanza de que vuelva a salir Clarín?
Durante estos 50 años transcurridos, el ingeniero Víctor Pey y el abogado Joan Garcés han librado una ardua batalla judicial por recuperar Clarín. ¡Es el mandato de la Fundación Presidente Allende! En efecto, esa expectativa nunca la hemos perdido. Hay una fallo internacional inapelable que puede ejecutarse en más de 140 países, dictado por los tribunales del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, institución del Banco Mundial) que funciona en Washington, que establece clara e indiscutiblemente el derecho a indemnización a favor de los legítimos propietarios de Clarín, es decir, la Fundación. Sin embargo, esta es una victoria en los tribunales chilenos y tiene efectos trascendentes que daremos a conocer en breve, una vez que nuestro equipo jurídico haya terminado el análisis de la extensa sentencia.
¿Hay algo que pueda hacer o tenga que hacer el Gobierno en cuanto a esta resolución de la Corte Suprema?
Los gobiernos no han atendido, por décadas, nuestra disposición a concordar una forma de indemnización, de suspender la ejecución forzosa y buscar un acuerdo amistoso. No obstante, seguimos en disposición de buscar un acuerdo. Pero, al mismo tiempo, ejerceremos todos los instrumentos legales de los que disponemos para que Clarín renazca en una forma multimedial y con una línea editorial pluralista y democrática. En noviembre de 2022, ambos caminamos a La Moneda para entregar a nombre de la Fundación una carta al Presidente (Gabriel) Boric firmada también por más de mil personas relevantes, donde explicamos la situación de Clarín y la obligación del Estado de Chile a reparar indemnizando, sin embargo, aún no recibimos reacción alguna del Gobierno. Pensamos que el escenario ha cambiado y que la Corte Suprema con su fallo ha abierto el camino al Ejecutivo para sostener esa conversación tan eludida. No es la primera ocasión en que el Poder Judicial abre paso a la corrección y reparación pendientes de abusos de la dictadura.
¿Cómo se vincula esto con el juicio y resolución de la CIADI? ¿Al final de cuentas no es tan irreal plantearse que haya devolución o indemnización del Estado y que pueda reaparecer Clarín?
El CIADI condenó al Estado de Chile a indemnizar a Víctor Pey y a la Fundación Presidente Allende el daño causado por incumplir su obligación de asegurar un trato justo y equitativo e incurrir en denegación de justicia. La ejecución del fallo del CIADI está radicada en España y sigue el curso ya iniciado. La disposición a convenir una compensación no es incompatible con el ejercicio, mientras no se llegue a un convenio, de todos los derechos que nacen del fallo del CIADI. Tenemos la decisión de perseverar en nuestro empeño hasta que se haga justicia y podamos ofrecer al Chile democrático un medio informativo ajeno a los intereses del gran capital.
¿Cómo inscriben el caso de Clarín en el estado de situación del sistema medial chileno?
Entre 1960 y el 10 de septiembre de 1973 el periódico Clarín, de formato tabloide y 16 a 32 páginas, vendía un promedio de 270 mil ejemplares diarios para superar los 350 mil los fines de semana. Había en nuestro país pluralidad de medios. Con el golpe y la dictadura, ese panorama cambió y no se ha logrado recuperar la pluralidad democrática perdida. Al regreso a la democracia, y durante todo el interminable periodo de transición, se continuó el duopolio, la captura de medios y conflictos de interés que los propietarios imponen en las líneas editoriales de radios, televisión, prensa y medios digitales. Los medios independientes sobreviven con dificultad y muchos se han cerrado por el desigual panorama desregulado. No contamos con una ley de medios que atienda el rol imprescindible del derecho a la información veraz para fortalecer la democracia. Hay entonces una gran oportunidad para corregir, aunque sea parcialmente, el total desequilibrio informativo que existe hoy día y que hemos denunciado permanentemente. El regreso de Diario Clarín, con su patrimonio restituido, con la debida indemnización por el daño de 50 años de infame secuestro, permitirá contribuir a la democracia en Chile.