El exministro indicó que los partidos de Gobierno deben “ponderar correctamente la magnitud del daño que se ha ocasionado y, en consecuencia, tomar las acciones correctivas”, en referencia a las irregularidades en los casos de convenios y transferencias entre el Estado y fundaciones. Respecto a las exigencias de la oposición, el también exconvencional afirmó que “la derecha actúa con un cinismo tremendo. La derecha tiene un historial de corrupción estructural”. Añadió que con las situaciones conocidas esta semana “lo que busca la derecha es la teoría del empate, pero también dañar la subjetividad del Gobierno y del proceso transformador”. En cuanto a pasos a seguir, dijo que “es prioritario que las medidas que se adopten fortalezcan las capacidades del Estado” y remarcó que “lejos de neoliberalizar y tercerizar la función pública, hay que fortalecer el Estado”.
Maca Benítez. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 7/7/2023. Es una noticia en desarrollo y con varias aristas, pero si me pudieras comentar cómo evalúas el comportamiento de los partidos oficialistas ante todo lo que se ha destapado sobre el caso convenios y transferencias entre el Estado y fundaciones.
Creo que los partidos del oficialismo han transitado desde la perplejidad, porque siempre la presunción de casos de corrupción daña la subjetividad a una conducta que es la que corresponde, que es rechazar cualquier tipo de corrupción, así esta sea nimia o grande. Lo que se debe hacer es actuar con diligencia para disponer que la justicia se haga cargo de esas situaciones, sancione a las personas responsables y tomar la iniciativa a propósito de que esto no dañe la calidad del proyecto que se está impulsando para transformar la calidad de vida de las personas en nuestro país.
Toda conducta de los partidos del oficialismo tiene que estar orientada a la máxima transparencia, a ponderar correctamente la magnitud del daño que se ha ocasionado y, en consecuencia, a tomar las acciones correctivas, pero además preventivas desde el punto de vista de ser más celoso aún con la administración de los recursos públicos.
Eso es desde el punto de vista del oficialismo, pero te diría que la derecha actúa con un cinismo tremendo. La derecha tiene un historial de corrupción estructural en nuestro país, por ejemplo, con los casos de Soquimich y de Penta -por nombrar algunos- y así lo refleja el financiamiento irregular de la política que tiene a exministros cómo (Pablo) Longueira procesados por corrupción, a un exsenador como Jaime Orpis condenado y que estuvo en prisión por delitos de máxima gravedad, también la exalcaldesa de Antofagasta que está prófuga de la justicia, el caso actual del exalcalde (Raúl) Torrealba vinculado a una maquinaria de corrupción estructural. Son hechos que muestran que quienes han utilizado la institucionalidad para sus propósitos indebidos son precisamente personeros de la derecha y la derecha es la misma que ha rechazado medidas anti corruptivas, el reforzamiento de la legislación en materia de liberación del secreto bancario y que ha obstaculizado legislaciones que permitan combatir el lavado de dinero. En definitiva, es una derecha que actúa con un cinismo extremo que no es tolerable. Entonces, hay que decir las cosas por su nombre: la derecha en Chile, desde (Augusto) Pinochet en adelante ha actuado con una orientación hacia la corrupción muy estructural.
¿Esa derecha es la misma que intenta aplicar la teoría del empate?
Sí, y más que intentar eso, lo que busca es blanquearse a partir de la situación de la Fundación Democracia Viva.
El proyecto que encabeza el Presidente Gabriel Boric es un proyecto por regla general transformador y, en eso, decir las cosas por su nombre tiene que ver con esencialmente no permitir que esta teoría del empate se asiente.
Lo que busca la derecha ciertamente es la teoría del empate, pero también dañar la subjetividad del Gobierno y del proceso transformador de manera tal de concretar un anhelo que es impedir una reforma tributaria que sea redistributiva, que apunte a justicia fiscal, que permita fortalecer el Estado desde el punto de vista de más recursos provenientes de las grandes fortunas, de las grandes empresas para abordar problemas acuciantes en materia de calidad de vida y derechos sociales, como son el mejoramiento de las pensiones como es la seguridad pública, subsanar las listas de espera, la construcción de viviendas, en definitiva de urgencias sociales que precisan de una reforma tributaria. Del mismo modo, la derecha con esto busca dañar la subjetividad a objeto de impedir que se concrete una reforma en pensiones que permita compatibilizar un sistema solidario de reparto con el ahorro individual, la capitalización individual.
Las experiencias exitosas en materia de pensiones desde el punto de vista de una tasa de reemplazo que asegure calidad de vida en las personas desde la óptica de la sostenibilidad financiera, de las pensiones y de las coberturas crecientes, pasa por la incorporación de sistemas solidarios. La derecha lo que busca es radicalizar el modelo de capitalización individual que tanto daño le ha hecho a las trabajadoras y trabajadores y en consecuencia a los pensionados y a las pensionadas.
El Gobierno tiene que mantener una subjetividad que le permita sostener los cambios, eso es muy relevante y eso es más viable cuando se apela a la ciudadanía y cuando ésta y las organizaciones sociales son protagonistas de estos cambios. Reformas estructurales como la reforma tributaria y la reforma de pensiones, evidentemente que requieren la voluntad del Gobierno, una técnica legislativa que permita adecuar la correlación de fuerzas negativas en el Congreso, pero también es indispensable un diálogo social y movilización social que sostenga estos procesos.
La comisión creada por el Gobierno y la tercerización desde el Estado
Y en este marco, ¿cómo ves la conformación de la comisión para atender estas situaciones de malas prácticas? ¿A dónde debería apuntar?
Creo que en el debate más estructural, así como se requieren normas anticorrupción, la liberación del secreto bancario, articulación de las instituciones del Estado que trabajan contra la corrupción, como la unidad de análisis financiero del Ministerio de Hacienda, como la Superintendencia de Bancos, también es prioritario que las medidas que se adopten fortalezcan las capacidades del Estado desde el punto de vista de la ejecución de políticas públicas.
En los hechos, lo que hemos visto es que las fundaciones que están investigadas, sin saber si todas evidentemente tienen participación en hechos de corrupción o corruptela operan como empresas de obras menores. Eso es ilustrativo de cómo el Estado viene siendo desplazado en materia de la ejecución de las políticas públicas y eso es muy evidente. Yo creo que las fundaciones y las ONG tienen un espacio, pero tampoco el Estado puede debilitarse tanto y es muy evidente a partir de la pandemia, a partir de incluso la última emergencia climática que dejó en estado de catástrofe la zona sur del país, que lo que se requiere es mucho más Estado. Un Estado con capacidades de acción, más musculatura desde el punto de vista de los equipos que deben existir. Hay espacios donde la norma de fiscalización existe, pero el personal, los funcionarios y funcionarias que existen son insuficientes por la sobre demanda. Las comisiones médicas de reclamo, por ejemplo, están saturadas de peticiones de trabajadoras y trabajadores y las respuestas son tardías porque no existe la cantidad de funcionarios públicos y funcionarias públicas que den respuesta a esa demanda.
En todo orden de cosas creo que lo que refleja la situación presente es que lejos de neoliberalizar y tercerizar la función pública, hay que fortalecer el Estado, porque además los controles internos del Estado son más fuertes. En segundo lugar, si bien me parece correcto crear un comité como lo hizo el Gobierno, que aborde la situación de las fundaciones, la línea de corte en la conversación es que eso no signifique que se tenga que neoliberalizar la función pública.
El Contralor General anunció esta semana que se realizará una auditoría a las transferencias que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo hacia fundaciones e instituciones privadas desde el 2021 a la fecha. Lo más probable es que ahí se destapen varias irregularidades dentro del Gobierno de Sebastián Piñera.
El examen exhaustivo de la Contraloría no puede restringirse a las denuncias del presente y tiene que abordar de manera preventiva las situaciones previas, los convenios que estableció en materia de transferencias el Gobierno del Presidente Piñera con diferentes fundaciones, también en materia de observación y creo que en eso la Contraloría actúa de manera correcta. El período a evaluar es mucho más largo y si se quiere actuar de manera preventiva y mirando cuáles son las irregularidades, el carácter y las sanciones correspondientes, no se puede restringira una temporalidad tan corta y es por eso que mí me parece que esto es lo correcto.
“La extrema derecha está impulsando una nueva Ley de Amnistía” a través del CC
Una de las iniciativas más votada y que va a ser revisada dentro del Consejo Constitucional tiene que ver con que los presos de Punta Peuco puedan cumplir sus penas fuera de la cárcel en caso de que tengan 75 años o más, independiente del delito, y eso permitiría a violadores de derechos humanos puedan obtener este beneficio . ¿Cuál es tu opinión de esto como exconvencional?
Creo que si hay un mínimo civilizatorio del cual Chile no puede desentenderse como Estado es precisamente del respeto irrestricto a los derechos humanos y el carácter de los crímenes de lesa humanidad y lo que en los hechos está impulsando la extrema derecha en el funcionamiento del Consejo Constitucional es una nueva Ley de Amnistía. Lo que buscan es por la vía de normas transitorias dejar libre a criminales de lesa humanidad que son responsables de desapariciones, de ejecuciones políticas, de violaciones, de tortura, en definitiva, de crímenes de lesa humanidad. Chile vive una tensión muy importante, el avance de la derecha y de la extrema derecha ha vitalizado posiciones negacionistas y que no solo niegan las violaciones a los derechos humanos, sino que, en definitiva, ponen en cuestión el carácter democrático del Estado de Chile y lo que está amenazado es la democracia. Este intento de la extrema derecha por aprobar una norma de esas características es contrario a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Creo que es repudiable y no tiene ningún espacio de comprensión. Me parece que en ese sentido las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones sociales y el pueblo en general tiene que estar alerta a que no se instrumentalice el proyecto de texto constitucional y que no se convierta enuna tabla de salvación para crímenes de lesa humanidad.