Elaborado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, Asociación Nacional de Consejo de Salud Pública y Pintana Solidaria y presentado ante Naciones Unidas. Documenta sistemáticas violaciones de derechos económicos, sociales y culturales en el país. Organizaciones presentan diagnóstico crítico sobre el incumplimiento del Estado chileno de sus obligaciones internacionales en materia de derechos sociales, previo a la evaluación del Comité DESC de septiembre de 2025.
Santiago. 9/2025. Las organizaciones civiles Comisión Chilena de Derechos Humanos, Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, Asociación Nacional de Consejo de Salud Pública y Pintana Solidaria presentaron un informe alternativo titulado “Fuentes del Malestar Social en Chile: La Denegación y Cumplimiento Parcial de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales” ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en el marco del 6° Informe Periódico de Chile que será evaluado en la 78° sesión del organismo, a desarrollarse entre el 8 al 26 de septiembre de 2025.
Críticas estructurales al modelo neoliberal chileno
El documento expone como problema jurídico central la persistencia del orden público económico establecido durante la dictadura militar, el cual habría transformado los derechos sociales en “meras libertades de elección” en lugar de garantías prestacionales efectivas. Las organizaciones señalan que el modelo neoliberal chileno, implementado desde 1973, ha reducido los derechos económicos, sociales y culturales a bienes de consumo sujetos a las leyes de oferta y demanda, excluyendo a las mayorías sociales del goce efectivo de derechos esenciales.
El informe identifica como raíz constitucional del problema los Artículos 19 números 21 al 25 de la Constitución de 1980, que establecen el denominado “orden público económico” basado en la propiedad privada como dominio absoluto y la libertad económica como libertad negativa, priorizando la protección de intereses de mercado por sobre la garantía universal de derechos sociales.
Infracciones Específicas al Pacto Internacional de DESC
Derecho a la Seguridad Social
Las organizaciones denuncian violaciones al principio de integridad y suficiencia del sistema previsional, señalando que el 85% de las pensiones pagadas por las AFP son menores al salario mínimo. El informe destaca que las mujeres reciben pensiones promedio de apenas 18,9% del salario previo al retiro, evidenciando discriminación de género sistemática.
El sistema privado de pensiones es cuestionado por no cumplir las recomendaciones de la OIT de 2000, que establecían que debería ser administrado por organizaciones sin fines de lucro, con participación de los asegurados y mayor contribución patronal.
Derecho a la Salud
Se documenta contravención al principio de accesibilidad mediante el sistema dual público-privado que consagra legalmente la discriminación económica. Las Isapres mantienen tablas de factores que permiten cobrar hasta el doble a mujeres y hasta cinco veces más a adultos mayores, vulnerando el principio de no discriminación.
La Asociación Nacional de Consejo de Salud Pública reporta 2.862.379 personas en listas de espera para especialidades médicas no GES a marzo de 2024, concentrándose el 59,7% de los especialistas solo en la Región Metropolitana.
Derecho al Trabajo y Libertad Sindical
El documento denuncia discriminación salarial sistemática contra educadoras diferenciales, quienes siendo profesionales tituladas universitarias no reciben el complemento por mención de la Bonificación de Reconocimiento Profesional, perdiendo mensualmente hasta $79.287.
Se alerta sobre medidas de represión sindical implementadas por la Contraloría General de la República desde 2025, que establecen «doble castigo» a trabajadores de la educación pública: descuento salarial por días de paro y exigencia simultánea de recuperación de jornadas, vulnerando convenios fundamentales de la OIT sobre libertad sindical.
Derecho a la Vivienda
Más de 2,2 millones de personas se encuentran afectadas por la crisis habitacional, viviendo de allegados o en condiciones precarias. El informe señala que Chile transformó constitucionalmente la vivienda social en un componente del mercado inmobiliario, abandonando su concepción como derecho social.
Marco Normativo Internacional Vulnerado
Las organizaciones fundamentan sus denuncias en múltiples instrumentos internacionales ratificados por Chile, particularmente:
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 2, 6, 7, 9, 10, 11 y 12)
- Convenios fundamentales de la OIT (números 87, 98, 100, 111, entre otros)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 17 y 21)
- Observación General N°14 del Comité DESC sobre el derecho a la salud.
El informe destaca que la Corte Suprema chilena ha reconocido el carácter supra-constitucional de las normas internacionales de derechos humanos, especialmente en materia de derechos sociales, económicos y culturales.
Recomendaciones al Estado Chileno
Las organizaciones proponen modificaciones constitucionales y legales estructurales, incluyendo:
En salud: Consagración constitucional del derecho conforme al PIDESC, eliminación de elementos discriminatorios de las Isapres, fortalecimiento de FONASA como seguro único universal y aumento presupuestario para eliminar listas de espera.
En seguridad social: Reformulación del sistema para garantizar principios de universalidad, integridad y participación de cotizantes, con extensión de protección a cuidadores masculinos.
En trabajo: Adaptación del salario mínimo a estándares de diálogo social OIT, eliminación de discriminación contra educadoras diferenciales, y garantías de ambientes laborales libres de violencia.
En vivienda: Establecimiento constitucional del derecho inalienable a vivienda adecuada, con obligación estatal de garantizar acceso directo y regulación del mercado
Contexto de la Evaluación Internacional
El informe se presenta en vísperas de la evaluación que realizará el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU al 6° Informe Periódico de Chile, proceso que permitirá el escrutinio internacional del cumplimiento del Estado chileno de sus obligaciones bajo el Pacto Internacional de DESC.
Esta evaluación coincide con un momento de creciente tensión social en Chile, donde según el informe, el modelo neoliberal ha generado una «precarización de la vida» ante la falta de garantías de derechos fundamentales, debilitando la vida familiar, descomponiendo lazos comunitarios y profundizando la separación entre ricos y pobres.
El documento concluye solicitando al Comité que emita observaciones e instrucciones vinculantes al Estado chileno para el efectivo cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estableciendo un precedente importante para la protección de los derechos sociales en el país.