“Se ha creado una falsa polémica” enfatizó la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, por la posibilidad de presentación de un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo sin causales. Precisó que no se presentará este año y que debe haber un diálogo respecto a la iniciativa. En otro tema abierto desde un grupo de la DC, que incluyó amenazas si no hay proyecto de voto obligatorio, la ministra de la Segegob sostuvo que “creemos que el voto obligatorio llegó para quedarse y no tenemos ningún problema en evaluar solicitudes” para aplicar ese mecanismo.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 03/10/2022. A través de la vocera de La Moneda, Camila Vallejo, el Gobierno salió al paso de “falsas polémicas” levantadas desde la derecha y un grupo de legisladores de la Democracia Cristiana (DC), en cuanto a iniciativas relacionadas con la interrupción voluntaria del embarazo sin causales, y el establecer el voto obligatorio en las elecciones y consultas a la ciudadanía.
La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), sostuvo que “se ha creado una falsa polémica” respecto a un posible proyecto de aborto, y mostró la apertura de la administración del Presidente Gabriel Boric respecto a una iniciativa para instalar el voto obligatorio en los procesos electorales del país.
Fue la respuesta de Camila Vallejo ante advertencias y amenazas que surgieron en vocerías desde la derecha y un grupo de la Democracia Cristiana en relación a esos dos asuntos.
Interrupción del embarazo
El tema de posible proyecto de aborto sin causales se abrió por las palabras de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, quien en el programa televisivo Tolerancia Cero, refiriéndose a la iniciativa de los legisladores de extrema derecha, Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, ambos del Partido Republicano, para derogar el aborto y aumentar las condenas por este procedimiento.
“Quiero ser bien clara: no ha lugar propuestas como la que han planteado dos diputados republicanos. O sea, no sólo queremos avanzar, no vamos a permitir que se retroceda”, indicó la ministra, en tácita alusión a la legislación vigente que permite el aborte en tres causales (violación, peligro de vida para la mujer e inviabilidad fetal).
Recalcó Antonia Orellana que “lo que ellos plantean es bien grave. Me voy a abstraer de la cuestión de las formas, que luego las podremos discutir, pero lo que plantean es precisamente penalizar por 10 años (a mujeres que aborten), eso es más que la pena que hay hoy, porque efectivamente hoy en Chile no hay mujeres presas por abortar, porque como la pena es baja, se termina con otras salidas judiciales. Pero con otra pena de 10 años sí habría mujeres en la cárcel. Entonces quieren profundizar en la penalización”.
Hablando de un posible proyecto de interrupción de embarazo sin causales, manifestó que “hemos iniciado conversaciones con grupos de organizaciones de mujeres, de las ginecólogas, de los colegios profesionales y también con los movimientos feministas, para discutir respecto a un compromiso que tenemos como Gobierno que es el avance de los derechos sexuales y reproductivos”.
Y añadió: “Hay una decisión de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero eso, y es nuestro compromiso como Gobierno feminista, no lo hacemos a la ‘tincada’ nuestra. Se hace dialogando con las organizaciones, porque esos avances nunca se han logrado sin movimientos de mujeres”.
Ante eso, surgieron cuestionamientos desde la oposición de derecha e interpretaciones en titulares y notas periodísticas, en lo que sería la intención del Gobierno de presentar este año una iniciativa para la interrupción voluntaria del embarazo sin causales, y que eso no estaría dentro de las prioridades del país.
El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, declaró que el tema es “una cuestión importante en la agenda de la UDI, como es la defensa al derecho de la vida”, en la línea de no respaldar ese tipo de proyectos relacionados con derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Luego traspasó el asunto a la participación de la derecha en el nuevo proceso constituyente y otras discusiones en el Parlamento, en un tono de advertencia. “Vamos a seguir conversando en el tema constituyente”, apuntó Macaya, pero advirtió que “son situaciones que van de alguna manera generando algún ambiente que se empieza a opacar”. El presidente de la UDI hizo que ver que proyectos relacionados con el derecho al aborto es algo sensible y que plantearlos “obviamente afecta las conversaciones” en el proceso constituyente.
María José Hoffman, secretaria general de la UDI, hizo declaraciones en la misma línea, estableciendo también amenazas respecto a participar en conversaciones. “Para nosotros es mucho más difícil sentarnos a conversar cuando tenemos un Gobierno que lo que está haciendo es buscar el camino del enfrentamiento, en un tema doloroso, en un tema donde hoy existe el aborto en tres causales, más allá de que nosotros lo hayamos votado en contra”.
A las palabras de dirigentes de la UDI y otros representantes de la derecha y la extrema derecha, se sumaron versiones periodísticas de que esto habría “complicado” al Gobierno y colocado en una situación incómoda a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género.
Frente a esas y otras reacciones, la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, dijo que “se ha creado una falsa polémica por las declaraciones de la ministra Orellana. No olvidemos de dónde surge el debate, debido a las aberrantes declaraciones del diputado de ultraderecha (Cristóbal) Urruticoechea, que trató de instalar, con una misoginia preocupante, que las mujeres no se desviolaban y pretende hacer retroceder los avances históricos que las mujeres hemos conseguido”.
Agregó que “en ese contexto, la ministra (Orellana) fue muy clara en decir que como Gobierno no vamos a permitir que un grupo de parlamentarios haga retroceder avances históricos para las mujeres en nuestro país”.
La vocera de Gobierno precisó que este año no habrá iniciativa legislativa sobre aborto. “El proyecto no se va a ingresar ahora, sino que se abre un espacio de conversación, a propósito de declaraciones condenables de un parlamentario de ultraderecha”.
Abundando en el tema, Camila Vallejo manifestó que “ningún demócrata en nuestro país, en pleno siglo XXI, puede oponerse a que se abran espacios de diálogo sobre lo que es la salud de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos”.
Añadió que “eso es lo que está haciendo nuestro Gobierno de manera responsable, al mismo tiempo que trabaja intensamente por combatir toda forma de violencia hacia las mujeres”.
Voto obligatorio
En las mismas horas de ese debate, en declaraciones al Portal El Mostrador, la senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, quiso abrir otra polémica, y de paso lanzó amenazas.
Dijo que “en materia de negociación del acuerdo para la continuación del proceso constituyente nosotros queremos señalar que no vamos a avanzar en ningún aspecto, si no se acuerda de manera clara y categórica que en cada una de las partes de este proceso y de cada una de las votaciones que vamos a enfrentar como país, van a tener que contar con voto obligatorio”.
Insistió en que “no van a contar con nuestros votos para un acuerdo si este tema no está en el acuerdo”.
A ella se sumaron los legisladores DC Matías Walker, Eric Aedo, Joanna Pérez y Miguel Ángel Calisto, el grupo exigió “discusión inmediata a este proyecto de ley que tuvo su origen en la Cámara de Diputados”, para tener voto obligatorio en los comicios.
La vocera de La Moneda, Camila Vallejo, sostuvo que “nosotros creemos que el voto obligatorio llegó para quedarse y no tenemos ningún problema en evaluar esas solicitudes de urgencias en el marco de la agenda legislativa. Son temas que profundizan nuestra democracia”.
Y sobre una iniciativa legislativa al respecto, señaló que “entendemos que es importante que estos diálogos se den con voluntad y se demuestre la voluntad que hay para avanzar con el sentido de urgencia ciudadano, más que una urgencia del Gobierno, con plazos establecidos”.
En contraste con el planteamiento de Rincón, Vallejo expresó que en el Gobierno “no estamos con el ánimo de poner condiciones ni plazos establecidos, sino más bien atender a que hay una urgencia ciudadana porque esto se despeje y exista certidumbre”.
En el marco de estas polémicas, la vocera de Gobierno no dejó de plantear que “también estamos preocupándonos y dedicándonos a otras prioridades ciudadanas como lo es la seguridad, la reactivación económica y el problema del desempleo y por cierto los derechos sociales y los apoyos que el Estado pueda dar en esta materia”.