La continuidad de filtraciones, la ausencia de respuestas y transparencia, no considerar el escrutinio público ni la desconfianza ciudadana, y el señalamiento de que hechos desde fiscalías socavan los cimientos democráticos, apuntan a la persistencia del descrédito del Poder Judicial.
«El Siglo». El Editorial. Santiago. 21/03/2025. Es obvio que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia (por cierto, con un reciente pasado laboral y de asesor vinculado a Renovación Nacional y la derecha), el Fiscal Patricio Cooper (ligado a largos procesos) y una desconocida lista de funcionarios del Ministerio Público, no van a reconocer errores, fallas y faltas a la labor pública, que se ha detectado en bochornosas y estridentes filtraciones de mensajes de WhatsApp dañando, entre otras personas, a la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados.
No fue la primera y quizá no será la última filtración que salga del Ministerio Público. Es decir, no se puede tener plena confianza en los resguardos de esa entidad. Menos quienes estén sometidos a investigaciones o formalizaciones. Que se afirme que las filtraciones obedecen a un «problema estructural», da cuenta de la magnitud del problema.
En los últimos años han sido indagados y procesados fiscales, abogados, jueces y juezas. Quedó demostrado que el Poder Judicial está literalmente penetrado por personeros políticos y poderes fácticos.
Y cuando se les exige explicaciones sobre qué está pasando, o se piden aclarar especulaciones, o que se transparente episodios, los altos funcionarios responden agresivamente, no logran explicar o transparentar nada y, peor, emplazan a quienes plantean las críticas y las interrogantes, a que sean ellos los que presenten pruebas o antecedentes.
Se dice que se está investigando, que hay preocupación, pero hasta hoy no aparece un solo o una sola responsable de, por ejemplo, las filtraciones.
Todo acrecienta el abuso, la mediocridad, la «chantería», los despropósitos del Poder Judicial y en particular de la Fiscalía Nacional. También crece la desconfianza y la frustración de la ciudadanía.
Para peor, a esos personajes -de distintos niveles- de las entidades judiciales no parece importarles el escrutinio público y saben de la impunidad.
Algo sumamente importante es que, invisibilizado, esto afecta tremendamente a ciudadanas y ciudadanos que al final no tienen a quién recurrir y desconfían de los organismos judiciales.
Por algo se dijo que esta situación «socava los cimientos democráticos», instancias del Poder Judicial se deslegitima y la gente resiente una desprotección, con aumento en la falta de credibilidad en organismos del Estado.
Un cuadro que se suma al desprestigio de instituciones y que termina por desvanecer aquella idea de un sistema judicial chileno pulcro, autónomo, neutral y eficaz.
Hay aquí un desafío-país que sería bueno comenzar a encararlo con presentar y sancionar a funcionarios que violan normas y confidencialidades. También en establecer mecanismos para entregar información fidedigna, transparente y oportuna sobre casos de impacto nacional que comprometan el adecuado funcionamiento de todas las instituciones del Estado.