El asesinato de la periodista Francisca Sandoval es un atento al ejercicio del periodismo, al derecho a la información, a la libertad de prensa, y revela que no existiría protección para quienes en Chile ejercen la actividad de comunicadores. Es muy doloroso y grave lo ocurrido. No se pueden medir todavía las consecuencias a nivel nacional e internacional. No se debe subestimar o relativizar este hecho, porque no tiene que ver sólo con la prensa, tiene que ver con la institucionalidad, con la capacidad del Estado, con las políticas de seguridad pública, con el rol de las policías y con la sanidad democrática.
El Editorial de “El Siglo”. Santiago. 12/05/2022. La comunidad nacional e internacional está consternada por el asesinato de la periodista Francisca Sandoval. Chile pasa a integrar la lista de países con comunicadores ejecutados, en diversas circunstancias. Es consecuencia de una realidad que se arrastra hace tiempo.
Hubo reacciones de autoridades de distintos niveles lamentando el hecho. Un hecho grave, gravísimo, donde no basta lamentarse. El crimen de Francisca Sandoval no debe quedar impune. El Presidente Gabriel Boric ya declaró que “no permitiremos impunidad”.
Hay un detenido que podría ser el autor del disparo que mató a la reportera del Canal de TV Señal 3 de La Victoria. Pero ese día, de acuerdo a varias indagaciones, imágenes y testimonios, hubo al menos diez delincuentes que hicieron disparos directamente a un grupo de reporteras y reporteros que cubrían una marcha del Primero de Mayo.
Junto a eso, evidencias de que delincuentes, incluso que portaban armas, sostuvieron diálogos con personal de Carabineros de Chile, algo que transcurridos muchos días, no se termina de aclarar y se podría estar ante otro montaje como los ya realizados por oficiales, suboficiales y funcionarios de la policía uniformada.
El contexto del asesinato de la comunicadora en un área de la capital chilena, es de la incapacidad de autoridades de Interior, municipal y policial, desde hace mucho tiempo, de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, así como la protección de los comerciantes y vecinos del sector, proliferando al menos hace un par de años, bandas criminales que, entre otras cosas, ocupan armas de fuego de distinto calibre.
Hace semanas, esos delincuentes dejaron heridos a estudiantes secundarios, y hace tiempo amedrentan y abusan de vendedores ambulantes. Ahora se vive una dramática consecuencia de aquello. Las cosas están en tal nivel, que uno de los delincuentes con arresto domiciliario producto de los hechos delictivos del 1 de mayo, salió a las calles sin problema alguno.
El asesinato de Francisca Sandoval es un atento al ejercicio del periodismo, al derecho a la información, a la libertad de prensa, y revela que no existiría protección para quienes en Chile ejercen la actividad de comunicadores, en distintos ámbitos. Es algo muy grave que, seguro, poderes fácticos y élites, tratarán de ocultar y bajar el tono en los próximos días.
Hay que sumar a decenas de periodistas, comunicadores, fotógrafos y camarógrafos de diversidad de medios de prensa que han sufrido ataques criminales, tanto de Carabineros y uniformados, como de delincuentes y grupos capaces de atacar a los profesionales del periodismo. Hay trabajadores con pérdida de ojos, con traumatismos, con secuelas para su salud, y no se debe olvidar que junto a Francisca Sandoval fueron heridos de bala otros dos comunicadores en el mismo lugar, de Radio 7 de Puente Alto y Piensa Prensa.
¿Hasta dónde puede llegar todo esto? Depende de un cuadro general que se vive en el país y de diversos factores y actores, no sólo del Gobierno.
Algo imprescindible es avanzar en medidas de protección para quienes ejercen la labor de informar, en cualquier plataforma y formato periodístico, y en eso se debería dar prioridad a proyectos de ley destinados a contar con una mejor legislación.
También que Carabineros deje de reprimir a la prensa y efectúe con eficiencia su labor, algo que no ocurrió en torno del episodio donde murió baleada Francisca Sandoval.
Ahora se debería tener en cuenta con mayor énfasis el daño criminal que la delincuencia y el narcotráfico puede hacer al ejercicio del periodismo en Chile, como ya ocurre en otros países de la región.
Es muy doloroso y grave lo ocurrido. No se pueden medir todavía las consecuencias a nivel nacional e internacional. No se debe subestimar o relativizar este hecho, porque no tiene que ver sólo con la prensa, tiene que ver con la institucionalidad, con la capacidad del Estado, con las políticas de seguridad pública, con el rol de las policías y con la sanidad democrática.