Documento dado a conocer por la ministra del Interior, Carolina Tohá, se plantean objetivos y medidas como aumento de dotaciones y reforzamiento de las policías, extender planes de educación y prevención entre niñas, niños y adolescentes, mejorar condiciones de espacios públicos, fortalecer el trabajo y coordinación a nivel municipal y con gobiernos regionales, perfeccionar todo lo relacionado a la circulación y aumento de armamento y acelerar tramitación del proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 31/01/2023. En un documento de 14 páginas y 5 puntos fundamentales, el Gobierno presentó su hoja de ruta para asumir tareas y objetivos en materia de seguridad pública, un tema que cruza de manera intensa la agenda nacional.

En el texto se indica que “el Gobierno de Chile ha trabajado con las fuerzas políticas, sus parlamentarios, las asociaciones de municipalidades y de gobernadores regionales en la elaboración de una agenda de medidas en seguridad para responder a esta sentida prioridad ciudadana”.

En una tácita crítica a los partidos y legisladores de la derecha que se retiraron de la “mesa de seguridad” por indultos otorgados por el Presidente, Gabriel Boric, negándose a ser parte de los esfuerzos en esta materia, en el documento se apunta que “los legítimos debates de la democracia no pueden traducirse en postergar decisiones urgentes que el país debe tomar, ni derivar en un clima de confrontación y recriminaciones que impida avanzar con respuestas serias y fundadas en la evidencia, para prevenir la delincuencia, enfrentarla con decisión y revertir el clima de inseguridad que nos afecta”.

En tono de persistir en la convocatoria a un esfuerzo común, desde el Gobierno se dijo que “superando diferencias, impulsaremos este conjunto de iniciativas legales y de política pública que significarán un salto relevante en las capacidades del país en la materia. El Gobierno de Chile se compromete con esta agenda e invita a los diversos actores a enriquecerla y suscribirla”.

Con esta hoja de ruta se espera avanzar de manera consistente en cuanto a seguridad pública, atendiendo una integralidad de problemas y situaciones, priorizando por las víctimas, reforzando a las policías y avanzando en medidas concretas.

Los puntos principales del plan están referidos a prevención y víctimas, control, persecución y sanción, institucionalidad y policías.

En cuanto al primer punto, se señala que “tenemos evidencia consistente que nos muestra cuáles son las circunstancias en que la vida de un niño, niña o adolescente puede derivar en una carrera delictual. La deserción y el fracaso escolar, el contexto de maltrato y violencia familiar, la ausencia de liderazgos positivos, la falta de alternativas sanas para el tiempo libre y la falta de oportunidades son gatillantes de esos procesos”.

Se plantea, a partir de aquello, “extender Programa Lazos desde 56 a 95 comunas en su versión de intervención integral durante los próximos 3 años, lo que permitirá estar presente en las comunas que tienen más de 50 mil habitantes” y desarrollar un “plan intensivo de actividades curriculares y extracurriculares para estudiantes con riesgo de abandono o baja asistencia escolar”.

Se menciona la importancia de los Municipios y Gobiernos Regionales en el tema seguridad y se señala: “La gestión del territorio y el trabajo directo con las comunidades es fundamental en la prevención, y el rol de los municipios y los gobiernos regionales en ello debe ser fortalecido. Descentralizar no significa debilitar el papel del gobierno central sino articularlo con el aporte de los municipios y las regiones. El mando de las policías y las políticas de control, persecución y sanción seguirán radicadas en el gobierno nacional, pero en materia de prevención se avanzará hacia una función compartida entre los tres niveles de gobierno asegurando su consistencia mediante los lineamientos de la política y los estándares técnicos establecidos desde el Ministerio del Interior y, a futuro, desde el Ministerio de Seguridad”.

Entre los objetivos se señalan el “desarrollo desde SUBDERE de programas de capacitación para inspectores municipales de seguridad y fiscalizadores. Posibilidad de que los inspectores de seguridad municipal puedan participar en la verificación del cumplimiento de medidas cautelares y de protección. Posibilidad de que los inspectores de seguridad municipal puedan, cuando retengan personas sorprendidas en delitos flagrantes, trasladarlas a las instalaciones policiales para ponerlas a disposición de Carabineros o PDI, previa autorización de las policías”.

En la hoja de ruta se plantean, en ese marco cambios como  el mejoramiento de las condiciones urbanas, semiurbanas y rurales,  promoción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos vecinales, se establecerá como un delito agravado la agresión de fiscalizadores o funcionarios municipales de seguridad que porten identificación visible, dotar a los Gobiernos Regionales de competencias en materia de prevención del delito así como de protección y apoyo a víctimas,  integración de los GOREs en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a través del o la presidenta de la Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile.

También se plantea mejorar los mecanismos de coordinación y trabajo entre los estamentos público y privado.

Desde el Gobierno siempre se ha planteado la necesidad de recuperación de espacios públicos como parte de políticas de prevención de la delincuencia. En el documento dado a conocer se sostiene la necesidad de un “plan de recuperación de espacios públicos deteriorados coordinado con municipios y gobiernos regionales impulsado desde Subdere con participación de MINVU, MOP, Ministerio de Transportes, Ministerio de Economía, Ministerio de las Culturas y Ministerio del Deporte”. La “activación nocturna de espacios públicos: apoyo durante 2023 a iniciativas municipales mediante fondos de Subsecretaría de Prevención del Delito y Subdere…de respiraderos de Metro: plan impulsado desde la empresa y coordinado con los respectivos municipios durante 2023”.

Además: “Programa de Senda de educación para prevenir consumos problemáticos de alcohol y drogas en establecimientos educacionales diurnos y nocturnos; legislación para controlar los arriendos irregulares; mayor presencia del Estado en los barrios vulnerables expuestos a la “narco beneficencia” y al control territorial por parte del narcotráfico”.

En un capítulo sobre género, entre otras cosas se plantea el “reconocimiento, prevención y respuesta a la violencia intrafamiliar (VIF), a través de la incorporación de este delito dentro de las categorías del reglamento STOP para su seguimiento y priorización durante primer semestre de 2023. Apoyo a la creación de protocolo integral interinstitucional para enfrentar casos recurrentes de violencia de género que está siendo coordinado desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Coordinar, junto al Ministerio de Justicia, la realización de programas de apoyo, rehabilitación y reinserción social de mujeres condenadas por la ley 20.000, así como el apoyo social a sus hijos expresado en el presupuesto 2024”.

Hay un capítulo dedicado a las víctimas de la delincuencia. Y se señala que se promoverá una indicación “a proyecto de ley que crea el Servicio de Atención a Víctimas para incorporar el otorgamiento de representación jurídica con mismos estándar de Defensoría Penal Pública para las víctimas de los delitos más violentos. Se comenzará con catálogo que incluya a lo menos todo el espectro de delitos de homicidios (consumado o frustrado) y violaciones. Financiamiento enmarcado dentro de recursos previstos en la reforma tributaria. Indicación presentada durante el primer semestre de 2023”.

Habrá una Cartilla de derechos de las víctimas ante Ministerio Público, similar a derechos del paciente, regulado por ley.

“Mecanismo administrativo del SII para eximir el pago de contribuciones a los propietarios cuyos predios o inmuebles han sido tomados cuando exista una solicitud de desalojo que el Estado no ha logrado completar. También incluirá rebaja de contribuciones para propiedades afectadas por incendios intencionales efectuados por terceros.

 

Circulación y porte de armas

Sobre el sensible y sostenible aumento de circulación de armas y mejorar los controles y acciones, se señala el “aumento de la pena, eliminando el grado inferior, para quienes sean sorprendidos portando armas sin el debido permiso en lugares altamente concurridos. Poner suma urgencia durante marzo de 2023 al proyecto de ley presentado…sancionar el porte de sustancias combustibles utilizadas para la fabricación de bombas artesanales o molotov en contexto de desórdenes públicos. Presentación del proyecto en el mes de marzo de 2023…mejorar el control y fiscalización de armas de fuego y municiones mediante el aumento de la cobertura y la incorporación de modelos de riesgo que permitan focalizar los recursos en la fiscalización de grupos y territorios más vulnerables al
desvío de armas. Se busca que la fiscalización contribuya a identificar los puntos enque esto ocurre…fortalecer los sistemas de trazabilidad de armas de fuego asegurando la disponibilidad de recursos tecnológicos y sistemas de identificación balísticos adecuados, interconectados y en cantidad suficiente para la provisión oportuna de información a la investigación criminal…adquisición de Sistemas de Sistemas de Identificación Balística para Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones…unificación de bases de datos de identificación balística de ambas policías y conexión de las dos bases con el Banco de Pruebas de Chile…concretar Sistema Nacional de Huella Balística limpia, que permitirá contar con la huella “digital” de toda arma registrada en el país, la conexión con sistemas internacionales y digitalizar las huellas balísticas de armas civiles y del Estado…fortalecer el control de armas, municiones y piezas destinadas a la fabricación ilícita de armas de fuego en las fronteras, mediante la adquisición y puesta en marcha de tecnología para la detección de contrabando y la capacitación permanente de los funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas y policías en esta materia…convenio entre la Subsecretaría del Interior, el Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General de Movilización Nacional para la capacitación de funcionarios de Aduanas por parte de la Dirección General de Movilización Nacional para la identificación de piezas y componentes de armas…mejorar las capacidades de control del Servicio Nacional de Aduanas para fortalecer el control de fronteras, a través de la adquisición equipamientos como rayos RX, paletas detectoras de metales, equipos detectores de drogas y electrómetro de masa portátil”.

Control Fronterizo

Se sostiene el “incorporar en el algoritmo de distribución policial la existencia de fronteras a resguardar(durante 2023). Capacidades especializadas para el personal de las policías y las fuerzas armadas a cargo del control de las fronteras. Se estudiará en una mesa de trabajo con parlamentarios y ejecutivo presentará propuesta a fines de mayo de 2023. Modificación de la ley N°21.325 en materia de expulsión administrativa para simplificar su materialización (evacuado de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, se pondrá suma urgencia en marzo). Intensificación del trabajo consular con Bolivia a propósito de las reconducciones incorporando a congresistas a través del Parlamento Andino (en curso). Modificar la ley N° 20.430 sobre protección de refugiados para realizar análisis previo antes de ser reconocido como solicitante de refugio (agosto de 2023). Ampliación de la disponibilidad de zetros (vehículos/casas móviles) para policías que patrullan las fronteras habilitados para garantizar desplazamientos y habitabilidad en ese tipo de territorios. Compra progresiva durante 2023 y 2024. Habilitar el control de identidad a personas que se ubican en zonas y rutas fronterizas con exclusión de los centros urbanos, incorporando la posibilidad de registro de vestimentas y equipaje (10 km). El Ejecutivo presenta proyecto en junio de 2023.

Infraestructura crítica

Se indica en el texto que “durante febrero de 2023 se dictará el decreto con fuerza de ley que regulará las atribuciones y deberes de las FFAA para el resguardo de áreas en zonas fronterizas, incluidas las reglas del uso de la fuerza”.

Se plantea extender el plazo máximo de detención para ejecutar la medida de expulsión administrativa desde 48 hrs a 96 hrs poniendo a disposición del juez. Ejecutivo presenta modificación en marzo de 2023”.

También conferir a Carabineros una función de colaboración en las tareas de fiscalización de la migración irregular. Indicación a proyecto de diputada Joanna Pérez durante abril de 2023”.

 

Tráfico y trata de personas

Se indica:

Presentar proyecto que permita entregar mejores herramientas para perseguir el delito de trata de personas, así como la protección de las víctimas.

Otorgar mejor protección a las víctimas de la trata de personas.Sustituir la expresión “prostitución” por “explotación sexual” en el artículo 411 ter del Código Penal.

Incluir en el delito de trata de personas, nuevas formas de explotación como la
mendicidad y matrimonio servil.

Realizar modificaciones a la ley 20.393 para que los delitos de trata de personas (en todas sus hipótesis) y el tráfico de migrantes sean considerados como conductas que puedan ser cometidas por personas jurídicas.

Crimen Organizado, Narcotráfico

En el documento se apunta a “seguir impulsando el proyecto de crimen organizado, el que se encuentra en tercer trámite y fue despachado por el Senado. Durante abril de 2023 presentación de proyecto complementario que permita levantar secreto bancario cuando hay sospecha de este tipo de ilícitos y el análisis anonimizado con inteligencia artificial de movimientos bancarios que permitan detectar flujos sospechosos”.

Se señala el “despacho del proyecto de Ley de Narcotráfico durante marzo. Incorporar a las empresas relacionadas con precursores de drogas como sujetos a reportar actividades sospechosas en UAF. Proyecto para el fortalecimiento de la Institucionalidad para la ejecución de bienes decomisados”.

Junto a la “actualización de la normativa que diferencia narcotráfico, microtráfico y consumo de drogas no autorizadas, con criterios claros que den certeza y eviten discrecionalidad”.

 

Delitos de mayor connotación social

Sobre este ámbito se indica:

Sancionar los actos preparatorios de sicariato.

Ampliación del tipo general de extorsión buscando su despacho durante el primer semestre de 2023.

Entrega de facultades a Gendarmería para ser auxiliares en la investigación y permitir que acceda al banco unificado de datos para el cumplimiento de su función como custodio.
Elevar penas en delitos de secuestro (proyecto presentado).

Establecer que detenciones sucesivas se consideren al definir prisión preventiva. Proyecto del Ejecutivo a presentar en julio de 2023.

Ocupación ilegal de predios e inmuebles

En el texto se destaca la “propuesta de iniciativa legislativa para facilitar la persecución y sanción de las ocupaciones ilegales que en la actualidad quedan prácticamente impunes”.

 

Ley antiterrorista

Se apunta que:

Ejecutivo desarrollará los estudios para la modificación a la ley vigente con el objetivo de tipificar el delito terrorista de una manera que permita su persecución efectiva, y de mejorar los instrumentos para su investigación y sanción. Se presentarán las respectivas modificaciones mitad del año 2023.

Sobre el Ministerio de Seguridad Pública

En la hoja de ruta se apunta a la necesidad de “acelerar tramitación del proyecto, incorporando dos definiciones: 1) aclarar expresión regional del Ministerio de Seguridad y del Ministerio del Interior a través de dos autoridades regionales de un rango superior al de los seremis, y 2) fortalecimiento del Ministerio del Interior, entregando al Presidente de la República facultades para reordenar sus atribuciones y competencias a través de un DFL. Estas indicaciones serán presentadas en mayo de 2023”.

Además, se señala que “complementariamente se presentará una reforma constitucional para transformar la actual figura del delegado presidencial en dos autoridades que asumirá sus actuales funciones: la jefatura del gabinete regional y la autoridad regional de seguridad.

 

Sobre las policías

Se sostiene:

• Promover formación avanzada de civiles en materias policiales y de seguridad.
  Establecer en el Ministerio de Seguridad competencias efectivas para llevar adelante el control civil de las policías de manera profesional y con continuidad institucional más allá de los ciclos políticos. Incorporado en el proyecto del Ministerio de Seguridad.
• Modernización de la carrera e institucionalidad policial en Carabineros.
• Fortalecer, especializar y profesionalizar las funciones preventivas de Carabineros,
  relevándolas su prioridad en la misión institucional y reforzando dichas funciones en la asignación de recursos y dotaciones.
• Ampliar las modalidades que permitan movilidad durante la carrera entre los escalafones de oficiales y suboficiales.
• Estudiar extensión de la carrera policial promoviendo la postergación de la edad de jubilación.
  Profundizar la actualización de las mallas curriculares, promover la especialización, y abrir la planta docente para diversificar las miradas en la formación.
  Continuar incorporando nuevos estándares de transparencia. Incluye avanzar en la entrega de información para autoridades locales sobre dotación policial. Estas medidas serán incorporadas en el avance de la reforma a las policías durante el año 2023.
  Asistencia jurídica en los mismos términos para todos los escalafones de Carabineros.
  Realizar estudio acabado respecto al estado de las viviendas fiscales de las policías y posibles brechas en esta materia, considerando las condiciones de habitabilidad.
  Regular por ley las reglas del uso de la fuerza (RUF).
• En el marco del proceso de revisión de los protocolos de actuación de Carabineros, evaluar la aplicación de nuevos tipos de armamento como la pistola eléctrica Taser.
  Patrocinio a la moción parlamentaria Ley Nain II para eliminar penas alternativas en caso de lesiones graves, graves gravísimas y homicidios.
• Asegurar que la jefatura regional esté a cargo de prefectos inspectores en todas las regiones porque actualmente hay cuatro que no tienen esta situación. Estándar será alcanzado durante 2024.
• Ampliación de la planta de asistentes policiales (función policial en PDI, equivalente a suboficiales): aumentar la dotación de asistentes policiales de 1.142, que existen actualmente, a 4.892, en 15 años a un ritmo de 250 al año. A financiarse con los recursos actualmente disponibles.

Contratación de oficiales policiales profesionales (profesionales contratados y formados en un año en lugar de cuatro): 200 nuevos oficiales policiales profesionales en dos años con cargo a los recursos proyectados en la reforma tributaria.
Contrataciones de oficiales profesionales de línea (detectives PDI regulares): 180 ya están considerandos en presupuesto 2023, se agregarían 120 más el año 2024. Financiamiento con recursos actualmente disponibles.

• Aumento de 900 plazas del personal llamado a servicio con cargo a los recursos proyectados en la reforma tributaria.
• Liberación de 577 funcionarios del personal de nombramiento institucional (PNI) a través de la ampliación de la comisaría virtual. Financiados con recursos actualmente disponibles.
• Aumento de la gratificación especial de riesgo a Carabineros que se desempeñan en las regiones Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta desde un 10% a un 30%. Las regiones de Atacama y Coquimbo de un 10% a un 20% y la región de Los Ríos de un 10% a un 20%.
• En el marco de un proceso de especialización de funciones, se considera excluir a Carabineros de la función de efectuar notificaciones reemplazándolos por otros funcionarios.