Santiago. 19/03/2025. El pasado miércoles 5 de marzo, un operativo policial en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, terminó con la errónea detención de dos jóvenes, primos de 21 y 23 años, quienes fueron acusados injustamente de haber participado en una encerrona que dejó a un carabinero en riesgo vital. El procedimiento no solo evidenció fallas en el actuar de las autoridades, sino que también derivó en graves acusaciones de abuso policial y exposición indebida en redes sociales.
Los hechos ocurrieron en Villa Frei, cuando los jóvenes se encontraban comiendo en una plaza luego de comprar comida en un local cercano. En ese momento, escucharon disparos y observaron a una persona en moto, sin distintivos policiales, sacando un arma y obligando a dos civiles a tirarse al suelo. Temerosos de estar presenciando un asalto, los primos decidieron correr hacia el departamento del padre de uno de ellos. Sin embargo, fueron interceptados por Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Ñuñoa, quienes procedieron a retenerlos sin dar mayores explicaciones.
Pocos minutos después llegó personal de Carabineros, quienes habrían golpeado a los jóvenes mientras estaban reducidos en el suelo. Sin realizar una verificación previa de los antecedentes o su posible implicancia en los hechos, los efectivos policiales los subieron a un vehículo y los trasladaron a la 18ª Comisaría de Ñuñoa.
La General Inspector Karina Soza, jefa de Zona Metropolitana de Carabineros, en el lugar de los hechos habló de dos personas detenidas, mayores de edad y de “rasgos chilenos”. “Se (están) realizan(do) pruebas de residuos de pólvora y análisis de vestimenta”, detalló. Finalmente, Carabineros informó que estos dos detenidos fueron liberados, por no tener participación en los hechos.
Según el testimonio de los jóvenes y sus familiares, al llegar a la comisaría fueron nuevamente agredidos. Les habrían quitado sus pertenencias de manera violenta y los lanzaron contra una pared, permaneciendo esposados y con visibles lesiones. Uno de los funcionarios de Carabineros procedió, además, a fotografiarlos con su teléfono celular. Estas imágenes comenzaron a circular en redes sociales minutos después, acusándolos falsamente de ser responsables del ataque al carabinero José Miguel Villegas.
Luego de permanecer un largo tiempo detenidos sin recibir información clara sobre su situación, los jóvenes fueron trasladados al CESFAM Salvador Bustos para constatar lesiones. Durante este procedimiento, fueron acompañados por el mismo funcionario que los habría agredido, lo que intimidó a los afectados, quienes no pudieron responder al médico sobre quienes los habían golpeado. Finalmente, sin pruebas que los vincularan al delito y sin haber sido formalizados, fueron liberados durante la madrugada del jueves 6 de marzo.
Reacciones y acciones legales
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) tomó conocimiento del caso y presentó una querella por apremios ilegítimos contra los funcionarios involucrados. Beatriz Contreras, jefa del INDH en la Región Metropolitana, indicó que se busca esclarecer las condiciones de la detención, la violencia ejercida en la comisaría y la difusión indebida de imágenes de los afectados.
Por su parte, Rodrigo Porras, padre y tío de los jóvenes, manifestó su indignación y dolor por lo sucedido. «Nos han hecho un daño enorme como familia y le hacen un daño a la institución», declaró en entrevista con medios nacionales.
Asimismo, anunció que han iniciado conversaciones con un abogado para emprender acciones legales adicionales, ya sea de carácter penal o civil, en contra del Estado y la institución policial. «Queremos que se desligue completamente a mi hijo y mi sobrino de este caso, que su nombre no quede manchado por algo que nunca hicieron», agregó.
Los dos primos han comenzado un tratamiento psicológico para lidiar con las secuelas del trauma sufrido. Además de las lesiones físicas, han expresado miedo y angustia ante la posibilidad de ser nuevamente vinculados erróneamente a delitos que no cometieron. «Estamos tratando de volver a la normalidad, pero esto nos ha marcado profundamente», afirmaron familiares en declaraciones a la prensa.
Consecuencias para Carabineros
Tras la difusión de las fotografías y la presión mediática, Carabineros informó la desvinculación del funcionario que tomó y filtró las imágenes de los jóvenes. No obstante, la institución no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias de agresiones físicas y psicológicas durante la detención.
Este caso ha reabierto el debate sobre los protocolos policiales y la vulneración de derechos en los procedimientos de detención. Diversas organizaciones de derechos humanos han exigido reformas estructurales para evitar que situaciones como esta se repitan.
El caso de los jóvenes detenidos injustamente en Ñuñoa es un reflejo de fallas graves en los procedimientos policiales y en el respeto a los derechos fundamentales. Mientras la justicia avanza en la investigación, la comunidad y diversas organizaciones sociales se mantienen alerta ante las medidas que se adopten para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir.