El término de las emisiones en vivo del canal La Red obviamente no ha sido materia de noticias en sus otros congéneres que se han dedicado con todos sus ímpetus a atacar la convención constitucional y encabezar una campaña propagandística contra el Apruebo y el gobierno de Boric.
José Luis Córdova. Periodista. 22/06/2022. El término de las emisiones en vivo del canal La Red obviamente no ha sido materia de noticias en sus otros congéneres que se han dedicado con todos sus ímpetus a atacar la convención constitucional y encabezar una campaña propagandística contra el Apruebo y el gobierno de Boric.
Para justificar la opción rechazo en el próximo plebiscito de salida del 4 de septiembre los canales acuden a cualquier soporte, como son el máximo líder de los empresarios, Juan Sutil y hasta el senador socialista Fidel Espinoza, aparte de connotados ex dirigentes de la fenecida Concertación.
Que el único medio de comunicación audiovisual independiente haya terminado sus transmisiones, presionado por el retiro de avisadores de la cartera comercial y las «recomendaciones» desde La Moneda y otros sectores del mundo de las agencias de publicidad es un gran retroceso en materia de derecho a la comunicación.
El costo de haberse convertido en el, único canal confiable, asertivo y pluralista no puede traspasarse a los trabajadores, cuyos sueldos e imposiciones estaban impagas hasta abril pasado antes de la huelga legal ni menos a los contenidos políticos antihegemónicos de la estación que dirigía el colega Víctor Gutiérrez.
Los más satisfechos por acallar estas tribuna pública son los integrantes del generalato de Carabineros, la alta oficialidad del Ejército, la derecha y el gran empresariado que, una vez más, consiguen sus espúreos objetivos contra la libertad de expresión y de prensa.
Vergonzosamente, entretanto, los demás canales comerciales se refocilan con los temas policiales, las encerronas, las balaceras y los graves problemas de seguridad que enfrenta la gente como si todo ello fuera responsabilidad del gobierno que acaba de asumir en el mes de marzo.
Efectivamente el orden público debe estar a cargo del ministerio del Interior (no solamente de la titular de la cartera), pero también debe contarse con la colaboración ciudadana, su participación en las decisiones (de distribución de fuerzas, vehículos y recursos por comunas y regiones), considerando el irrestricto respeto a los derechos humanos para impedir los abusos a los que estamos ya acostumbrados en medio de la represión desatada en las calles duranter cualquier manifestación pública de protesta.
Las expresiones solidarias de los trabajadores mineros de todo el país con los empleados, contratistas y proveedores de la fundición Ventanas que iniciará su proceso de desmantelamiento ha demostrado -pese a las ansias irrefrenables de los medios televisivos- que sin violencia, funas ni otras expresiones esperadas por los «periodistas» y comunicadores se consiguen objetivos.
Mientras, no cede la ofensiva contra la convención constitiucional y para tratar de desperfilar el histórico acto de entrega del proyecto de nueva Carta Magna programado para el 4 de septiembre que coronará uno de los hitos democráticos más trascendentes en la historia de Chile.
Por sobre las invitaciones o no a los ex presidentes de la República, lo más gravitante es la presencia e incidencia de mujeres, pueblos originarios e independientes en los debates y las redascción final de esta nuevo contrato social en nuestro país por el cual los mandatarios electos tras la dictadura se limitaron a expresarlo como un anhelo, un sueño o simplemente «fumar opio» sin que movieran un dedo por implementar un nuevo texto constitucional, salvo la última etapa del gobierno de Michelle Bachelet.
Por su parte el gobierno del presidente Boric, acicateado por el gran empresariado, la derecha y el llamado «socialismo democrático» (?) supera con esfuerzos el complejo proceso de instalación con la mirada puesta en sus compromisos programáticos y en las tareas de transformaciones estructurales necesarias. Nada más lejano de las pautas informativas de los canales de televisión que vuelven a farandulizar la política, banalizar la seguridad ciudadana y fomentar el morbo ante la delincuencia, del crimen organizado y el narcotráfico.
La muerte de un carabinero en extrañas circunstancias -indefenso ante un grupo fuertemente armado- no es explicado por las autoridades que hacen oídos sordos al clamor por saber quién y por qué tras uniformados fueron enviados a la muerte; asimismo la balacera en Espacio Riesco y las supuestas actividades antigubernamentales del general Luigi Lopresti, desde la Dipolcar son abordadas con liviandad y sin aquilatar su gravedad. Mientras, el cambio de nombre de «primera dama» por coordinación sociocultural» es presentado «noticiosamente» como si fuera un hecho de gran relevancia. De lo burdo a lo trascendental hay apenas un paso en televisión.