La democracia no es una fórmula única ni exportable. Existen democracias con otras lógicas de representación, participación y control social, surgidas de procesos históricos concretos. Cuba no es una anomalía autoritaria nacida del capricho ideológico, sino el resultado de una revolución popular que derrocó una dictadura sostenida por Estados Unidos y que ha debido sobrevivir, desde entonces, bajo condiciones excepcionales de asedio permanente. Evaluar su sistema político sin considerar ese contexto es deshonestidad intelectual.
Adrián Prieto. Santiago. 14/1/2026. Cuando el Presidente Gabriel Boric afirma que Cuba es una dictadura por tener un sistema político de partido único, no está haciendo una defensa de la democracia, sino repitiendo sin matices un marco conceptual impuesto por la hegemonía occidental. La idea de que solo la democracia liberal representativa es válida no es una verdad universal, sino una construcción histórica asociada al poder económico, militar y cultural de los países que hoy se arrogan el derecho de juzgar al resto del mundo.
La democracia no es una fórmula única ni exportable. Existen democracias con otras lógicas de representación, participación y control social, surgidas de procesos históricos concretos. Cuba no es una anomalía autoritaria nacida del capricho ideológico, sino el resultado de una revolución popular que derrocó una dictadura sostenida por Estados Unidos y que ha debido sobrevivir, desde entonces, bajo condiciones excepcionales de asedio permanente. Evaluar su sistema político sin considerar ese contexto es deshonestidad intelectual.
Asumir que el partido único es, por definición, sinónimo de dictadura es una simplificación que confunde forma con contenido. La democracia no se define por el número de partidos inscritos en una papeleta, sino por la relación real entre el poder político y la voluntad popular. Existen regímenes multipartidistas donde las decisiones estratégicas no se someten jamás al control ciudadano, donde gobiernan las élites económicas sin importar quién gane las elecciones y donde amplios sectores sociales quedan excluidos de manera estructural. La pluralidad formal no garantiza soberanía popular, y la competencia electoral, por sí sola, no agota la idea de democracia.
Del mismo modo, la democracia liberal no asegura necesariamente un ejercicio pleno de la democracia. En buena parte del mundo occidental, el poder efectivo reside lejos de la ciudadanía, capturado por intereses económicos, financieros y mediáticos que no se someten a votación alguna. Cuando elegir autoridades no permite incidir en las decisiones fundamentales, cuando los márgenes de lo posible están previamente definidos por el mercado y no por la deliberación colectiva, la democracia se convierte en un mecanismo de administración, no de transformación. Defender ese modelo como estándar universal no es neutralidad, es ideología.
Resulta igualmente erróneo, y políticamente irresponsable, equiparar a Cuba con Venezuela como si se tratara de realidades idénticas. Son procesos históricos distintos, con estructuras institucionales, trayectorias políticas y contextos internacionales profundamente diferentes. La comparación automática no busca comprender, sino deslegitimar. Funciona más como consigna que como análisis, y termina alineándose con una narrativa que reduce la política latinoamericana a caricaturas funcionales a intereses externos.
Conviene recordar que la libre determinación de los pueblos es un principio fundamental del derecho internacional, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Ningún Estado ni mandatario tiene autoridad moral ni jurídica para decidir desde fuera qué sistema político es legítimo para otro pueblo soberano. Defender la autodeterminación no es justificar acríticamente, sino rechazar la lógica colonial que pretende tutelar a los países del Sur bajo el pretexto de la democracia.
En este punto, resulta especialmente grave minimizar o relativizar el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba desde hace más de seis décadas. Se trata de una política deliberada de castigo colectivo, ampliamente condenada por la comunidad internacional, cuyo objetivo explícito ha sido provocar hambre, desabastecimiento y sufrimiento social para forzar un cambio político. No otorgarle a este factor la centralidad que tiene equivale, en los hechos, a aceptar que el hambre sea utilizada como herramienta de presión política.
La incoherencia se vuelve evidente cuando se condena a Cuba mientras se respalda sin matices al régimen ucraniano, ignorando la existencia documentada de grupos neonazis integrados en su aparato militar y político, así como las graves vulneraciones a los derechos humanos cometidas en ese conflicto. Los derechos humanos no pueden convertirse en un recurso selectivo, invocado o silenciado según conveniencia geopolítica.
Pero el problema de fondo no es solo Gabriel Boric. Es también una parte de la izquierda que ha ido perdiendo la disposición a incomodar, que mide cada palabra en función de su recepción y no de su contenido. Una izquierda que se muestra severa con los países pequeños y bloqueados, pero tolerante cuando una potencia decide, mediante sanciones y bloqueos, los márgenes de vida de otro pueblo.
Ahí está el punto ciego. No en Cuba, sino en la incapacidad de incomodar al poder real. Una izquierda que deja de cuestionar a quién impone las reglas del sistema internacional y empieza a reproducirlas para no quedar fuera del aplauso, deja de discutir de democracia, empieza a administrar el relato dominante y termina siendo lo mismo de lo que debería diferenciarse. Una postura como esta rara vez la historia la absuelve.