El coordinador de la Mesa del Sector Público, Carlos Insunza, apuntó a ese debate necesario y puso como ejemplo contingente la actual crisis sanitaria que afecta a niñas y niños. Llamó a una discusión seria y no a “este debate falso que se ha dado en torno a cifras de encuestas sobre la contratación del Estado”. Explicó cómo viene la materialización de la reducción de la jornada a 40 horas en el Sector Público. El dirigente sindical advirtió que se debe priorizar ahora “el compromiso programático para legislar en fortalecer la negociación colectiva, y particularmente, para ampliarla a la negociación ramal”.
Equipo “El Siglo”. Santiago. 20/6/2023. ¿Las organizaciones de la Mesa del Sector Público, quedaron satisfechas con la Ley 40 horas o hay pendientes?
Los trabajadores y trabajadoras de la Mesa del Sector Público, y las organizaciones integrantes de la MSP quedamos muy satisfechos con la aprobación de la Ley de 40 horas que cursó el año pasado. No porque estuviéramos incluidos, sabíamos perfectamente que no estábamos incluidos en el proyecto de ley que se estaba tramitando. Y en forma muy madura, las organizaciones de trabajadores del Estado comprendieron que era necesario concretar este avance para el Código del Trabajo, y los trabajadores y trabajadoras del sector privado, como una forma de afianzar la construcción de un avance sustantivo en materia de trabajo decente.
Sin embargo, estamos hoy en un proceso, que fue acordado con el Gobierno el año pasado, en el marco de la negociación del Sector Público, como parte de un conjunto de acuerdos en diversas materias, con la instalación de una Mesa de Trabajo para materializar la reducción de la jornada a 40 horas en el Sector Público. Esta Mesa de Trabajo está desarrollando un proceso de discusión del conjunto de las organizaciones y con la instalación de mesas sectoriales para abordar las particularidades de los distintos sectores de la administración del Estado (en salud, educación, los municipios, aquellas instituciones que trabajan 7×24, por ejemplo), en función de relevar sus particularidades. Esto, no sólo en función de visualizar, tal como se hizo en el proceso legislativo y el diálogo social que impulsó el Gobierno en la Ley de 40 horas para el Código del Trabajo, las formas de implementación más adecuadas para cada sector, sino por sobre todo, para garantizar, desde la preocupación de las organizaciones sindicales del sector público, que estos cambios sean realizados con foco en las necesidades de la ciudadanía y los usuarios de nuestros servicios, garantizando que no va a haber una merma del servicio público que prestamos y también evaluando los incrementos presupuestarios que son necesarios para complementar dotaciones e ítems de gastos de las instituciones públicas para avanzar en ese sentido.
En concreto, el acuerdo que tenemos con el Gobierno es que vamos a avanzar al mismo ritmo con el Código del Trabajo, es decir, con la reducción a 44 horas en enero del 2024, nivelando respecto de las normas estatutarias y posteriormente, tanto el Sector Público, como el sector privado, el 2026 y 2028, con dos horas de reducción progresivas.
Fortalecer la función pública y el trabajo decente
¿Cómo están viendo nuevas polémicas de modernización del Estado y cuestionamientos por muchos contratos por parte del Gobierno?
El debate del último tiempo respecto del Estado está muy cargado con elementos que poco y nada tienen que ver con la realidad del Estado que tenemos en nuestro país. Lo cierto es que todas las comparaciones internacionales y objetivas dan cuenta que tenemos un Estado pequeño, un Estado que gasta poco, incluso de manera insuficiente, que en términos laborales la fuerza de trabajo del Sector Público está por debajo de las medias de los países de la OCDE, pero incluso por debajo de la media de los países de América Latina. Chile necesita un fortalecimiento del Estado en función de garantizar los derechos de la ciudadanía y de permitir un mejor desempeño de la función pública.
Por lo tanto, este debate falso que se ha dado en torno a cifras de encuestas sobre la contratación del Estado, debe contrastarse con los datos de realidad. Y efectivamente, tenemos la preocupación de que no haya una suficiente respuesta pública de parte de las autoridades del Gobierno ante estas instalaciones que, si no se confrontan, van dejando huella. Lo hemos hecho desde el movimiento sindical. Hemos expresado y demostrado que se trata de una instalación que busca descalificar la función pública y a los trabajadores del Estado cuando los datos indican lo contrario. Lo cierto es que las brechas que todavía persisten en el mundo de la salud, en el mundo de la educación, en distintos servicios públicos para poder cumplir con la misión que la ciudadanía les ha encomendado, son claras y evidentes, y cerrarlas es una tarea que todavía tenemos por delante, en función de poder avanzar de mucho mejor manera.
En lo puntual, la instalación que se ha hecho, a partir de los resultados de la encuesta de empleo, dando cuenta de un supuesto crecimiento de 94 mil o 100 mil empleos públicos. La verdad es que son los encuestados los que responden, y existen sesgos e inexactitudes en dicho instrumento que el propio INE (Instituto Nacional de Estadística) ha relevado. Lo claro es que los datos administrativos dan cuenta que, por el contrario, en el primer trimestre del año 2023 las dotaciones del Estado Central se han reducido levemente, respecto del mismo periodo del año anterior, por lo tanto, es una cifra que no sólo está en discusión, sino que está demostrado que nada tiene que ver con la realidad.
El debate que requiere nuestro país es cómo fortalecemos la función pública para garantizar atención a la ciudadanía en todos los aspectos. Por ejemplo, en medio de una crisis sanitaria que afecta principalmente a los niños y niñas de nuestro país. Y nosotros estamos disponibles para hacer esa discusión, avanzar en los formatos de modernización que construyan Trabajo Decente en el Estado, un Estado de mejor calidad. Y en ese empeño están todas las organizaciones que integran la Mesa del Sector Público afiliadas a la CUT.
Salió la Ley de 40 horas, salario mínimo de 500 mil pesos, bonos y reajuste sector público, ¿qué demandas están ahora en la agenda de las y los trabajadores?
Evidentemente son avances a los cuales el Presidente de la República se refirió en su reciente Cuenta Pública. Qué duda cabe de que, en el ámbito laboral, encabezado por el Ministerio del Trabajo y la ministra Jeannette Jara, se han logrado avances significativos durante este año y tres meses de Gobierno. Claramente, el aspecto de mayor fortaleza es que el Gobierno ha podido desplegar una agenda positiva de avances, respecto a sus compromisos programáticos y las demandas de la ciudadanía.
Nosotros, desde la CUT, hemos planteado que si bien es justo reconocer estos avances, el impulso que se requiere en adelante no fue suficientemente expresado en la Cuenta Pública del Presidente. Por ejemplo, priorizando el compromiso programático para legislar en fortalecer la negociación colectiva en nuestro país, y particularmente, para ampliarla a la negociación ramal, que es una necesidad para avanzar en mayor justicia y equidad en el mundo del trabajo en nuestra sociedad.
Por parte del Sector Público, tenemos un Protocolo de Acuerdo desde el año pasado que ha comprometido la instalación de 20 mesas de trabajo, que se encuentran en distintos niveles de avance para abordar demandas de los trabajadores del Estado en materia de incentivo al retiro, fortalecimiento de la salud mental de los trabajadores y trabajadoras del Estado, de la seguridad funcionaria en el ejercicio de la función pública, así como diversos compromisos de carácter sectorial. Es decir, tenemos una agenda que en nuestra opinión avanza, quizás en forma un tanto lenta, con algunas descoordinaciones entre distintos órganos del Estado, pero con objetivos y compromisos claros.
Me parece que la principal impronta que no se puede perder en los periodos que vienen por delante, es la principal lección de los avances en materias laborales, que es la promoción del Gobierno, en este caso del Ministerio del Trabajo y el conjunto de ministerios y autoridades de Gobierno, de una dinámica de Diálogo Social que ponga prioridad en escuchar, atender e incorporar a las organizaciones sociales y sindicales al debate para hacer propuestas y ser un agente en la resolución de problemáticas que son de primera necesidad de la ciudadanía.
Para el sector público, este espacio es la Mesa del Sector Público. Esperemos que se agilicen las mesas de trabajo y que haya definiciones que nos permitan llegar a acuerdos importantes para legislar por distintas vías estas materias. Y más en general, la continuidad del Diálogo Social en materias laborales es fundamental para la agenda que proyecta el Gobierno, por ejemplo, la agenda de cuidados o de protección de la infancia, en todas ellas hay trabajadores y trabajadoras del Estado que tienen voluntad y capacidad de aportar de forma sustantiva. Pero particularmente en la agenda laboral, la consolidación, fortalecimiento y promoción de la negociación colectiva como un mecanismo fundamental de la democracia para redistribuir la riqueza, debe ser prioridad del Gobierno, y desde la Central lo vamos seguiremos insistiendo al respecto.
Alerta ante la automatización, la robotización, la incorporación de sistemas informáticos
¿Hay preocupación en el Sector Público por el teletrabajo, el avance tecnológico informático, la robotización, hasta la Inteligencia Artificial?
Yo no diría preocupación. A mí me parece que en el Sector Público hay una evaluación y una disposición a aportar en la modernización del Estado, particularmente de materias que implican la incorporación de nuevas tecnologías. Una de las Mesas de Trabajo que hemos acordado desarrollar es sobre Teletrabajo, en que tenemos la convicción de que no podemos seguir funcionando sobre la base de normas transitorias. El Estado requiere una regulación legal de la incorporación del teletrabajo que tenga en consideración múltiples factores, como las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, pero también, la necesidad de garantizar la continuidad de la función pública como tarea fundamental, y garantizar que los formatos de incorporación del teletrabajo al Estado no se hagan trasladando costos laborales a los trabajadores y trabajadoras. Es necesario objetivar criterios en materia de desconexión, normalizar las jornadas de trabajo en este formato para evitar que se transformen en mecanismos de flexibilidad y sobrecarga de los y las funcionarias. Sin duda, esto es parte de nuestras preocupaciones.
Nuestra alerta está puesta en que la automatización, la robotización, la incorporación de sistemas informáticos, siendo procesos que permiten incrementar la eficacia en el mundo del trabajo, no son por sí mismas capaces de resolver las problemáticas sociales de nuestro país o los requerimientos hacia la función pública. Esto es completamente absurdo. Finalmente, el servicio público es construido, implementado y garantizado por trabajadores y trabajadoras. Y, por tanto, no es una discusión entre tecnología y trabajo. Es una discusión para complementar y compatibilizar ambos elementos.
Tenemos la convicción que, en esa perspectiva, es necesario garantizar que el Estado se implemente garantizando su plena autonomía respecto de empresas que pueden capturar su función, e impedir que se justifique la tercerización o privatización de la función pública por esta vía. Porque finalmente, la experiencia nos ha demostrado que sin estos resguardos, la función pública termina siendo capturada o desvirtuada por entes privados que están únicamente en búsqueda de afán de lucro.
El Estado debe resguardarse de mejor manera frente a ello, teniendo en cuenta además que siguen existiendo sectores de nuestra sociedad que no tienen la posibilidad de incorporarse a la digitalización: los sectores rurales u otros, por razones de la brecha digital o de conectividad. Entonces, no se puede creer que la función pública se resuelve sólo sobre la base de incorporar tecnologías. Por sobre todo, requiere focalizar su opción por la efectividad, es decir, estar presentes cuando los ciudadanos lo requieren, en cualquier lugar del país.
¿Cómo evalúan la implementación de la Ley de Reajuste del año 2022 y la situación presupuestaria en función de las principales demandas y desafíos del sector público?
Los servicios públicos y el Estado han hecho durante estos últimos años, un enorme esfuerzo, en función de atender las necesidades ciudadanas en un contexto de pandemia y post pandemia, pero además de hacerlo en un marco de restricción presupuestaria y fiscal, que han significado enormes desafíos y sacrificios. Pero también, costos para la misión institucional de gran parte de ellos. Qué duda cabe, resultaba necesario un ajuste fiscal, ante un desbalance y déficit fiscal elevado, como el que dejó el Gobierno de Sebastián Piñera, requería avanzar en la dirección de cerrar esa brecha, que es lo que ha hecho el ministro (Mario) Marcel.
Sin embargo, el nivel de restricción y la velocidad a la cual se ha implementado el ajuste fiscal, están ya implicando hace tiempo, y así lo han representado las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de distintas reparticiones, que representan serias complejidades para mantener la atención de la ciudadanía y cumplir con las necesidades de la población.
En ese marco, y además teniendo en cuenta una situación económica que, si bien muestra indicaciones de leve mejoría y de consolidación de sus proyecciones para los próximos años, sigue estando débil en un componente fundamental como es la situación del empleo.
El Presupuesto 2024 requiere un cambio de dirección, que nivele las brechas que se han ido generando en distintas instituciones, que ponga foco en la eficacia de la función pública y de los nuevos proyectos que ha comprometido el Gobierno. Pero que también tenga a la vista la necesidad de reactivar la economía del país, particularmente en las áreas que tienen mayor capacidad de generación de empleo. Y por tanto, nuestras expectativas son que la rigidez y la profundidad de la restricción fiscal, tenga un giro relevante para el año 2024 que se haga cargo de las dificultades que esto ha generado, y permitan a los trabajadores del Estado cumplir con su tarea para con la ciudadanía, y a los servicios públicos nivelar situaciones que, sin, duda han ido generando complejidades, incluso en el funcionamiento más basal de estas instituciones.