En una medida inédita y arbitraria, el gobierno de Donald Trump decidió quitarle la visa de ingreso a Estados Unidos a tres altos funcionarios del gobierno chileno y a sus familiares. La medida obedece al enojo de las autoridades estadounidenses por avances de Chile con China en un proyecto de cable digital. El Departamento de Estado de EU está determinando que si funcionarios chilenos negocian y acuerdan con China, serán castigados. El embajador de EU en Chile habría hecho una tácita amenaza hace poco tiempo. No todo quedó en eso. El secretario de Estado, Marco Rubio, criticó al Presidente de la República de Chile y expresó que “al finalizar su mandato, el legado del gobierno del presidente Boric quedará aún más empañado por acciones que, en última instancia, socavan la seguridad regional a expensas del pueblo chileno”. El Presidente Gabriel Boric declaró que “no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se toman en Chile”. El gobierno chileno, en un comunicado de la Cancillería, señaló que se “condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país”.
“El Siglo”. Santiago. 20/2/2026. En una medida inédita, arbitraria y extraterritorial, el gobierno de Donald Trump decidió quitarle la visa de ingreso a Estados Unidos a tres altos funcionarios del gobierno chileno y a sus familiares.
Ellos son el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen. Sus familiares directos fueron incluidos en la sanción del gobierno estadounidense.
Las primeras versiones hablan de que esos funcionarios participaron en el proyecto “Chile China Express” (CCE) para generar un cable de fibra óptica que conecte directamente a Valparaíso con Hong Kong. Resulta que las autoridades de Estados Unidos (EU) determinan unilateralmente que eso afecta su seguridad y la de la región (sic). Es decir, el Departamento de Estado de EU está determinando que si funcionarios chilenos negocian y acuerdan con China, será castigados.
Es así que el comunicado de esa entidad en que se anuncia la sanción contra los integrantes del gobierno chileno, se indicó que ellos, “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.
El castigo a los funcionarios chileno lo dio a conocer Marco Rubio, secretario de Estado de Trump. En el anuncio se expresó que “estas personas y sus familiares directos quedarán en términos generales, inelegibles para ingresar a Estados Unidos y cualquier visa estadounidense que posean y sido revocada”.
Pretendiendo justificar la medida coercitiva, el comunicado de Rubio señaló que “durante estos cuatro años hemos trabajado intensamente desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones por ir mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile, entendiendo que es fundamental para la vida moderna. Dentro de esos proyectos avanzamos, por ejemplo, en un acuerdo con la empresa Google por cofinanciar un cable submarino que va a ir desde la región de Valparaíso hasta Sydney, convirtiéndose en el primer cable submarino del Pacífico Sur”.
De tal manera que el castigo se produce porque al gobierno de Trump no le parece que Chile, soberanamente, impulse un proyecto de cable submarino que se implementaría en un acuerdo entre Chile y China.
En el conocido discurso de priorizar por sus intereses, desde EU se planteó que se protegerá “la prosperidad económica y los intereses de seguridad” de Estados Unidos.
El ministro Muñoz expresó que “efectivamente, he sido informado recientemente de que la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente”. Y precisó que “nuestro país tiene una gran institucionalidad en que no discriminamos respecto a los orígenes de los distintos proyectos y analizamos cada uno en su debido mérito”.
Se supo que el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, “habría advertido” a las autoridades chilenas el enojo de su gobierno por el proyecto de cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong y habría manifestado la inconveniencia de que los chilenos avanzaran en ese trabajo con los chinos.
Aquella tácita amenaza se concretó este día con el castigo a altos funcionarios chilenos por parte del gobierno de EU.
No todo quedó en eso. El secretario de Estado estadounidense criticó directamente al Presidente de la República de Chile. “Al finalizar su mandato, el legado del gobierno del presidente (Gabriel) Boric quedará aún más empañado por acciones que, en última instancia, socavan la seguridad regional a expensas del pueblo chileno”, sostuvo Marco Rubio.
Y luego explícitamente alabó al presidente electo, José Antonio Kast. Expresó que “esperamos avanzar en prioridades compartidas, incluidas aquellas que fortalecen la seguridad en nuestro hemisferio, con la nueva administración Kast. Seguiremos utilizando todas las herramientas disponibles para promover la seguridad y protección de nuestra región”.
En estas horas ya legisladores y expertos chilenos indicaban que se trata de una medida arbitraria e injerencista de parte del gobierno de Trump, y que Rubio se inmiscuyó ofensivamente en asuntos internos de Chile.
Por cierto, ese personero está invitado a las ceremonias de cambio de mando presidencial el próximo 11 de marzo, y partidarios de Kast estaban preocupados que fuera molestado por manifestaciones de repudio a sus posturas agresivas y de injerencia indebida en otras naciones.
“No aceptamos imposiciones”: Presidente Boric
El Presidente Gabriel Boric, de gira en Rapa Nui, declaró que “no aceptamos imposiciones de ningún otro respecto a las decisiones soberanas que se toman en Chile”.
Enfatizó que “nosotros siempre, siempre, tomamos todos los resguardos, analizamos siempre todas las alternativas en conformidad a la ley chilena y al derecho internacional. Y yo puedo con total tranquilidad, con certidumbre, descartar que haya algún tipo de amenaza a la seguridad regional, nacional o hemisférica, como se afirma en este comunicado” del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Molestia del gobierno chileno
El gobierno chileno, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, hizo sabe a través de una comunicación que “condenamos esta medida de carácter unilateral que vulnera la soberanía de nuestro país”.
Y precisó que “presentamos una nota de protesta contra Estados Unidos a través de nuestro embajador” en Washington.
En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores se señaló que “el Gobierno de Chile expresa sorpresa ante el anuncio del Departamento de Estado de Estados Unidos en que se señala que se le ha revocado la visa oficial de ingreso a ese país a tres funcionarios del Gobierno, acusándolos de participar en actividades que socavan la seguridad regional”.
En el escrito se planteó que “el Gobierno de Chile rechaza estas acusaciones y descarta categóricamente participar en actividades que socaven la seguridad del continente o de terceros países. Del mismo modo, condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional”.
El Canciller chileno expresó que “nosotros no fuimos informados previamente de esta decisión y por esa razón procedimos a convocar al embajador de Estados Unidos, Brandon Jubb, para que nos explicara esta decisión. También para expresarle nuestra molestia y sorpresa frente a esta medida que afecta a un destacado ministro de Estado como es Juan Carlos Muñoz, que fue notificado de esta situación de forma escrita”.
Sobre el origen del enojo del gobierno de Trump, explicó que “estamos hablando de un proyecto que no ha sido aprobado, que está en evaluación y el proyecto que si fue aprobado por un cable submarino es otro. Allí participa una empresa de Estados Unidos y el que participa el gobierno de Chile, el cual está avanzando y fue ya inaugurado en dos ceremonias en las que participó el Presidente Boric”.
Van Klaveren expuso que “esta es una medida injusta, que afecta a un ministro que ha mostrado un compromiso tremendo ( ) Es una medida inédita de nuestro Gobierno, sobre todo tratándose de funcionarios de Estado y de carácter oficial”.