Hay apoyo internacional expresado por la ONU y países como Cuba, Chile, Noruega, y Ecuador que están dispuestos a emprender cualquier acción imprescindible para que estas negociaciones lleguen a buen puerto rápidamente.
Semanario Voz. Bogotá. 20/08/2022. El conflicto armado que vivimos desde los años 40 del siglo pasado tiene como causa problemas sociales y políticos que fueron tramitados por las élites mediante la represión, para de esta manera, evitar que sus privilegios, construidos sobre la base de la explotación del pueblo trabajador, no corrieran riesgos.
Conforme la guerra avanzaba, las históricas inequidades sociales se agudizaron, mientras los terratenientes, los banqueros, los grandes empresarios y las castas políticas fueron sacando más provecho de la violencia, pues no solamente la usaron como pretexto para evadir debates como el problema agrario o la apertura democrática, sino que además la utilizaron para amasar más riquezas y mantener al pueblo colombiano sometido y sumido en la miseria.
Así pues, el conflicto en Colombia se caracteriza por la guerra que los reducidos círculos del poder le impusieron a la sociedad, ya que la violencia ha sido el instrumento más eficaz con el que han podido mantener su proyecto que le produce grandes beneficios.
Las élites colombianas han basado su fortuna en la explotación del pueblo colombiano, el apoderamiento ilegal de las tierras, la exportación de materias primas, la especulación del capital financiero y la apropiación ilegal de los recursos monetarios de la nación. Simultáneamente, hacen entrega de la riqueza nacional, entre otros el oro, el petróleo y sus derivados a las transnacionales norteamericanas.
Como consecuencia de todos los entuertos anteriores la violencia es uno de los componentes de todos los males y falencias que afectan al país. Pero tan grave como esta, es que el modelo de desarrollo implantado en Colombia como resultado del orden mundial capitalista impuesto a las naciones dominadas por el imperialismo beneficia fundamentalmente a este y no a los países dependientes. En consecuencia, los trabajadores, los campesinos y la clase media resultan las principales víctimas de esta situación.
Como se ve dos son los problemas acuciantes del país: la violencia y el modelo político económico excluyente. La primera fue estimulada por la incapacidad del presidente Iván Duque impuesto por el Centro Democrático con la compra de votos y con el apoyo de sus aliados los narcotraficantes, y el monopolio charista. Como consecuencia de ello la violencia está disparada, las masacres se convirtieron en el pan de cada día y la corrupción llegó a niveles nunca vistos. Para colmo de males el presidente Duque hizo de las acciones contra la paz el objetivo principal de su gobierno. Por tanto, no aplicó ninguno de los puntos del Acuerdo de La Habana.
Cualquier gobierno interesado en cambiar nuestra realidad debe procurar una salida negociada a la guerra. Dos décadas de uribismo nos han demostrado la imposibilidad de finiquitar la confrontación por la vía armada. En consecuencia, para un gobierno como el del Pacto Histórico se convierte en prioritaria la salida negociada al conflicto armado. La consecución de la paz total con la insurgencia que se mantiene en la lucha es un imperativo, una condición sine qua non para acelerar las transformaciones que demanda la sociedad colombiana.
Por esa razón, la academia, los sectores democráticos, la opinión sensata del país apoyan la decisión de Gustavo Petro de iniciar los diálogos con el ELN y las disidencias de las extintas FARC. Para fortuna del país estos han aceptado la propuesta de diálogo del mandatario.
Para bien del país a la decisión del Presidente de implementar rápidamente los diálogos de paz se suma el hecho que el ministro Álvaro Leyva Durán es el funcionario más apto para orientar esos diálogos ya que a su talante pacifista suma la gran experiencia en labores de este tipo puesto que ha participado en todos los intentos de pacificación mediante diálogos que ha habido en el país.
A estos hechos positivos se suman el apoyo internacional expresado por la ONU y países como Cuba, Chile, Noruega, y Ecuador que están dispuestos a emprender cualquier acción imprescindible para que estas negociaciones lleguen a buen puerto rápidamente.
Otro hecho que permite observar con optimismo la actual coyuntura, es que el ELN y el gobierno están de acuerdo en que el actual proceso de diálogo debe comenzar en el punto en que quedaron las negociaciones cuando infortunadamente las acabó Iván Duque. Esto significa recuperar el tiempo perdido por la malhadada política guerrerista del Centro Democrático y ejecutada por el gobernante saliente.
Todos los elementos y factores que inciden positivamente en la política de paz del gobierno del Pacto Histórico están benéficamente alineados. Por eso hay un ambiente de optimismo en el país, ya se respira la tranquilidad y el bienestar que antecede a los hechos beneficiosos. Estamos seguros que tanto el gobierno como la insurgencia deben considerar que este es el momento para que se concreten en realidad las posibilidades de que este pueblo por fin tenga la paz que se le ha negado durante tanto tiempo.
El progreso, los anhelos de paz y la felicidad que el pueblo durante muchos años ha tenido exigen todas las acciones necesarias para que los diálogos de paz culminen satisfactoriamente. Por fin ha llegado para Colombia la hora en que prevalecerá la vida sobre la violencia y la muerte.