La Orden profesional emitió una declaración cuando se conmemoran 211 años de la publicación de la Aurora de Chile, el primer diario del país, donde destacó que en el escenario actual del país «se vulnera el trabajo de comunicadores y periodistas». Y recalcó que la mejor manera de enfrentar la desinformación en tiempos de fake news es con «una prensa que haga bien su trabajo de informar, centrada en la ética, el bien común y la defensa de los derechos humanos».
Mesa Nacional Colegio de Periodistas de Chile. 13/02/2023. A continuación declaración completa:
A 211 años de la impresión del primer diario nacional, la Aurora de Chile, y en un contexto de avance de la desinformación y vulneración a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, como organización defensora de derechos humanos en materia de comunicación reflexionamos sobre la situación de la prensa y las producciones culturales que han permitido emancipar el pensamiento en nuestro país.
Han pasado más de dos siglos y transitamos de la imprenta de Gutenberg a las redes sociales como medios para plasmar ideas, pensamientos, experiencias y anhelos, muchas veces en línea con la defensa de la libertad, la justicia y los derechos de la ciudadanía.
Para esto, desde el aprendizaje obtenido por la valiente apuesta de Camilo Henríquez, la prensa se transformó en un elemento clave para fortalecer la democracia moderna. Allí la importancia de periodistas, comunicadores y comunicadoras, quienes desde su rol deben sostener la misión de informar a partir de la veracidad, la ética y el bien común, de modo que en tiempos complejos, como los que vivimos, la ciudadanía pueda tomar buenas decisiones gracias a la información que la prensa pone a su servicio.
El Colegio de Periodistas de Chile tiene como propósito la promoción de la comunicación y defensa de la plena libertad de expresión, de opinión, de prensa y de información, en el marco del respeto integral de los derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de las Naciones Unidas. Sin embargo, cumplir esta labor se ha visto dificultada en un contexto de suma preocupación por los obstáculos que hoy enfrentan quienes cumplen la función de informar.
Desde nuestra organización hemos visto cómo periodistas, trabajadores y trabajadoras de la prensa han sido afectadas por diversos tipos de agresiones que ponen en riesgo la vida de quienes ejercen esta labor, así como la libertad de expresión. Desde el inicio de las protestas sociales en Chile -en octubre del 2019- hasta iniciada la pandemia, el Observatorio por el Derecho a la Comunicación sistematizó más de 400 casos de vulneración a la prensa generados por agentes del Estado y otros, que incluyen detenciones ilegales, agresiones por balín, traumas oculares, espionaje e incluso violencia político-sexual. A esto se suman amenazas a través de redes sociales, que afectan de forma particular a mujeres periodistas y comunicadoras y que apuntan directamente a acallar sus voces.
Recientemente fueron publicados los resultados del Índice de Chapultepec sobre libertad de expresión, que evalúa a 22 países de América. En esta última edición, Chile bajó cuatro puestos y se instaló en la categoría de “bajo en restricciones a la libertad de prensa”, en el sexto puesto. Si bien el informe reconoce que Chile no presenta exigencias o disposiciones desde el Estado que afecten a medios o periodistas, sí reconoce que los puntajes más bajos los exhibe en las categorías de protección a la prensa e impunidad.
Nuestra organización ha dicho fuerte y claro que informar no es un delito y que ejercer la libertad de prensa equivale a defender los derechos humanos. Por eso, durante estos últimos dos años desplegamos equipos de resguardo de periodistas, comunicadores y comunicadoras agredidas, generamos protocolos de apoyo legal y, en mayo del año pasado, respaldamos el ingreso en la Cámara de Diputados y Diputadas de un proyecto de ley de protección a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, elaborado por la diputada Nathalie Castillo, ex presidenta del Colegio de Periodistas de Chile.
Este proyecto de ley, que se basa en la ley modelo de UNESCO de protección a la prensa, toma los antecedentes levantados por las organizaciones de la sociedad civil, para prevenir hechos de violencia en contra de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones que se ejecuten en razón de su labor comunicacional. Además, busca reconocer a las y los trabajadores de la prensa como defensores de derechos humanos, al resguardar derechos civiles tan importantes como las libertades de expresión y de prensa. Así mismo, la propuesta propone establecer un marco normativo que contenga mecanismos efectivos de protección a periodistas y trabajadores de la prensa, que incluya medidas de investigación, sanción y reparación así como garantías de no repetición.
Esperamos que este proyecto de ley -que fue destacado en el mensaje presidencial del año pasado- avance exitosamente en el Congreso y sea valorado por los sectores políticos como una mejora real y contundente para este sector. Adicionalmente, valoramos el esfuerzo del Ejecutivo de levantar un diagnóstico a través del informe “Más Amplitud, Más Voces, Más Democracia”, realizado por tres universidades públicas, que constituye un insumo relevante para la reflexión sobre el sistema de comunicación que nuestro país necesita.
Es indiscutible que la prensa tiene un rol fundamental en el combate a la desinformación, las noticias falsas y los discursos de odio que proliferan en la virtualidad y que, lamentablemente, a veces se traspasan a los formatos informativos. La difusión de información no verificada y de datos falsos y sin contextos, corresponde a una realidad que también se da en Chile y que muchas veces es usada para aprovechamientos políticos sobre todo en contextos electorales.
Un dato sobre esto lo entrega SERVEL, organismo que recibió 863 denuncias durante el último proceso electoral, de las cuales 202 fueron por noticias falsas. Como SERVEL no posee atribuciones para controlar el contenido electoral, dichas denuncias ni quisiera pudieron ser investigadas.
Así mismo, se ha instalado la necesidad de que la ciudadanía tenga mejores herramientas para enfrentarse a los medios de comunicación y pueda valorar el rol del periodismo a través de planes de educación mediática, que en Chile podrían ser una excelente manera de formar audiencias críticas respecto al uso de la información. No obstante, a nuestro juicio, la principal herramienta para enfrentar la desinformación es una prensa que haga bien su trabajo de informar, centrada en la ética, el bien común y la defensa de los derechos humanos.
Uno de los desafíos principales en este contexto es fortalecer el trabajo informativo a partir de los estándares más altos en comunicación, de modo tal que puedan actuar frente a los temas que las audiencias -cada vez más empoderadas- exigen: pluralismo informativo, contenidos con enfoque de género, interculturalidad y derechos humanos, veracidad en la información, revisión de datos y fuentes, entre otros.
Sabemos que esta labor no es sencilla, más en un país donde aún existen grandes limitaciones para el desarrollo de medios de comunicación y donde la crisis de sostenibilidad de los medios constituye una realidad.
Por eso, desde el Colegio de Periodistas de Chile seguiremos trabajando para promover la defensa de estos derechos humanos, articulando con la sociedad civil, incidiendo con el Estado para mejorar las políticas de comunicación y apoyando el trabajo informativo de calidad, de modo que nunca más un periodista, trabajador o trabajadora de la prensa sea vulnerada por realizar su labor informativa, fiscalizar el debido cumplimiento de la función pública y, menos aún, por develar la veracidad de los hechos para el bien de la ciudadanía.
¡INFORMAR NO ES DELITO!