Hoy, que la Fiscalía cierra esta investigación por falta total de delito, ¿quién responde por el daño causado? ¿Quién repara la honra destruida? ¿Quién se hace cargo de las consecuencias de este show político y mediático? Porque mientras la derecha aplaude su “triunfo”, son los vecinos y vecinas quienes siguen sin ese Cesfam que pudo cambiarles la vida. Son los trabajadores de la salud quienes podrían estar ejerciendo en mejores condiciones. Son las comunidades las que siguen postergadas.
Virginia Palma Erpel. Exconcejala de la comuna de Santiago. Santiago. 6/2025. Finalmente, el fiscal Patricio Cooper cerró la investigación penal contra la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por la frustrada compra de la Clínica Sierra Bella. ¿El motivo? Simple: no hubo delito. Ni fraude, ni corrupción, ni falsedad. Nada de lo que se gritó a los cuatro vientos con tanto escándalo y conveniencia política. Pero el daño ya está hecho, y sus verdaderos perjudicados no están en la arena política, sino en los barrios.
Porque los únicos y grandes perdedores de esta operación fueron los vecinos y vecinas. Lactantes, niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, trabajadores de la salud. Gente real, con necesidades reales, a quienes la derecha dañó con su “todo vale”, con mentiras, con cinismo y con un ensañamiento calculado. Usaron el poder institucional para frenar un proyecto que buscaba dignidad, y lo hicieron a costa de la esperanza de muchos.
Lo que presenciamos fue un caso claro de lawfare, esa estrategia en la que se usa el aparato judicial con fines políticos, y que en Chile ha alcanzado una sofisticación escalofriante. Una estructura perfectamente aceitada donde algunos fiscales operan como engranajes del poder, mientras los medios de comunicación actúan como amplificadores del linchamiento público. Y peor aún: donde la información que debiera manejarse con responsabilidad se “filtra” como si fuera parte de un espectáculo. ¿Quién la filtra? ¿Quién se beneficia? ¿Quién responde?
La justicia no puede seguir funcionando como una coladera ni como un arma. Se necesita urgentemente discutir consecuencias. No es admisible que fiscales que filtran, manipulan o actúan con sesgo, sigan su carrera como si nada. Chile, ese Chile con el que tantos vociferan orgullo inmenso por la patria, debe ser pionero en Latinoamérica en condenar categórica y drásticamente la práctica del lawfare y con ellos la falta de responsabilidad profesional y ética de todos quienes interactúen de ella. Porque jugar con la honra de las personas, con proyectos públicos, con las necesidades de salud de toda una comuna, no puede ser gratis.
Irací Hassler quiso adquirir la ex Clínica Sierra Bella para transformarla en un gran centro de salud para Santiago. Un Cesfam moderno, robusto, pensado para miles de familias que hoy siguen esperando una atención digna. El proyecto fue presentado con claridad y transparencia al Concejo Municipal. ¿El resultado? 9 de 10 concejales aprobaron. Solo una concejala se abstuvo. Nadie rechazó. Sin embargo, cuando el barro comenzó a salpicar, tres concejales de derecha recularon y afirmaron haberse sentido “engañados”. La Contraloría fue categórica: no hubo engaño ni información falsa o parcial.
¿Entonces qué fue todo esto? Muy obvia la respuesta: persecución política. Pero también fue cobardía y fue oportunismo del más miserable.
Desde el primer momento defendí nuestro proyecto, no porque sea “amiga” de Irací, aunque la estimo profundamente, sino porque siempre creí en el proyecto y, por supuesto, en ella. Porque conozco su entrega, su seriedad, su convicción, su capacidad de sostener ideas difíciles y valientes en medio de la tormenta. Porque he trabajado con ella durante años y sé que todo lo que ha hecho lo ha hecho pensando en el bien común. Porque cuando una mujer como ella se atreve a pensar en grande, a proponer soluciones estructurales, en este país se le castiga con más saña que a cualquiera.
Durante ese periodo, algunas personas, de esas que se sienten muy ingeniosas en redes sociales, comenzaron a apodarme “Miss Sierra Bella”. Me lo decían como si fuera un insulto. Se burlaban de mi defensa férrea, constante, apasionada del proyecto. Y, francamente, jamás me sentí ofendida, por el contrario, si por defender la salud pública, la justicia social y la dignidad de mis vecinas y vecinos, me convierto en “Miss Justicia Social”, pues que me pongan banda y corona. Con orgullo.
Hoy, que la Fiscalía cierra esta investigación por falta total de delito, ¿quién responde por el daño causado? ¿Quién repara la honra destruida? ¿Quién se hace cargo de las consecuencias de este show político y mediático? Porque mientras la derecha aplaude su “triunfo”, son los vecinos y vecinas quienes siguen sin ese Cesfam que pudo cambiarles la vida. Son los trabajadores de la salud quienes podrían estar ejerciendo en mejores condiciones. Son las comunidades las que siguen postergadas.
La política no puede seguir funcionando como un circo de castigos ejemplares contra quienes sueñan en grande. Y el poder judicial no puede seguir siendo cómplice de esas vendettas. Si no hay consecuencias, esto volverá a pasar. Y volverán a perder los mismos de siempre.