Un delito de violación y abuso sexual cometido por una alta autoridad de Gobierno contra una mujer subalterna y varios factores que trasuntan.
Hugo Guzmán. Periodista. Santiago. 18/11/2024. Fue impactante ver esposado, rodeado de funcionarios de la PDI y de Gendarmería y sentado frente a un juez, a quien fuera Subsecretario de Interior del actual Gobierno, a cargo de las operaciones de seguridad pública. Tuvo razón la ministra del Interior, Carolina Tohá, cuando afirmó que «es un caso que impacta a la ciudadanía».
La situación de Manuel Monsalve es tremenda por varias consideraciones, principalmente por los antecedentes investigativos que lo señalan como autor de violación y abuso sexual contra una mujer que era su subalterna, al tiempo que trasunta otros factores señalados por académicas, legisladores, representaciones feministas y políticas.
En todo caso, como lo indicaron autoridades, lo central es el crimen cometido por Monsalve -de acuerdo a lo reportado por el Fiscal Xavier Armendáriz-, la necesidad de protección a la víctima, que se cumpla con el debido proceso y que no haya impunidad.
En ese camino se observa un acucioso trabajo judicial y un compromiso del Gobierno para que haya justicia.
Por lo demás, como lo señaló la ministra vocera, Camila Vallejo, las y los representantes del Gobierno no se pueden convertir en comentaristas de cada información que va apareciendo cada día sobre el Caso Monsalve.
En ese marco, hay elementos señalados por distintas vocerías abriendo espacios a otras consideraciones, como que se demostró que hay falencias en protocolos, que hay problemas en los relacionamientos laborales y que, como lo indicó la senadora Claudia Pascual, que una entidad se declare feminista sólo abre un camino, no implica que todo esté sacramentado.
Es indesmentible que el Caso Monsalve afectó al Gobierno. El acusado ocupaba un alto cargo, tenía una misión estratégica en la agenda gubernamental (seguridad pública) y gozaba de la confianza de La Moneda. Fue una implosión política de alto impacto.
En ese marco, no fueron menores los cuestionamientos y extrañezas de diversidad de personalidades y representaciones de organizaciones feministas, de derechos humanos, políticas, legislativas, académicas, entre otras, en cuanto a que desde la oficina presidencial se tomaran 48 horas para actuar concretamente ante el caso, le dieran todas las facilidades al alto funcionario investigado -como usar vehículos públicos para ir a hablar con su familia, dejarlo dar un punto de prensa en el palacio presidencial y, peor, seguir trabajando con él y dejarlo ir al Congreso en representación del Gobierno- y no proceder al menos a su congelamiento.
No se puede dejar pasar por alto que la ciudadanía se enteró de la acusación de violación contra el Subsecretario de Interior por una nota periodística del diario La Segunda. No fue por un comunicado público del Gobierno.
Pese a eso, desde el oficialismo se señaló que, en definitiva, la reacción del Gobierno fue contundente, se apuntó a lo central y las posibles desprolijidades o errores no intoxicaron las investigaciones y posibles desenlaces.
Algo que continúa haciendo ruido es el papel que habrían jugado ex o actuales funcionarios de la Subsecretaría de Interior en cuanto a amenazar, intimidar y vulnerar derechos de la víctima, y efectuar acciones para apoyar y proteger a Monsalve, alterar antecedentes, y entorpecer una investigación judicial.
Eso tiene que ver con abuso de poder, prepotencia en la función de un cargo, cero escala de valores y, como lo señaló el padre de la víctima, podría ser parte de una poderosa red que actuó en complicidad y complacencia en torno del exsubsecretario. Algunas de esas personas todavía estarían dentro del Gobierno. Se podría esperar transparencia e información precisa sobre esas y esos funcionarios y medidas que se adopten, porque ellas y ellos no sólo habrían afectado a la víctima y ayudado al victimario, sino que habrían violentado principios promovidos por este Gobierno.
Otro ámbito que aparece en este caso es cómo se comportaron o se comportan representaciones políticas socialdemócratas, progresistas, humanistas y de izquierda. La generalidad cuestionó duramente el hecho y están exigiendo justicia y adecuación de protocolos, y mayor fiscalización y vigilancia. Aunque hubo algunos silencios y posturas tenues.
Se supone y se espera que, al menos en el ámbito de la izquierda, en situaciones como estas no haya dilación, relativización, eufemismos, complacencia, «cuidados» mal entendidos, silencios y complicidades corporativas.
Es evidente, no se podía esperar otra cosa, que las y los conservadores se irían con todo contra el Gobierno y quisieron priorizar por desgatar y golpear al Gobierno y particularmente a las ministras Carolina Tohá y Antonia Orellana, más que concentrarse en el acusado, el crimen cometido y buscar protección a la víctima.
Mostrando una actitud distinta a cuando gente de su sector fue acusada, investigada y procesada por delitos sexuales.
En ese contexto, y apuntando al caso de Monsalve y otros militantes de partidos políticos de distinto sello, no está del todo claro cómo están actuando internamente las colectividades políticas frente a casos de denuncias de acoso o abuso sexual. ¿No existen? ¿Si existen, cuál es el saldo de las situaciones planteadas? ¿Hay protocolos, hay formación?
De acuerdo con diversas declaraciones y análisis, el Caso Monsalve no es sólo judicial. Y no se puede acotar a un episodio puntual. El Caso Monsalve da cuenta de factores culturales, políticos, valóricos y educativos que tienen que ver con la realidad de la sociedad chilena. No es un asunto circunscrito al ámbito político.
También tiene que ver con el poder, con el abuso del poder, de la jerarquía, el mal uso de recursos públicos y del comportamiento de la elite. Porque Monsalve habría incurrido en actos de corrupción, se habría aprovechado de su cargo y para ello habría contado con el apoyo de funcionarios públicos, policías y quién sabe qué más.
Lo que ocurra en el ámbito judicial y político con el Caso Monsalve, le dirá mucho a la ciudadanía en momentos de una buena dosis de crítica a la elite, de desconfianza en las instituciones y pésima valoración de la política institucional.
También podría tener un efecto respecto de la prevención y acción frente a vulneración de derechos de las mujeres, la batalla para encarar la violencia contra las mujeres, la no impunidad en casos de violación, acoso y abuso sexual, protocolos en ámbitos privados y del sector público, lucha contra el abuso laboral y distorsiones en los relacionamientos jerarquizados.