El diputado apuntó que petición de formalización al general director por omisión ante violaciones de derechos humanos “cambia el foco, de alguna manera desvía la atención de lo que debe hacer y atender la institución” policial. Sobre posibilidad de que se le pida la renuncia, el legislador opinó que eso “debe pasar por una reflexión de Carabineros” pero advirtió que “si se concreta la formalización, será incompatible que el general Yáñez siga al frente” de esa entidad. En relación a reuniones de ministros/tras, dirigentes políticos y representantes de grupos financieros y grandes empresarios en el departamento en el departamento de Pablo Zalaquett, lobbysta y militante de la UDI, el jefe de la bancada del PC expresó que “lo sucedido ha contaminado la discusión de fondo respecto a reformas y otros temas”. Hizo ver que ante este tipo de episodios “hay una distancia, una desconfianza en la ciudadanía que resulta atendible”.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 8/1/2024. ¿Cómo se puede ver que legisladores le estén dando respaldo al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, cuando se pidió su formalización?
En realidad, la formalización aun no se ha producido, fue solicitada una audiencia de formalización por parte del Ministerio Público, entonces no es un hecho consumado, el general Yáñez no está formalizado aun. Sin embargo, todo apunta a que eso se va a concretar. Ahora, aquí lo de fondo tiene que ver con el origen de los hechos que dieron motivo a esta situación y la investigación penal por las violaciones a los derechos humanos cometidas bajo la administración de (Sebastián) Piñera y frente a eso el Estado tiene el deber de sancionar y esclarecer esos hechos. Eso es lo central por encima de cualquier otra consideración. Ese factor no es tomado en cuenta por parlamentarios que han apoyado al general Yáñez en función de respaldar su tarea frente a la agenda de seguridad. Ahí hay una confusión, porque una cosa es la necesidad de enfrentar la crisis de seguridad, que es real y requiere de una institución policial estable y con fortaleza, y otra es una investigación penal donde está involucrado el general director y se busca la responsabilidad del mando. A mi juicio, si se concreta la formalización, será incompatible que el general Yáñez siga al frente de Carabineros.
¿Es adecuado, sano, que un general director en esta situación siga en el cargo, dada la responsabilidad que tiene hoy Carabineros?
Esta situación complejiza la labor de Carabineros, al menos del general director, cambia el foco, de alguna manera desvía la atención de lo que debe hacer y atender la institución, y por tanto lo que debe haber es una reflexión de la propia institución respecto de cuál es el mejor camino o el mejor escenario para que Carabineros siga cumpliendo con su labor.
¿Eso independiente de decisiones que pueda tomar el Presidente de la República?
Esto, más bien, debe pasar por una reflexión de Carabineros, ante las causas o investigaciones de la responsabilidad de mando del general Yáñez cuando era jefe de Orden y Seguridad, eso es lo pertinente.
¿Qué opinión tienes de que haya dirigentes políticos, legisladores y abogados que cuestionan a los fiscales y dicen que no les dan garantías?
Es algo caprichoso que no tiene fundamento. Ahora, cualquier persona que sea objeto de una investigación penal puede, sin duda, y tiene el derecho a cuestionar o a pedir la inhabilidad de un fiscal. Una cosa distinta son los argumentos que se invocan y en este caso creo que los argumentos han sido injustos.
Las reuniones en el departamento de Zalaquett
¿Es estética y políticamente adecuado estas reuniones privadas o secretas entre ministros, dirigentes de partidos, grandes empresarios, representantes de las AFP, de grupos financieros, en el departamento de un lobbysta de derecha, militante de la UDI, que estuvo metido en procesos por ilegalidades?
Hay varias dimensiones. Una es que ha existido de parte del Gobierno una voluntad de dialogar y escuchar a distintos sectores incumbentes o que tienen algo que decir en algunas reformas y en función de eso creo que los ministros y las ministras han actuado de buena fe al conversar con esos actores. Otra es desde el punto de vista de la forma, pienso que pudo haber sido enfrentado de otra manera, de una mejor forma, porque lo sucedido ha contaminado la discusión de fondo respecto a reformas y otros temas y, por tanto, no ha ayudado al objetivo de que podamos avanzar en una agenda que tiene que considerar la correlación de fuerzas que tenemos en el Parlamento. Hay que hacer una reflexión bien profunda respecto a eso porque ha contaminado el debate político.
A través de los medios comunicación hay declaraciones de actores políticos, del sector privado, opiniones de columnistas, de funcionarios de Gobierno, ¿pero cómo crees que ve la ciudadanía este episodio?
Hay una distancia, una desconfianza en la ciudadanía que resulta atendible. Pero insistiría en que hubo buena fe de parte de los miembros del gabinete del Presidente (Gabriel Boric) de conversar con los actores con los que se reunieron. Reitero que hubo una forma que debe ser corregida y esto nos ayuda a sacar varias lecciones, algunos aprendizajes. Uno de ellos tiene que ver con eventualmente con alguna modificación en la ley de lobby.
Tú eres abogado, legislador, y desde las instancia de transparencias dicen que esas reuniones debieron entrar en lo que dice la Ley del Lobby, ¿cuál es tu apreciación?
Probablemente, pero sí coincido con lo que han planteado algunos ministros respecto de que no hubo lobby, en el sentido de que lo que regula la ley es si un particular o un grupo de interés le piden a alguna autoridad que tome una decisión. Eso no es lo que existió acá, hubo una conversación, un intercambio de opiniones sobre asuntos de interés público, pero no es lobby. Creo que lo que hay es una discusión más de carácter político, eso es lo más relevante.
La obstrucción de la oposición
La semana pasada en la tramitación de la reforma de pensiones, la oposición volvió a patear la mesa, se retiraron de la comisión del Congreso donde se analizaba la propuesta del Gobierno.
Tal cual. El Gobierno ha tenido la voluntad para flexibilizar, para cambiar su propuesta original. Recordemos que la propuesta original contemplaba un seguro social que se construía sobre la base del 6% de cotización adicional del empleador. Con la nueva indicación cambió con la fórmula de 1, 2, 3, que es un 1% para brechas de género, un 2% de ahorro individual y un 3% destinado al seguro social. Esa propuesta recoge cuestiones planteadas por la oposición y otros actores, pero la derecha insiste en su intransigencia, sosteniendo que lo que se requiere es que todo vaya a ahorro individual, que es equivalente a condenar a los jubilados a seguir recibiendo pensiones de miseria. En definitiva lo que la derecha representa son los intereses de la industria privada de pensiones, de las AFP, y les molesta que esta reforma cambie la configuración de la industria y en definitiva les molesta mucho el sentido de solidaridad. Por eso el berrinche que hicieron el otro día en la Comisión de Trabajo y Previsión Social en retirarse de la sala, precisamente cuando estábamos votando el término de las AFP, eso llama poderosamente la atención.
Está lo del pacto fiscal, medidas y presupuestos sociales, cambios en salud, y la derecha continúa diciendo que no a todo pese a modificaciones que hace el Gobierno en los proyectos. ¿Hay continuidad de obstruccionismo de la oposición?
Claro, esa ha sido una conducta continua. Pero esa estrategia del obstruccionismo también tiene su vencimiento, se está agotando, porque en definitiva la derecha ha sufrido algunas derrotas, sufrió la derrota del plebiscito, ahora en la acusación contra el Ministro de Vivienda, y eso saca a la luz diferencias de tácticas y estrategias dentro de la derecha. Lo que puede ocurrir es que sectores de la oposición se den cuenta que el obstruccionismo les puede traer un alto costo político. Si por causa de la oposición la reforma de pensiones fracasa, por ejemplo, sin duda que el grueso de jubiladas y jubilados que padecen los rigores de las AFP, van a encontrar un responsable y el responsable será la derecha. El advenimiento de un ciclo electoral va producir diferencias dentro de la oposición que hará esta evaluación, de cargar con el peso de impedir que las personas tengan una mejora en sus vidas.
El fin de semana hubo otra serie de asesinatos, incluidos dos adolescentes. ¿Qué hacer para reforzar la agenda de seguridad por parte del Gobierno y del Legislativo? ¿Se puede hacer más en lo institucional o ya hay una situación delictiva instalada que nos lleva a otra realidad?
Primero hay que hacer un reconocimiento de que estamos enfrentando una situación muy compleja en materia de seguridad con un aumento de delitos de alta connotación social, y sobre todo que afecta a la clase trabajadora, a los pobladores, a los sectores populares. Lo segundo es que se requiere fortalecer las capacidades policiales, el trabajo de Inteligencia, el aumento de dotaciones, y eso pasa por elevar recursos. La agenda de Gobierno en materia de seguridad ha dado frutos en medio de dificultades. Desde el punto de vista de lo legislativo se hizo todo lo necesario, pero falta, por ejemplo, la reforma al sistema de Inteligencia. También es tiempo de terminar con discursos como que la solución es aumentar las penas de cárcel, generar una suerte de inflación penal, porque eso no resuelve nada, es una ilusión de solución. Por lo demás, las soluciones demandan más recursos, más presupuesto fiscal, y ahí contamos con la incoherencia de la oposición que permanentemente niega los cambios en materia tributaria para que el Estado cuente con más presupuesto.