Caso degollados: Una herida abierta en la memoria de Chile

Han pasado 38 años desde que funcionarios de Carabineros perpetraran el secuestro, tortura y degollamiento de tres militantes del Partido Comunista de Chile, brutal crimen conocido como “Caso Degollados”. La conmoción que causó este triple homicidio, ejecutado cuando el país se encontraba en Estado de Sitio durante la dictadura civil-militar de Pinochet, y la posterior investigación que lo vínculo a la Dirección de Comunicaciones de Carabineros y el Comando Conjunto de la FACH,  provocaron cuatro meses después la caída de César Mendoza, general director de Carabineros y miembro de la Junta Militar desde el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Úrsula Fuentes Rivera. Periodista “El Siglo”. 29/3/2023. Durante la mañana del jueves 28 de marzo de 1985, el publicista, pintor, diseñador gráfico y miembro de Asociación Gremial de Educadores de Chile (AGECH), Santiago Nattino Allende, fue secuestrado cerca de su domicilio, en la intersección de las calles Apoquindo con Badajoz, tras ser abordado por un sujeto que lo encañonó e hizo subir a un vehículo que esperaba en la esquina.

Al día siguiente, pasadas las 8:30 horas y mientras recibía a los estudiantes del Colegio Latinoamericano de Integración (ubicado en avenida Los Leones 1401, Providencia), fue secuestrado el profesor, inspector escolar y dirigente de la AGECH, Manuel Guerrero Ceballos, junto al sociólogo y jefe de Análisis de la Vicaría de la Solidaridad, José Manuel Parada Maluenda, quien era también apoderado de ese establecimiento educacional y a esa hora llevaba a sus hijos a clases.

En los dos operativos los secuestradores actuaron con gran disponibilidad de medios. En el caso de Santiago Nattino señalaron a viva voz que eran policías y que detenían a la víctima por problemas económicos. En el otro secuestro hay testigos que indican que un helicóptero sobrevolaba el sector y que había desvíos de tránsito perpetrados por carabineros motorizados y a pie. Durante el secuestro de Parada y Guerrero además se le disparó a quemarropa a un profesor que intentó impedir el plagio.

De acuerdo a investigaciones posteriores, desde un station wagon Chevrolet Opala se bajaron tres sujetos y con violencia agarraron al sociólogo y al profesor, conduciéndolos al cuartel de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR), ubicado en la calle Dieciocho, donde antes del golpe militar estaban las oficinas del diario El Clarín y donde luego, bajo el nombre de “La Firma”, había operado el “Comando Conjunto”, una organización clandestina de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que durante los años 70 compitió con la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional) en el exterminio de las cúpulas de los partidos que habían pertenecido a la Unidad Popular.

En ese lugar, Nattino, Guerrero y Parada fueron torturados, “quemándoles cigarrillos en el cuerpo, sacándoles las uñas, aplicándoles electricidad y quebrándoles los huesos de la frente a culatazos”, según detalló el hijo de Manuel Guerrero, el sociólogo Manuel Guerrero Antequera, tras rememorar en su cuenta de blog la tragedia que vivió su padre, testimonio dado a conocer en 2011 por el medio informativo El Periodista.

Posteriormente, en la madrugada del sábado 30 de marzo, fueron llevados en vehículo hasta Quilicura, siendo degollados con un corvo atacameño que había pertenecido al militar y agente de la DINA, Marcelo Moren Brito, muriendo los tres desangrados. Sus cuerpos fueron abandonados entre unos matorrales, frente al fundo “El Retiro”, cercano al aeropuerto Pudahuel. Ese mismo sábado, pasado el mediodía, sus restos fueron encontrados por dos campesinos con evidentes rasgos de tortura y ensañamiento.

A las horas siguientes de conocido este brutal crimen, se produjo un gran revuelo a nivel nacional e internacional. Las autoridades del Gobierno dijeron en un comienzo, intencionadamente, que fue consecuencia de una purga entre comunistas. El almirante José Toribio Merino habló de un “crimen del PC”, el general César Mendoza dijo que se trataba de “un ajuste de cuentas” y el ministro de Defensa, Patricio Carvajal, culpó al “comunismo dirigido desde Moscú”.

Sin embargo, la Comisión Rettig de 1991 estableció de acuerdo con los antecedentes narrados y reunidos en la investigación judicial, que Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino fueron ejecutados por agentes estatales, debido a su militancia y a las actividades que realizaban.

Comando Conjunto

Según consigna el tomo II, pág, 222 del Informe Rettig, la causa del crimen de los tres militantes comunistas fue la investigación que estaban realizando sobre la estructura y funcionamiento del Comando Conjunto, cuya existencia había sido revelada tras las declaraciones del exagente y exsuboficial de la FACH, Andrés Valenzuela Morales, alias “El Papudo”, a la periodista de la revista Cauce, Mónica González, quien tomó contacto con José Manuel Parada (encargado de la sección de investigación y documentación de la Vicaría de la Solidaridad), para que corroborase la información de Valenzuela.

“En Chile había muy pocas personas como José Manuel que manejaban casi toda la información acerca de los aparatos represivos, pues le llegaban a diario los testimonios de los luchadores sociales y sus familiares que habían sido apresados. Él, al conocer el carácter de la información y antes de entrar en su detalle, le sugirió a la periodista que había una persona que contaba con toda su confianza y que podía triangular la información indicada por Andrés Valenzuela con su propia experiencia de detención en manos del Comando Conjunto: mi padre”, indicó Manuel Guerrero hijo.

Parada recordó el plagio de su amigo y compañero Manuel Guerrero en 1976, quien era el único sobreviviente de los secuestros y torturas ejecutadas por el Comando Conjunto, por lo tanto, pieza clave en la investigación sobre los métodos operativos y de tortura del grupo de la FACH. “Con la venia de Mónica González, los tres se pusieron a analizar las largas horas de grabación del testimonio y mi padre con José Manuel no podían creer a lo que estaban accediendo: la estructura completa del Comando Conjunto, sus acciones, las fechas de detención de los militantes comunistas detenidos desaparecidos, los sitios en que fueron ultimados, los nombres y alias de los agentes de las distintas ramas de las fuerzas armadas y de civiles que participaban en el Comando”, señaló el hijo del profesor degollado.

El 30 de octubre de 1984, meses antes de la publicación de la entrevista que el exagente Valenzuela le concedió a la periodista Mónica González (la cual fue publicada finalmente en el diario Caracas de Venezuela, pues el Estado de Sitio en Chile y la clausura de revistas opositoras lo impedían), una banda asaltó la sede del Movimiento Democrático Popular (MPD), coalición que reunía a partidos de izquierda como el Partido Comunista, el Partido Socialista-Almeyda, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), la Izquierda Cristiana y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), en la lucha por el retorno de la democracia apuntando a la transformación de la economía para favorecer fundamentalmente al mundo trabajador y poblacional que en aquellos años sufría una situación de cesantía y hambruna real.

Entre las pertenencias robadas en la sede del MPD estaba la libreta de apuntes del arquitecto y militante comunista, Ramón Arriagada Escalante, en la que él mantenía anotadas sus reuniones con diversos militantes del PC, entre ellos José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.

Cuatro meses después, el 25 de febrero de 1985, Ramón Arriagada fue detenido por agentes de la entonces secreta DICOMCAR.​ Durante el tiempo que fue retenido, Arriagada fue torturado e interrogado sobre el actuar de Parada y Guerrero.​ En ese tiempo Parada, según informaría Arriagada bajo tortura, investigaba al Comando Conjunto, trabajo que había iniciado después de que los periodistas Mónica González y Edwin Harrington, director de la revista Cauce, acudieran a la Vicaría de la Solidaridad para sacar al exagente Valenzuela de Chile. ​

De acuerdo con los antecedentes judiciales del “Caso Degollados”, los agentes de la DICOMCAR también creían que Parada y Guerrero poseían estrecha cercanía con la dirigencia en la clandestinidad del Partido Comunista, mientras que de Nattino sospechaban que se encargaba de reingresar militantes a Chile de manera clandestina. ​

En las semanas siguientes Arriagada pudo informar a Parada de que había sido secuestrado e interrogado sobre sus actividades, sin embargo, el sociólogo de la Vicaría optó por no salir del país, pese a que estaba consciente del riesgo que corría.

“Por desgracia, y por razones que aún me cuesta comprender, la entrevista al exagente Andrés Valenzuela fue publicada en el extranjero sin autorización de mi padre y José Manuel, antes que ellos pudieran ponerse a salvo. Los agentes del Comando Conjunto, ahora agrupados en el departamento de la DICOMCAR, apenas se enteraron del testimonio de Valenzuela se pusieron en alerta y decidieron cortar literalmente el problema por la raíz: eliminar a José Manuel y mi padre, para impedir que la verdad circulara por el mundo. Por ello allanaron y secuestraron la imprenta de la AGECH en marzo de 1985. Buscaron frenéticos ese lugar pensando que ahí se encontraban los stenciles de publicación del testimonio de Valenzuela sobre el Comando Conjunto. La imprenta estaba a nombre del artista gráfico Santiago Nattino. por lo que ese mismo día lo secuestraron y lo llevaron a calle Dieciocho, al local de la DICOMCAR, lo esposaron a un parrón y comenzaron su tortura”, precisó Manuel Guerrero Antequera.

Asimismo, el hijo del profesor degollado resaltó que “la información que entregó el exagente Valenzuela era una bomba”. En ella se establecía, entre otros aspectos, que Viviana Lucinda Ugarte Sandoval, alias “La Pochi”, había participado como agente del Comando Conjunto en la detención ilegal de Manuel Guerrero Ceballos en 1976. “Sí, Viviana Ugarte Sandoval, la esposa del general de la FACHA Patricio Campos, quien fue la persona nombrada por las Fuerzas Armadas para participar en la Mesa de Diálogo de Derechos Humanos, convocada en agosto de 1999 con el objetivo de recabar información acerca del paradero de los detenidos desaparecidos en Chile. Curiosa y precisamente, la información que correspondía a las víctimas del Comando Conjunto fue alterada, de acuerdo con las declaraciones de Otto Trujillo, “Colmillo Blanco”, otro agente del Comando Conjunto que contó su versión de la verdad al diario La Nación, advirtió Guerrero Antequera.

Investigación judicial

El 1 de abril de 1985, el mismo día de los funerales de Guerrero y Parada, la Corte Suprema designó a José Cánovas Robles, un anciano juez a punto de irse a retiro, como ministro en Visita para investigar el crimen de los tres degollados. Las evidencias apuntaron a la participación de carabineros pertenecientes a la DICOMCAR, tanto en los asesinatos de los tres profesionales comunistas, como en los secuestros del arquitecto Ramón Arriagada el 25 de febrero de 1985 y de cuatro profesores dirigentes la AGECH, quienes fueron detenidos la noche del 28 de marzo de 1985 en la sede e imprenta de la asociación, ubicada en Londres 75-B, local que estaba a nombre de Santiago Nattino, donde él además recibía correspondencia y mantenía una línea telefónica. Cabe mencionar que los cuatro profesores detenidos en la sede fueron liberados al día siguiente de su aprehensión, después de una jornada entera de interrogatorios.

La investigación determinaría que los asesinatos fueron ordenados por el jefe del Departamento de Asuntos Externos e Internos de la DICOMCAR, Guillermo González Betancourt (conocido como “bototo” entre la oficialidad de Carabineros), y ejecutados por los cabos Alejandro Segundo Sáez Mardones y Claudio Alberto Salazar Fuentes y por el sargento José Florentino Fuentes Castro.

En el vehículo que trasladó a Parada, Guerrero y Nattino hasta Quilicura, además de González Betancourt, también iban el capitán Patricio Zamora Rodríguez y Miguel Estay Reyno, conocido como “El Fanta”, exmilitante comunista convertido en delator y colaborador de la dictadura. ​

El 1 de agosto el juez Cánovas encargó reos a los dos presuntos pilotos del helicóptero policial que habría sobrevolado la escena del secuestro en los minutos previos al plagio del profesor Guerrero y José Manuel Parada, y dejó bajo arraigo a otros doce funcionarios, entre ellos el coronel Luis Fontaine Manríquez, jefe de la DICOMCAR, el coronel Julio Luis Michea Muñoz y el teniente coronel Iván González Jorquera.

El 2 de agosto de 1985, un día después de la resolución de Cánovas, el general director de Carabineros, César Mendoza, tuvo que renunciar al mando y a la Junta del Gobierno, la cual integraba desde el golpe militar 1973. Ese mismo día, consultado por la prensa por qué se iba, Mendoza respondió: “Porque se me antojó, no más” y luego agregó: “Se está desgranando el choclo…”. En su reemplazo asumió el general Rodolfo Stange, quien en las semanas siguientes ordenó la disolución de la DICOMCAR. ​

Tras retomar el caso, Cánovas encargó reos a diez funcionarios, pero en enero de 1986 la Corte Suprema revocó los autos de procesamiento y un año después el juez dictó el sobreseimiento temporal de la causa.​ En 1989 Cánovas se acogió a retiro y asumió como ministro en visita Milton Juica.

En 1994, tras varios años de investigación, el juez Juica condenó a tres miembros del servicio secreto de la policía a presidio perpetuo por el asesinato y a otros trece funcionarios a penas entre 41 días y 18 años de presidio. Posteriormente, la Corte de Apelaciones aumentó a seis las condenas de presidio perpetuo. ​Al año siguiente, la Corte Suprema finalmente confirmó cinco de las seis condenas a presidio perpetuo: Guillermo González Betancourt, José Fuentes Castro, Alejandro Sáez Mardones, Claudio Salazar Fuentes y Miguel Estay Reyno. En el caso de Patricio Zamora Rodríguez se bajó a 15 años y un día de presidio.

Desde fines del 2017 solo cumplió condena Miguel Estay, mientras los otros condenados fueron liberados sin cumplir la condena de presidio perpetuo. Esta situación ha sido denunciada por varias organizaciones de derechos humanos, principalmente por la Comisión Funa, que ha investigado y denunciado la impunidad este tipo de delitos.

El “Fanta”

Miguel Estay Reino, alias “El Fanta”, fue un militante de las Juventudes Comunistas y tras el golpe cívico militar de 1973, un colaborador de la dictadura de Pinochet. Fue amigo de la familia del profesor Manuel Guerrero y compañero de éste en militancia.

Dada su participación en el crimen de los tres comunistas degollados, Estay Reino cumplía una condena de cadena perpetua en el penal de Punta Peuco. El 10 de agosto de 2021 falleció en el hospital San José, a los 68 años, por causas asociadas al Covid-19, según informó Gendarmería.

En su libro “El Fanta: Historia de una Traición”, la periodista Nancy Guzmán relata que “Miguel Estay Reyno se cambió de bando aparentemente sin sufrir tortura, llegando a ser de los más activos agentes de la dictadura”. Con un enorme agravante: delató a sus dos hermanos menores, ambos militantes del Partido Comunista. Esto les significó prisión y tortura.

Santiago Nattino y “El Siglo” en Clandestinidad

El publicista y artista plástico Santiago Nattino fue distinguido en varios concursos nacionales e internacionales de afiches. Realizó trabajos gráficos y visuales para las campañas electorales de la izquierda chilena y durante la Unidad Popular fue jefe del Departamento de Divulgación del Servicio Agrícola y Ganadero.

Con el golpe de Estado en 1973 cayó preso en el Estadio Nacional. Tras ser liberado, apoyó a El Siglo clandestino creando decenas de originales fáciles de reproducir, adaptables a distintas situaciones.

Durante la dictadura realizó afiches para la Vicaría de la Solidaridad y diseñó el logotipo de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).

Afiche realizado por Santiago Nattino.

“Tres sillas vacías recuerdan a don Santiago y a los Manueles”

En 2006 la ex Presidenta Michelle Bachelet inauguró el Memorial a las víctimas del Caso Degollados, en el lugar donde los cuerpos de Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero fueron encontrados por campesinos: en la comuna de Quilicura, al lado de la autopista Vespucio Norte, frente al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

Todos los años se realiza ahí una conmemoración donde participan familiares de las víctimas, miembros del Partido Comunista, del Colegio de Profesores de Chile y en ciertas ocasiones, autoridades políticas o de Gobierno.

El memorial está conformado por tres sillas de acero, de 10 metros de altura, que se pueden visualizar desde el cielo dada su cercanía al aeropuerto y que hacen alusión a sillas escolares, no sólo para representar el espíritu de los tres asesinados y rememorar el aporte que hicieron a la educación, sino también para recordar su secuestro en sí, que fue en un establecimiento educacional, en el caso de Manuel Guerrero y José Manuel Parada.

A 38 años de este salvaje crimen y en “Conmemoración a estos Mártires de la Democracia”, el Colegio de Profesores y Profesoras, el Partido Comunista y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) convocaron para este domingo 2 de abril, a una caravana que saldrá a las 10 horas desde avenida Vicuña Mackenna 31, sede del PC, hacia el Memorial de las Tres Sillas, donde a las 12 horas se realizará un acto en memoria de estas tres víctimas de los corvos del régimen de Pinochet.