Se consideró que fallo dividido del Tricel que inhabilitó al exalcalde para ser candidato a diputado afectó voluntad de electores, vulnera el principio de inocencia, benefició a la derecha y se trató de un acto administrativo sin resolución judicial sobre el proceso del afectado. La resolución se produjo a partir de la gestión de un abogado de RN. Abogados hicieron ver que con esta resolución se abre el camino a que “el Ministerio Público, podrá decidir quién puede ser o no candidato”. Bárbara Figueroa, secretaria general del PC indicó que “acá no solamente hay una violación al derecho de Daniel, sino que por sobre todas las cosas hay una artimaña, una trampa judicial”. El dirigente afectado sostuvo que se está ante “una decisión basada en un acto administrativo, sin revisión judicial, y entregada por un organismo altamente cuestionado por su sesgo político”.
“El Siglo”. Santiago. 14/9/2025. La decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), en cuanto a impedir la candidatura de Daniel Jadue por el Partido Comunista (PC) en el Distrito 9, impide garantizar la voluntad de los electores, vulnera el principio de inocencia, constituye un acto administrativo sin que haya una definición judicial, se suma a una artimaña judicial y se condice con el plan de la derecha de afectar al exalcalde y abrir mejores posibilidades electorales en esa zona de la Región Metropolitana.
Así se desprende de varias declaraciones emitidas este fin de semana en el marco de la resolución del Tricel que, por cierto, tuvo una característica nada menor. Fue un fallo dividido, con una mayoría leve, donde hubo tres votos a favor de quitar los derechos de Jadue y dos en contra de aquello.
Tribunales y Ministerio Público interviniendo en un proceso electoral
Lo ocurrido tiene que ver con lo que hace tiempo venían buscando la Fiscalía, abogados de la derecha y personeros de la oposición, de inhabilitar a Daniel Jadue como candidato, argumentando que estaba sometido a un proceso por supuesto fraude al Fisco y otros hipotéticos delitos. De hecho, la resolución del Tricel se dio a partir de la gestión del abogado Marcelo Brunet, representando al partido de derecha, Renovación Nacional. En la línea de todo lo controversial en este caso, con este fallo se revocó la sentencia del Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana del pasado 3 de septiembre que había validado la candidatura del dirigente comunista.
Los abogados de Daniel Jadue, Ciro Colombara y Aldo Díaz, indicaron que “no compartimos los fundamentos del fallo que por 3 a 2 resolvió privar al señor Daniel Jadue del derecho a sufragio, es decir de la posibilidad de votar y de competir para cargos de elección popular”. Y advirtieron que esta situación instala que “el Ministerio Público, mediante un acto administrativo, como lo es presentar una acusación en contra de cualquier persona que se presume inocente mientras no haya una condena, podrá decidir quién puede ser o no candidato”.
Citada en el Portal Emol, Javiera Delgadillo, jefa de carrera de Administración Pública de la Universidad de O’Higgins, señaló que “es menester preguntarse sobre la pertinencia y legitimidad de esta decisión, sin cuestionar la autonomía de la institución, observar si se vulnera o no el principio de inocencia”.
Bárbara Figueroa, secretaria general del PC, dijo que “nos parece que ha habido arbitrariedad” con esta resolución y remarcó que “aquí lo que se está haciendo es impidiéndole al votante, al elector, definir por quién votar. Acá no solamente hay una violación a nuestro juicio al derecho de nuestro compañero, de Daniel, sino que por sobre todas las cosas hay una artimaña, una trampa judicial”.
En una declaración pública, desde el Partido Comunista se manifestó que “nuestro juicio político es que no se están respetando los derechos humanos de Daniel Jadue, hoy también al privarlo de su derecho político fundamental a ser elegido y ejercer sufragio, basándose únicamente en un acto administrativo del Ministerio Público, sin inicio de juicio y sin condena alguna”.
En esa línea, el propio Jadue escribió en X que lo de algunos integrantes del Tricel es “una decisión basada en un acto administrativo, sin revisión judicial, y entregada por un organismo altamente cuestionado por su sesgo político”.
En redes sociales, medios de prensa extranjeros y ámbitos políticos, se indicó que esta situación de Daniel Jadue evidencia la existencia en Chile de la lawfare (guerra judicial) para afectar a personajes de la política y particularmente afectar a liderazgos de la izquierda.
También se señala que este tipo de resoluciones de un Tribunal se da en el contexto de mucha evidencia de los involucramientos de jueves y miembros del Poder Judicial con la derecha, casos de corrupción y malas prácticas, que tienen en tela de juicios estas instancias donde, por ejemplo, el Fiscal Nacional trabajó para un partido de la derecha.
La derecha beneficiada
Varios personeros de la derecha y la extrema derecha aplaudieron la decisión dividida del Tricel y se mostraron satisfechos y contentos de que Daniel Jadue fuera inhabilitado para ser candidato a diputado por el Distrito 9. Una razón elemental es que todas las encuestas y todos los análisis políticos daban como ganador al exalcalde de Recoleta y con un amplio margen.
Además, la oposición había decidido jugar una carta importante en ese distrito, entre otras cosas pretendiendo subir los bonos electorales de la Unión Demócrata Independiente (UDI), llevando de aspirante a legislador por ese lugar al presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez. En ese marco, había un objetivo de dejar fuera a Jadue.
Es así que la secretaria general del PC indicó, en declaraciones en Radio Nuevo Mundo, que “probablemente el que respira con mayor tranquilidad hoy día es Guillermo Ramírez, el presidente de la UDI. Porque es evidente que esto tiene que ver con una estrategia que presentó la derecha de mover a Guillermo Ramírez desde las comunas ABC1, donde ellos se mueven con bastante holgura para salir electos, moverse al Distrito 9, pero claramente con una estrategia de esta envergadura detrás, es decir, eliminar por la vía administrativa judicial a un candidato para poder instalarse”.
Figueroa expresó que “el gran beneficiado de esto es la UDI y Renovación Nacional. Por vía administrativa ellos hoy día quieren pretender resolver la elección” en el Distrito 9.
En su declaración pública, el PC sostuvo que “no compartimos que el criterio para disputar una elección sea usar la estrategia judicial. Las representaciones deben ser resueltas por la soberanía popular”.
Para el PC, “la derecha ha demostrado que le teme al veredicto popular. Saben que no pueden derrotar en las urnas un proyecto respaldado por miles de chilenas y chilenos, por lo que buscan impedir que ese respaldo se exprese democráticamente. No quieren que sea el pueblo quien decida: prefieren que sean los tribunales los que definan quién puede o no ser candidato”.
El fallo del Tricel es inapelable y puso fin a la opción electoral del dirigente comunista. Una fórmula que está incidiendo en procesos electorales.
Escenario en el Distrito 9
Esta es una zona de alta competitividad en la Región Metropolitana donde en la actualidad la mayoría de diputadas y diputados son del oficialismo, y donde la derecha y la extrema derecha quieren recuperar posiciones. En ese objetivo, para la oposición eran clave sacar de la carrera electoral a Daniel Jadue, del Partido Comunista, favorito en esa disputa.
Junto a Jadue en la lista oficialista va el actual diputado del PC, Boris Barrera, que tiene opciones de ganar. Se presentan también a la reelección, Andrés Giordano, del Frente Amplio, Juan Carlos Meza, del Partido Republicano y Erika Olivera, de Demócratas (en la lista de RN). No van a la reelección Karol Cariola (PC), porque va de candidata a senadora en la Región de Valparaíso, ni Maite Orsini del FA.
Entraron a competir, entre otros, Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, establecida por ese partido como una de las principales competencias en las parlamentarias. También Carlos Cuadrado, del Partido por la Democracia, exalcalde de Huechuraba, Carola Rivero y César Valenzuela ambos del Partido Socialista, Leonardo Jofré, del Frente Amplio, y Aldo Duque de RN, entre otros.
En este distrito votan más de 824 mil electores de las comunas de Recoleta, Conchalí, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, Independencia, Quinta Normal y Lo Prado.