Los asesinatos durante los operativos de los agentes del ICE ya no son hechos aislados, y se evidencian marcados sesgos racistas y clasistas en la persecución y los arrestos que llevan a cabo. Se repiten los casos en los cuales agentes de inmigración han disparado contra civiles dentro de sus vehículos u hogares, y en su escalada represiva utilizan armas de fuego, gases químicos y realizan detenciones arbitrarias. El ICE, la antes mencionada agencia federal a cargo de inmigración y aduanas, ya no opera únicamente como una agencia encargada de hacer cumplir la ley migratoria. En la práctica, funciona como una fuerza federalizada intimidatoria y represiva cuyos agentes, apertrechados militarmente, irrumpen en centros laborales y ocupan secciones enteras de grandes ciudades.
Fernando M. García Bielsa. Analista. La Habana. 27/1/2026. Los asesinatos a mansalva a comienzos de año, con solo días por medio, de Renee Nicole Good y Alex J. Pretti, dos ciudadanos sin antecedentes penales, residentes en la ciudad de Minneapolis por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) son los más recientes de los muchos actos de represión que agencias del gobierno llevan a cabo cotidianamente en sus despliegues policiales por ciudades y pueblos de todo el país.
Tales acciones siembran el miedo y producen indignación entre los migrantes y vecinos, pero a su vez generan frecuentes protestas como las que, por estos días, se han extendido desde Minneapolis a los bastiones demócratas de Nueva York, Boston, Portland y otras urbes. El frío extremo no impidió que unas 50.000 personas marcharan por el centro de Minneapolis. En respuesta, las fuerzas del orden desplegaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a la multitud. El alcalde de la ciudad acusó al gobierno de Trump de aterrorizar a su ciudad.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza están invadiendo numerosos ciudades, acosando y deteniendo a personas sin el debido proceso por su color de piel, idioma, acento o lugar de residencia.
Durante sus dos mandatos el presidente Donald Trump ha desarrollado una política particularmente represiva y extrema contra los inmigrantes, que le sirve para consolidar el apoyo de varias decenas de millones de sus seguidores. Las redadas arbitrarias y la represión por parte de ICE atrajeron la atención nacional por la frecuencia con la que agentes federales enmascarados invaden lugares públicos y persiguen a trabajadores por su color de piel, tipo de trabajo e idioma. También la Patrulla Fronteriza tiene arraigadas actitudes xenófobas y un modus operandi violento.
Como es sabido, las últimas elecciones fueron interpretadas como una suerte de mandato que los votantes le habrían dado al presidente Trump para llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes ilegales en la historia de Estados Unidos. La aplicación de esa política ocasiona con frecuencia victimas de asesinato y la más brutal represión.
No son solo indocumentados quienes resultan brutalizados, separados de sus familias, retenidos durante largos períodos en condiciones horrendas en las penitenciarías de ICE y, finalmente, deportados. Ya hace algún tiempo que esa agencia comenzó a arrestar e intentar deportar a personas que cuentan con estatus migratorio legal
Los asesinatos durante los operativos de los agentes del ICE ya no son hechos aislados, y se evidencian marcados sesgos racistas y clasistas en la persecución y los arrestos que llevan a cabo. Se repiten los casos en los cuales agentes de inmigración han disparado contra civiles dentro de sus vehículos u hogares, y en su escalada represiva utilizan armas de fuego, gases químicos y realizan detenciones arbitrarias.
Se produce una mutación peligrosa del rol de esa agencia, que ejerce funciones de seguridad doméstica. ICE ha recibido una inyección masiva de fondos, duplicado su personal hasta unos 22 000 hombres, y está entre las fuerzas policiales mejor financiadas del gobierno federal. Buena parte del nuevo personal contratado son ex militares y veteranos de guerra, que ahora desatan su furia y frustraciones.
Estados Unidos es una nación de inmigrantes, quienes han hecho y hacen un significativo aporte a la economía y a la cultura del país. Durante décadas los inmigrantes han provisto al país de una mano de obra barata y para los más duros oficios, en ramas tales como la construcción, la minería, los ferrocarriles, y luego, como fuerza de trabajo barata o temporal en labores agrícolas, las empacadoras de carne, y toda una gama de servicios, oficios de alto riesgo. Traer temporeros o deportarlos devino rasgo de la política migratoria.
Como indocumentados, muchos han sido presa fácil para ser sobre-explotados en sus lugares de labor, criminalizados y sujetos a ser deportados cuando ha resultado conveniente. Esa ha sido la práctica de sucesivos gobiernos, tanto demócratas como republicanos. Se instalan estereotipos negativos y caricaturizan a los inmigrantes relacionándolos con la criminalidad y el narcotráfico. En 2019, furioso por la continua “invasión hispana” en Texas, un supremacista blanco condujo más de mil kilómetros hasta El Paso, en el oeste de Texas, y mató a tiros a 23 personas en una tienda Walmart.
Con la afluencia de inmigrantes hispanos y asiáticos, Estados Unidos es cada vez más diverso en cuanto a etnicidad y cultura. En los últimos años, los inmigrantes representaron el 50 por ciento, o más, del aumento de la población estadounidense.
La historia del trato inhumano que se les ha dispensado está plagada de tragedias, exclusión, represión violenta, arrestos, expulsiones, muertes y todo tipo de abusos a los derechos humanos. Este es uno de los temas más polémicos en la actualidad en el país, propicio para la demagogia y las posturas populistas y demagógicas tanto de republicanos como demócratas, y que redundan en la adopción de las medidas más duras. En los últimos años, se ha avivado el sentimiento anti inmigrante, su utilización como chivos expiatorios por los problemas internos de Estados Unidos, y la habilitación de una respuesta predominantemente militarizada a la inmigración.
La cantidad de incidentes y ataques con víctimas mortales alimentados por el odio se han disparado durante la última década, impulsados en parte por esos extendidos sentimientos antiinmigrantes y teorías conspirativas de invasión y temores de “gran reemplazo” de la población blanca. Solo en 2020, esta política resultó en más de 13 480 incidentes de asesinato, torturas, secuestro u otros ataques violentos en la zona fronteriza. Un número superior son cotidianamente obligados a regresar a México. Otros cientos de personas han desaparecido cruzando la frontera.
La discriminación racial y la xenofobia, profundamente arraigados en Estados Unidos – y lo propicio que resulta el tema para su manipulación por los políticos -, son factores que trascienden la compleja problemática inmigratoria, a lo cual debemos sumar la mercantilización y el creciente papel de intereses corporativos privados en la aplicación del programa de control fronterizo.
La militarización de la frontera ha devenido un negocio particularmente lucrativo. Estados Unidos ya gasta más dinero para la aplicación de sus medidas migratorias que el destinado en conjunto al resto de los demás programas federales de aplicación de la ley. Es uno de los sistemas e infraestructura tecnológica de vigilancia y patrullaje más sofisticados del mundo.
Las empresas proveedoras de vigilancia y seguridad fronteriza están imbricadas o son filiales de los grandes fabricantes de armas contratistas del Pentágono y se benefician con los altos niveles de gasto militar estadounidense.[1] Además, están en expansión empresas de prisiones privadas, como CoreCivic y Geo Group, que son actores importantes en la prestación de servicios de detención de inmigrantes.
Mediante sus contribuciones a las campañas y su constante interacción con funcionarios gubernamentales estas corporaciones de seguridad fronteriza y sus aliados gubernamentales han formado un poderoso complejo fronterizo-industrial que es un gran impedimento para una respuesta humana a la migración.
De modo que la militarización de las fronteras ha sido afianzada por las corporaciones que prosperan gracias a ella. Las medidas de control fronterizo se extienden 100 millas tierra adentro, no solo en la frontera con México y áreas costeras del país. Estos gigantes de la seguridad fronteriza ejercen una fuerte influencia sobre políticos y funcionarios en puestos estratégicos en el ejecutivo y la legislatura, así como en puestos clave en los medios de comunicación.
Los presupuestos para el control fronterizo, allá por 1980, eran del orden de 350 millones de dólares. En la actualidad, solo para el ICE, se destinan casi 29 mil millones de dólares (el triple que en 2024). Este crecimiento fue acompañado por un crecimiento similar en la patrulla fronteriza de 4.000 agentes en 1994 a 21.000 en la actualidad. Bajo su agencia matriz, la CBP (Custom and Border Protection), hay otros 60.000 agentes.
El muro y las medidas anti inmigrante aumentaron durante el gobierno del republicano George W. Bush, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, y un demócrata, Bill Clinton, les dio plena continuidad. Se materializó de diversas formas: barreras -en algunos tramos hasta de 9 metros de altura-, vallas peatonales, vigas ancladas al suelo en forma de X, paneles de acero rellenos de concreto y obstáculos, como alambre de púas, en el río. Hoy es un sistema que suma alta tecnología -hay más de 465 torres de vigilancia con sensores e iluminación, drones de observación, rastreo de celulares y aplicación de inteligencia artificial-, todo ello acompañado del empleo de helicópteros y aviones teledirigidos.
El carácter represivo y violento de las políticas en materia migratoria se ha evidenciado con mayor crudeza durante el segundo mandato de la presidencia de Trump, quien ha afirmado que inmigración es igual a inseguridad y que por ello el territorio estadounidense se encuentra “bajo asedio”.
El ICE, la antes mencionada agencia federal a cargo de inmigración y aduanas, ya no opera únicamente como una agencia encargada de hacer cumplir la ley migratoria. En la práctica, funciona como una fuerza federalizada intimidatoria y represiva cuyos agentes, apertrechados militarmente, irrumpen en centros laborales y ocupan secciones enteras de grandes ciudades.
Es un patrón que empieza a consolidarse el uso por el gobierno de Trump de la política migratoria como herramienta abusiva de control político interno. Las operaciones de primera línea del ICE consisten en arrestar a inmigrantes y trasladarlos a los centros de detención. Para ello se despliega fundamentalmente en el interior del país, con gran énfasis en ciudades gobernadas por alcaldes demócratas, comunidades con tradición liberal y espacios donde el rechazo al trumpismo es abierto y organizado. Junto a otras agencias, se refuerza un control migratorio indiscriminado en todo el país.
Trump hizo campaña con la deportación masiva, prometiendo que expulsar a inmigrantes indocumentados sería la máxima prioridad de su administración, que se ha fijado la meta de un millón de deportaciones al año.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deportó a casi 200 mil personas en los primeros siete meses de la administración Trump. Los arrestos en el interior del país han fluctuado entre 1000 y 2000 arrestos diarios, a la par que ha aumentado la capacidad de los centros de detención migratoria. Según datos internos, esas detenciones están por debajo del objetivo de la Casa Blanca de 3000 arrestos diarios.
No es casual que esta expansión represiva coincida con un crecimiento exponencial del aparato de vigilancia, de los contratos millonarios con empresas tecnológicas, la mercantilización y el creciente papel de intereses corporativos que lucran con los fondos federales para esas esferas de control represivo.
Dada la sensibilidad que este asunto genera en la sociedad estadounidense, tanto el Partido Demócrata como el Republicano han seguido enarbolando posturas oportunistas sobre este asunto, atacándose mutuamente para ganar más votos de la población blanca y ciertas minorías étnicas y se hace difícil la adopción de cualquier reforma migratoria importante, aun cuando se evidencia en parte de la sociedad un fuerte rechazo a la política en curso de abusos contra los inmigrantes.
Un interrogante principal refiere a cuando las causas del flujo migratorio en sus países de origen podrán ser atendidas. Mientras tanto, no se visualiza cuando las tensiones y la extrema militarización fronteriza puedan dar paso a un régimen menos violento y de mayor respeto a la integridad de las personas.
Es algo que está condicionado por los intereses creados, el referido boom de los negocios de la militarización y en las funciones del control migratorio, lo cual, junto a los aumentos presupuestarios para esos fines, estimula la continuidad del curso represivo en las fronteras del país.