Después del plebiscito del 4 de septiembre pasado y más recientemente, de la elección de los consejeros que van a redactar la propuesta de nueva Constitución, como se dice vulgarmente, los empresarios y sus partidos, arrancaron “pa delante”. De modo oportunista y a lo mejor un poco apresurado, decidieron que las cosas volvían a estar en el punto previo al 18 de octubre, el “Oasis de Piñera”. Lo habrá sido para ellos y en su sobreideologización, creen sinceramente que lo es también para el resto de los chilenos y chilenas.
Hernán González. Valparaíso. 18/7/2023. Después del plebiscito del 4 de septiembre pasado y más recientemente, de la elección de los consejeros que van a redactar la propuesta de nueva Constitución, como se dice vulgarmente, los empresarios y sus partidos, arrancaron “pa delante”. De modo oportunista y a lo mejor un poco apresurado, decidieron que las cosas volvían a estar en el punto previo al 18 de octubre, el “Oasis de Piñera”. Lo habrá sido para ellos y en su sobreideologización, creen sinceramente que lo es también para el resto de los chilenos y chilenas.
Es así como por ejemplo, las APP’s, y los partidos de Chile Vamos y los Republicanos, anuncian desde ya su rechazo a la reforma al sistema de pensiones excepto en lo que dice relación con el aumento de la PGU. El lema “con mi plata no” levantado por el testaferro de Larraín y Cia, el señor Francisco Orrego, conocido difusor de noticias falsas y mensajes para confundir al pueblo y los electores, en la previa del plebiscito constitucional del 4 de septiembre pasado, lo expresa con total claridad. Esto es, la ideología que pretende que los trabajadores son dueños de algo que graciosamente y con mucho esfuerzo e inteligencia, administran las AFP. Como toda ideología, oculta el carácter de clase del sistema previsional, basado en el despojo mensual de los salarios de los trabajadores, que es el pichintún que los empresarios están dispuestos a compartir con ellos del resultado de la productividad.
Tampoco se refieren el señor Orrego, la Asociación de AFP ni el señor Fontaine, otro de los guaripolas de la defensa de las AFP, que esa plata presuntamente de cada trabajador y trabajadora, los dueños de las AFP -que a su vez son dueños de bancos, tienen intereses en el retail, la energía y un sin fin de otras industrias- la trabajan todos los meses para acrecentar sus exorbitantes ganancias, informadas por la prensa sin que a nadie le parezca escandaloso, mientras profesores y profesoras, enfermeras, empleados, trabajadoras y trabajadoras son condenados a una vejez miserable en la que no mueren solamente porque el Estado les paga la PGU.
Haciendo gala de este desparpajo y de la prepotencia de clase que históricamente la ha caracterizado, la derecha se ha opuesto también a la reforma tributaria, como si esta consistiera en una expropiación y ha recurrido a todos los argumentos noventeros de que dispone el manual de neoliberalismo con el que deben estudiar. Los impuestos desincentivan la inversión; si no hay inversión, no hay industrias ni trabajos, y el trabajo es la única manera de salir de la pobreza….etcétera, etcétera. La derecha y los empresarios ya notificaron al país, que no están dispuestos a disminuir la desigualdad brutal que originó la ola de protestas y el levantamiento popular del 18 de octubre del 2019.
Ni cortos ni perezosos, recurrieron incluso al inefable Tribunal Constitucional para tratar de echar abajo la ley que sanciona los delitos tributarios, con la misma chiva por cierto.
Mientras tanto, el Consejo Constitucional, intenta resolver un enigma peor que el de la Esfinge que asolaba la ciudad de Tebas en la antigüedad. Esto es, cómo garantizar un Estado Social y de Derechos, cuando la mayoría del consejo no cree en él o al menos, cree que es posible armonizarlo con el Estado Subsidiario.
De no resolverlo, su destino no va a ser muy distinto que el de los viajeros que no le respondían correctamente, una horrible muerte. Los escándalos de corrupción, que son una característica típica del neoliberalismo, siguen estallando incluso en el marco de un gobierno que se ha propuesto ponerle la lápida. El caso convenios primero y el que sirvió de pretexto de la acusación constitucional contra el ministro de educación Marco Ávila. En ambos casos, la reacción ha sido correcta y oportuna. Sin embargo, la arremetida de la derecha, presuntamente defensora de la probidad, del buen uso de los recursos del Estado y del crecimiento económico, como toda ideología, manifiesta y al mismo tiempo oculta los valores de clase, la cultura que inspira su concepción del mundo y la sociedad.
Uno basado en el puro cálculo, en el interés egoísta y la competencia como factor del desarrollo económico y la armonía social. Todas ideas por cierto, fracasadas una y otra vez y que están en el origen de cada estallido de protesta social de las que ha sido protagonista la sociedad en los últimos treinta años. El ministro Montes, uno de los cuadros mejor preparados y con más experiencia política de los que conforman el Gobierno, ha demostrado una decencia política, un sentido de la responsabilidad de Estado y de Gobierno, que contrastan con la pequeñez de la derecha y su nulidad intelectual. Ha sido de hecho, uno de los pocos que ha señalado el desmantelamiento del Estado propio del Estado subsidiario, en este caso del ministerio de vivienda, como el origen de la crisis del sector que le toca conducir.
El Ministro Ávila, una vez rechazada la acusación constitucional en su contra, y ante la insistencia majadera de la derecha en sus retorcidos argumentos sólo con un afán propagandístico, ha planteado el carácter de contratos entre privados, para referirse a los que realiza la JUNAEB con los proveedores de la raciones alimenticias que se reparten en las escuelas y las pocas capacidades de fiscalización que tiene el Mineduc para velar por su contenido y también por su cumplimiento. Es el Estado subsidiario el que demuestra una y otra vez su fragilidad, por decirlo suavemente, y la fragilidad en la que pone a la sociedad frente a los casos de corrupción. La corrupción, en el fondo, es la manifestación más conspicua del tipo de sociedad contenida en la constitución actual, basada en el “sálvese quien pueda”.
La izquierda, el progresismo; las coaliciones que conforman el Gobierno; los partidos aliados y cercanos y que comparten el propósito de tener una nueva Constitución; el Gobierno y todas sus autoridades, no solamente deben tener una actitud proba y honesta; fiscalizar y denunciar la corrupción y los malos manejos en la administración. Deben además, entrar de lleno al terreno de la lucha ideológica con la derecha y demostrar que sus denuncias y sus ínfulas de fiscalización son puro fariseísmo. Que los valores que la inspiran no se oponen a la desigualdad; que se basan en el individualismo, en el egoísmo y el afán de lucro. Que su actuación política tiene como propósito mantener las cosas tal como están porque sus valores, son conservadores en esencia.
Arrancar p’adelante significa eso, significa mantener las cosas como están. Para ello, la reacción, la derecha y el empresariado disponen de una ideología que hace de sus valores, los de toda la sociedad. Sin combatir esta ideología, sin que la izquierda y el progresismo le opongan otros valores inspirados en una visión distinta y opuesta de Estado y sociedad y los haga explícitos, la derecha y los empresarios van a continuar a la ofensiva, el Gobierno dando explicaciones y el pueblo, sin distinguir a los demócratas de los reaccionarios.