La actual integrante de la Corte Suprema tuvo un paso controversial por la política desde donde intentó escalar posiciones de poder, a lo que se suma ahora la polémica situación que vive a raíz de mensajes conocidos con el abogado Luis Hermosilla, en prisión preventiva, que la tiene suspendida de sus funciones por probables interferencias indebidas, tráfico de influencia, búsqueda de beneficios económicos, intromisión en causas judiciales y “concertación” para “obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses”. Ángela Vivanco fue dirigente del partido Unión de Centro Centro que encabezó el empresario Francisco Javier Errázuriz para luego pavimentar una amistad con Andrés Allamand y Alberto Espina e ingresar a Renovación Nacional, partido del que fue candidata a diputada. Llegó a la Suprema propuesta por el expresidente Sebastián Piñera, quien la conoció en esas lides políticas de la derecha. Se alejó de la política pero siguió protagonizando episodios como firmar un documento que defendía el texto constitucional heredado de la dictadura, expresar su rechazo al aborto, no estar de acuerdo con el uso de “la píldora del día después” y actuó en contra de la ley de interrupción del embarazo en tres causales. Negó la existencia de presos políticos de la revuelta social.
Gonzalo Magueda. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 9/9/2024. La vida política y judicial de Ángela Vivanco Martínez es, al menos, controversial.
Ello incluye que este día la abogada fue suspendida en sus funciones como integrante de la Corte Suprema, en una situación pocas veces vista en el máximo tribunal judicial del país.
El presidente de esa institución, Ricardo Blanco, después de un pleno extraordinario, informó que Vivanco fue suspendida, se determinó “abrir cuaderno de remoción” y se le pidió “un informe que deberá evacuar dentro del término de veinte días corridos” sobre seis acusaciones, referentes a hechos graves que tienen que ver con “los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad, transparencia que rigen al Poder Judicial”.
Eso a raíz de los mensajes conocidos entre Ángela Vivanco y el abogado Luis Hermosilla -hoy en prisión preventiva- que demostrarían interferencias indebidas, irregularidades, tráfico de influencia, búsqueda de beneficios económicos, intromisión en causas judiciales y “concertación” para “obtener el nombramiento de miembros de este tribunal afines a sus intereses”.
Quizá este sea el episodio más tenso y preocupante para ella, a pesar de haber vivido distintos momentos de su trayectoria política y judicial no con tanta tranquilidad ni fluidez.
Activa militante de la derecha
La abogada Ángela Vivanco, con doctorado en Derecho y Ciencias Sociales, hoy integrante de la Corte Suprema, fue una activa militante de la derecha orgánica, y lleva una estela de posicionamientos controversiales, como estar en contra del aborto y la ley de tres causales para interrupción del embarazo, afirmar que no son presos políticos los detenidos durante la revuelta social de 2019, defender la Constitución del ’80 y cuestionar las normativas de un nuevo texto constitucional.
Vivanco fue el brazo derecho político y jurídico del empresario Francisco Javier Errázuriz, “Fra Fra” durante varios años, y juntos desarrollaron el partido conservador Unión de Centro Centro (UCC) que, sobre todo en la década del noventa, trabajó de la mano con Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI).
En esas funciones estableció vínculos estrechos con personajes como Jovino Novoa y Juan Antonio Coloma, de la UDI, y Andrés Allamand y Alberto Espina de RN. Se convirtió en una dirigenta y vocera de la derecha que inclusive llegó a ser mejor considerada que el propio “Fra Fra”.
Con Allamand y Espina las cosas pasaron a mayores y durante algún tiempo mantuvieron conversaciones y acercamientos que llevaron, una vez que ella abandonó a Errázuriz y a la UCC, a que se incorporara a RN y fuera candidata a diputada por ese partido en 1977, obteniendo el 4% en un antiguo Distrito de la Región Metropolitana.
En esos años, Ángela Vivanco fue una férrea opositora de la Concertación y una activa adversaria de la izquierda, y defendió doctrinaria y políticamente las tesis de la derecha y de los sectores conservadores. Ello incluyó una cercanía con personeros de la Pontificia Universidad Católica y el mundo de abogados conservadores.
Mantuvo trabajo y conexiones con RN durante un buen tiempo. Años más tarde se le tendió la mano, cuando el expresidente Sebastián Piñera, que la conocía desde la época de la UCC, la propuso como nueva integrante de la Corte Suprema, y su candidatura fue impulsada desde las colectividades conservadoras.
El No a la nueva Constitución
Ángela Vivanco afirmó su oposición a una nueva Constitución con un “pienso que no” y atribuyó ese objetivo simplemente a consideraciones políticas, psicológicas y emotivas, en una entrevista en CNN-Chile.
Además, manifestó su oposición a las normas del nuevo texto constitucional sobre el Poder Judicial y los límites de edad y tiempo en ejercicio de las y los jueces. Fue una activa opositora a los contenidos que emanaban de la Convención Constitucional y manifestó en su momento que “como Poder Judicial estamos viviendo una situación bastante compleja y difícil. Hay muchos aspectos de la nueva Constitución que nos dejan en la duda de cómo se van a resolver”.
La ahora suspendida jueza de la Suprema firmó junto a personeros de la UDI y juristas de derecha, un texto titulado “Chile no necesita una nueva Constitución”, donde se dijo que “creemos que Chile tiene una buena Constitución”, en referencia a la heredada de la dictadura, “porque reconoce y protege los derechos fundamentales de las personas y garantiza más y mejores mecanismos protectores de los mismos, porque fortalece y amplía la dignidad humana, porque confía en el Estado de Derecho como marco jurídico bajo el cual se desenvuelve el sistema democrático, porque establece la necesidad de un manejo responsable y no populista de las finanzas públicas”.
Sobre la propuesta de un Consejo de Justicia que se incluyó en la nueva Carta Magna (rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre pasado), la actual integrante de la Corte Suprema coincidió con la postura de la derecha: “Un Consejo de amplias facultades y sin mayoría judicial entre sus miembros, es perfectamente posible que pueda terminar politizándose (…) Puede tratarse de una instancia en que directamente haya una pérdida de la independencia judicial o incluso podemos encontrar funciones tan abiertas que pueden ser interpretadas de múltiples maneras”.
“No hay presos políticos” y en contra del aborto y la “pastilla del día después”
Sobre las y los presos de la revuelta social de 2019, la mayoría en prisión preventiva y con denuncias de faltas al debido proceso, Ángela Vivanco expresó que “yo creo que no hay presos ni de conciencia ni presos políticos”.
Recalcó: “Las personas que están presas, están presas porque están imputadas o condenadas por delitos concretos y comunes, no porque sean opositores o por su pensamiento”.
Con eso se sumó al criterio jurídico de que hay que mantener en prisión preventiva a jóvenes detenidos y cerrar puertas a salidas como el indulto.
Entre sus posicionamientos estuvo su representación de la Universidad Católica en un recurso contra del Ministerio de Salud por el protocolo de objeción de conciencia institucional para realizar abortos en tres causales, proyecto aprobado durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet y al cual Vivanco se opuso.
Alegó en contra de la despenalización del aborto en tres causales ante el Tribunal Constitucional, representando a los diputados del conglomerado de derecha Chile Vamos.
La actual integrante del máximo órgano judicial chileno se opuso al derecho de las mujeres a abortar e incluso al uso de la “pastilla del día después” para prevenir embarazos. En una carta que envió a El Mercurio, expresó: “Hoy la ciencia más rigurosa y más laica es tajante en afirmar que la vida humana existe desde la concepción, que desde entonces encontramos ya una criatura genéticamente diferente a sus padres. Por ello, pretender que la utilización de fármacos microabortivos no daña el orden constitucional, que no afecta el derecho a la vida de ser alguno y es la medida restauradora de la paz ciudadana frente al embarazo no deseado, presenta erróneamente a nuestro país como sumido en una esquizofrenia”.
Llegó a tal extremo en su rechazo a la interrupción del embarazo, que usó el caso de mujeres víctimas de tortura, ejecución y desaparición durante la dictadura. Señaló que “hay numerosos documentos y fallos que han interpretado que la vida se protege desde la concepción. Uno de esos documentos es el Informe Rettig. Respecto de mujeres embarazadas, dijeron que no solo las iban a considerar víctimas a ellas sino a los hijos que esperaban”.
