El análisis del director y el editor general de Le Monde Diplomatique Chile frente al plebiscito por nueva Carta Magna. Chile, durante mucho tiempo vitrina del neoliberalismo, no termina de decepcionar a sus viejos admiradores: en algunos años, este país tan desigual, se renovó con las movilizaciones populares, eligió un presidente de izquierda y comenzó un proceso de redacción de nueva Constitución que reemplace la implantada en dictadura. La decepción de unos suscita el entusiasmo de otros.
Víctor de la Fuente y Libio Pérez (*). 2022. Una joven estudiante de enseñanza media fue la primera que la mañana de ese lunes de octubre de 2019 saltó el torniquete de pago del Metro subterráneo de Santiago, le siguieron decenas y luego centenas de otros estudiantes en las principales estaciones de la capital chilena. Las oleadas estudiantiles protestaban por el alza de los pasajes del transporte público adoptada por un grupo de tecnócratas que comenzaría a regir a partir del domingo 6 de octubre.
Dos días después, el entonces presidente chileno, Sebastián Piñera, declaró ante las cámaras de televisión que “en medio de esta América Latina convulsionada vemos que Chile, nuestro país, es un verdadero oasis con una democracia estable” (1). El multimillonario empresario de las finanzas, diez días después y luego de copamientos diarios del Metro subterráneo ordenó el cierre de las estaciones a la hora punta, cuando millones de trabajadores se movilizaban de regreso a sus hogares. Era la chispa que faltaba para provocar el estallido. Ese 18 de octubre se inició una revuelta popular en la cuna del neoliberalismo que se extendió por todo el país y duró varios meses, que por lo pronto arrojó dos resultados palpables y vigentes hasta hoy: un proceso constituyente que está rebarajando las relaciones de fuerzas en la sociedad chilena, y un Gobierno de transformaciones liderado por el joven presidente Gabriel Boric.
El próximo 4 de septiembre y luego de casi tres años de un proceso inédito y complejo, unos quince millones de chilenos están habilitados para concurrir a las urnas y decidir en un plebiscito si Aprueba o Rechaza el texto de una nueva Constitución, la primera en la historia de Chile redactada en democracia, generada en una Convención Constitucional integrada por delegados en su totalidad elegidos por voto popular, compuesta por primera vez en el mundo con paridad de género, con escaños reservados para pueblos originarios y en consulta con la participación de organizaciones sociales y de la sociedad civil.
“Estamos en guerra”, declaró Piñera apenas iniciada la revuelta social, rodeado de militares en traje de combate, al tiempo que decretaba el Estado de Emergencia y el toque de queda en las grandes ciudades, como forma de aplacar las diarias y masivas movilizaciones callejeras, muchas de las cuales terminaron en agudos enfrentamientos entre la población civil y las policías (2). La represión de las fuerzas policiales y militares dejaron un saldo de una treintena de muertos, más de 15 mil heridos, más de 400 personas perdieron la visión de un ojo por disparos de perdigones, unas 21 mil personas fueron detenidas y hubo más de cinco mil denuncias de torturas, violencia sexual y malos tratos a detenidos (3).
Ni los cambios en el gabinete presidencial ni la represión generalizada pudieron detener las masivas movilizaciones que desnudaban las desigualdades generadas por el modelo económico implantado durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet, la privatización de los derechos a la educación, la salud, la precariedad de los empleos, la privatización de bienes comunes como el agua y la rigidez del sistema político consagrada en la Constitución elaborada e impuesta por el régimen militar, que duró 17 años, y las sucesivas reformas que tuvo durante los gobiernos civiles desde 1990 en adelante, pero que mantuvieron la esencia del Estado subsidiario diseñado en el entramado constitucional vigente.
El 13 de noviembre de 2019, tres semanas después de iniciada la revuelta popular, el presidente Piñera convocó a un acuerdo “por la paz y el cambio constitucional”. El día anterior el país se había detenido con el llamado a una huelga general convocada por decenas de organizaciones sociales que derivó en fuertes choques entre manifestantes y la policía. La institucionalidad parecía resquebrajarse y el Gobierno de Piñera se mostraba debilitado y aislado políticamente. La búsqueda de un acuerdo que facilitara una salida política a la crisis se trasladó entonces al Congreso. Las negociaciones finalizaron la madrugada del 15 de noviembre en un acuerdo suscrito por todas las bancadas a excepción del Partido Comunista y un sector del Frente Amplio, que estableció la convocatoria de un plebiscito para abril del año siguiente que consultaría sobre si la población aprobaba la elaboración de una nueva Constitución o se mantenía la vigente, elaborada por la dictadura. También para definir el tipo de mecanismo que se encargaría de escribir la nueva Carta Magna.
¿Convención Constitucional y no Asamblea Constituyente? Según ha contado el senador socialdemócrata Jaime Quintana, el término “Convención” fue acordado tras una petición del entonces presidente del derechista partido Renovación Nacional, Mario Desbordes, quien consideró que el término “asamblea constituyente” sería rechazado por su sector.
La pandemia viral, que en Chile se expandió a partir de marzo del 2020, se encargó de postergar la consulta plebiscitaria de abril al 25 de octubre. En paralelo, los impactos de la revuelta social comenzaron a reflejarse en las cifras económicas, al contraerse el PIB en 2,1 por ciento en el último trimestre de 2019, la destrucción de empleos que hizo aumentar la cesantía en un 7,4 por ciento; y con un magro crecimiento de la economía en 1,1 por ciento. El frenazo económico se agravaría en los meses y años siguientes por los efectos de la pandemia del Covid-19 y el deterioro de la economía global.
Pese a las limitaciones sanitarias, las cuarentenas y la menor movilidad, millares de activistas se lanzaron a la campaña por conseguir el “Apruebo” al cambio constitucional y por entregar esa tarea a una Convención elegida íntegramente por voto popular, con paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios e igualdad de condiciones para candidatos independientes. La derecha oficialista se dividió y hasta el propio gabinete ministerial de Piñera resintió el quiebre. Los partidarios del “Rechazo” optaban por delegar al Congreso en funciones la elaboración de la nueva Carta Magna, una institución que cuenta con los más bajos índices de popularidad.
Los partidarios del “Rechazo” tenían una campaña cuesta arriba porque significaba mantener la Constitución de Pinochet, elaborada durante siete años por nueve juristas, visada por los cuatro generales que integraban la Junta Militar que lideraba Pinochet y sometida a plebiscito en 1980, sin registros electorales, con los partidos políticos prohibidos, la prensa amordazada y sin oposición, en un acto que los pocos observadores internacionales que llegaron a Chile calificaron de “fraude”.
Pese a sus más de 200 enmiendas -durante la propia dictadura y luego en los gobiernos civiles- la Constitución de la dictadura mantuvo su esencia autoritaria y la exclusión de derechos. La última gran reforma la impulsó el presidente socialdemócrata Ricardo Lagos, que eliminó los senadores designados y el cupo “vitalicio” que ocupó unos pocos meses el propio Pinochet, restó atribuciones al Consejo de Seguridad Nacional y otorgó a los presidentes la facultad de nombrar y remover a los jefes militares, entre otras materias.
El plebiscito de octubre del 2020 arrojó resultados contundentes: el 78 por ciento de los votantes marcó su preferencia por elaborar una nueva Constitución, mientras que en la segunda papeleta el 80 por ciento de quienes sufragaron dijeron que la redacción del nuevo texto debía ser elaborada por una Convención Constitucional sin intervención del Congreso como indicaba la otra alternativa que consiguió solo el 20 por ciento de las preferencias. La fuerza y la tensión social acumulada comenzó a encauzarse hacia el proceso que se abrió donde el Congreso y propio gobierno de Piñera empezaron a sentir la pérdida de protagonismo. La figura del gobernante y su gabinete ministerial marcaron los índices de popularidad más bajos en las encuestas.
Casi 1.400 candidatos se presentaron a las elecciones de delegados convencionales para 155 escaños que, por resguardo sanitario, se realizaron en dos días: el 15 y 16 de mayo de 2021. Los comicios coincidieron además con las elecciones municipales que, a su vez, escogieron a 351 alcaldes y más de cinco mil concejales. De las siete listas que se presentaron, que incluyeron a partidos, independientes y postulantes de los pueblos originarios, ninguna obtuvo mayoría, tampoco alcanzaron la cifra que les permitiera alcanzar los dos tercios de la Convención, la cifra clave para bloquear o aprobar las nuevas normas constitucionales, como había impuesto la derecha en las negociaciones previas. Fue una fuerte derrota para la derecha y los grupos conservadores. De los 155 convencionales la alianza de derecha quedó con 37, el conglomerado que unió al Frente Amplio y a los comunistas obtuvo 28 representantes, mientras la alianza socialdemócrata que gobernó casi 20 años consiguió 25 puestos, todos los restantes quedaron en manos de independientes, al tiempo que la mayor derrota la sufrió la Democracia Cristiana -que gobernó en los 90 y estaba entre los partidos más numerosos- que obtuvo solo un delegado constitucional.
La mañana del 4 de julio del 2021, los 155 delegados constitucionales comenzaron a llegar hasta el lugar donde se realizaría la instalación de la asamblea e iniciaría sus trabajos. Hubo tensión por las manifestaciones callejeras en el exterior del recinto, la amenaza de disturbios y choques con las fuerzas policiales; también porque el lugar aún no estaba habilitado para los trabajos, según se había comprometido el gobierno. Además de las formalidades del acto, los 155 convencionales debían elegir a la mesa directiva. Luego de intensas negociaciones y de sucesivas votaciones la presidencia de la Convención recayó en Elisa Loncon, mujer mapuche con estudios doctorales en Lingüística, y en el joven abogado constitucionalista Jaime Bassa. La emoción se tomó los rincones del lugar cuando Loncon, en su primer discurso saludó en mapudungun, su lengua materna, y dio cuenta del nuevo Chile que comenzaba a nacer, con una asamblea cuya mitad eran mujeres y con 17 escaños reservados para representantes indígenas que vestían sus coloridas ropas y hablaban en sus propias lenguas.
“Por mucho tiempo las fuerzas del olvido quisieron reinar, y habitamos por décadas una ilusión, un oasis: un país de pujante y unificado andar. Un buen día ese espejismo acabó estallando, y por todos los territorios se comenzó a escuchar ¡Chile Despertó! Ese despertar nos tiene acá, imaginando los contornos del nuevo país que vamos gestando”, escribió Elisa Loncon, la primera presidenta de la Convención Constitucional (4)
Con un promedio de edad de 44 años, entre los 155 delegados hubo 59 abogados, 20 profesores, nueve ingenieros, seis ex parlamentarios, cinco periodistas, un estudiante, un ex almirante e incluso una “machi” (médica indígena), entre otros. Los 155 delegados constitucionales se abocaron a elaborar el reglamento de la instancia, que luego de dos meses y medio de trabajo se tradujo en cinco documentos o capítulos: Uno para Ética, otro para Asignaciones, otro de Participación Popular, uno de Consulta y Participación Indígena y el Reglamento base.
“Esta Convención que hoy me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide a la Madre Tierra, en un Chile que limpie las aguas, en un Chile libre de toda dominación. Un saludo especial a los lamngen mapuche del Wallmapu, este es un sueño de nuestros antepasados, este sueño hoy se hace realidad”, dijo Loncon en su discurso inaugural.
Organizados en siete grandes grupos de trabajo, los delegados convencionales estuvieron siempre bajo el asedio de los sectores conservadores que, desde el inicio de sus deliberaciones, recibieron ataques directos que buscaron mellar la legitimidad de la instancia. El episodio protagonizado por un convencional cuya campaña se basó en divulgar una supuesta enfermedad tuvo un fuerte impacto en la opinión pública. El problema se saldó con la salida de la Convención de la persona que cometió el fraude, pero el daño ya se había producido.
Un sector de la izquierda vinculada a movimientos sociales inició una fuerte ofensiva para conseguir objetivos “máximos” en la nueva carta fundamental, como la disolución de todos los poderes del Estado o la expropiación de todas las riquezas minerales. Si bien las propuestas no prosperaron, la derecha aprovechó las tensiones para instalar un discurso radical en la desinformación que contenía. La derecha propagó falsedades tales como que que el país sería dividido en muchos territorios para entregar tierras a los pueblos indígenas, que serían cambiados la bandera, el himno y el escudo nacional, que las casas no serían heredables o que el aborto sería libre hasta los “nueve meses de gestación”.
Los grades empresarios y sus medios de comunicación, junto a la derecha lanzaron una verdadera campaña del terror para defender sus privilegios, a la que se sumaron incluso sectores de la exconcertación, entre ellos figuras de la Democracia Cristiana, es decir las elites, lo que en Chile llaman “el partido del orden”, se unieron en contra de la nueva constitución.
“Esta es la primera constitución escrita de forma democrática. Es ecológica, feminista, de los conocimientos, regionalista y que pone en el centro los derechos sociales”, precisó la convencional Cristina Dorador al defender el texto que se construyó en un año de trabajos continuos, en consultas con los movimientos sociales y las regiones. Como nunca antes, la propuesta constitucional entrega autonomía a pueblos indígenas, descentraliza el Estado y otorga facultades administrativas a las regiones.
Agustín Squella, jurista, periodista y filósofo que llegó a la Convención en una lista de independientes, dice que la nueva Constitución “asume un compromiso real con la democracia como forma de gobierno, a la democracia representativa se le agrega ahora formas de participación directa “a través de plebiscitos, referéndum, iniciativas populares de ley en la marcha del país” y además un compromiso fuerte con un amplio catálogo de derechos como nunca antes contuvo una carta magna en Chile.
“Comprendo que la descentralización, participación vinculante, plurinacionalidad e interculturalidad, democracia paritaria, reconocimiento del otro desde su diferencia, son las clave” en el proceso que dio origen a la nueva Carta Fundamental, señaló la delegada Ramona Reyes Painequeo, representante del pueblo mapuche.
La nueva Constitución chilena se caracteriza por un fuerte catálogo de derechos sociales, principalmente en cuanto a garantizar a los trabajadores y trabajadoras salarios justos, equitativos y suficientes, el derecho a huelga y a la organización sindical. Establece además un sistema de salud público fortalecido de acceso universal, un sistema de educación pública de calidad, gratuito y no sexista. Además, se aprobó la libertad de enseñanza, la libertad de padres y apoderados de elegir el tipo de educación para sus hijos y la forma en cómo el profesor puede dictar su cátedra tanto en colegios como en universidades.
Se consagraron otros derechos, como el acceso a la vivienda digna, a la memoria, la democracia en las comunicaciones y a la información plural y de calidad. Contiene además reconocimiento de derechos a las diversidades sexuales, así como los neuroderechos a personas neurodivergentes. Y recupera una de las fuertes reivindicaciones populares y de las regiones: el derecho al agua, como bien de uso público y con acceso a las comunidades y las personas en prioridad. El agua dejó de ser un bien transable en el mercado y de propiedad privada.
En cuanto al sistema político, Chile pasa de un híper presidencialismo a uno atenuado, y a un sistema legislativo bicameral asimétrico, con la mantención de la Cámara de Diputados y Diputadas, y la creación de una Cámara de las Regiones, con lo que se elimina el actual Senado.
El Estado participará en la economía. Su rol se fundará en los principios de solidaridad, diversificación productiva y economía social y solidaria, establece el nuevo texto, a diferencia de la carta de 1980, que no hace mención alguna.
La propuesta de Constitución define la corrupción como un delito que daña a la democracia, por lo que ninguna persona condenada por estos ilícitos podrá acceder a cargos públicos ni de elección popular. Lo mismo rige para violadores a los derechos humanos, condenados por delitos sexuales o por violencia intrafamiliar.
También propone la creación de un sistema de seguridad social que garantice pensiones justas, “fundado en principios de universalidad, solidaridad, suficiencia, sostenibilidad, entre otros”. La carta reconoce el trabajo doméstico y de cuidados.
En cuanto al sistema de Salud, Se establecerá el derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. Contemplará un Sistema Nacional de Salud que podrá estar integrado por prestadores públicos y privados.
Esta será la primera Constitución del mundo que reconocerá la existencia de una crisis climática y ecológica y mandata al Estado a tomar medidas de prevención, adaptación y mitigación de los daños provocados por ella.
Constanza Schonhaut, abogada y convencional de Apruebo Dignidad, a la hora de los balances -en conversación con Le Monde Diplomatique- destaca el carácter feminista y ecológico como sello distintivo de la nueva Constitución, y añade que también es siginificativo su carácter democrático, el protagonismo de las regiones y el equilibrio de poderes que establece el texto propuesto a plebiscito. “No habrá lucro con los derechos”, enfatiza.
“Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático”, dice el preámbulo del texto oficial entregado el 4 de julio pasado al presidente Gabriel Boric en una ceremonia en la ex sede parlamentaria de la capital chilena, que fue acompañada por una movilización ciudadana de apoyo al trabajo constitucional (5).
En su último discurso como vicepresidente de la Convención -disuelta el mismo día que entregó su propuesta al presidente Gabriel Boric- Gaspar Domínguez, dijo: “Este es uno de los procesos más asombrosos y transformadores que ha tenido Chile en su historia democrática. Un proceso que surgió de forma inesperada, como una luz en medio de la incertidumbre y la angustia. Quienes tenemos menos de 40 años creíamos que la democracia estaba dada, pero no fue sino hasta octubre de 2019, que yo entendí que la democracia hay que cuidarla, y cuidarla es difícil, requiere de un gran esfuerzo. Chile decidió encauzar la profunda crisis política a través de un proceso democrático, inédito, sin recetas. Y aquí estamos, enfrentando el desafío, cumpliendo en forma y tiempo, mostrando al mundo que somos una República y una democracia madura. que puede acordar sus principios y valores comunes, reconocer los derechos esenciales a la dignidad y profundizar su democracia”.
La ceremonia fue el toque de partida de la campaña para el plebiscito del 4 de septiembre, cuando los chilenos voten el “Apruebo” o “Rechazo” a la nueva Constitución. Más allá de los resultados, Chile avanza hacia una sociedad más justa, al tiempo que mejora su democracia.
Si gana el Apruebo comenzará un largo período para implementar la nueva Constitución, desde los ajustes al sistema político hasta las leyes que reglamenten y apliquen los nuevos derechos sociales. Si gana el Rechazo seguirá vigente la Constitución de Pinochet, aunque las distintas fuerzas políticas, incluyendo las de derecha, se han comprometido a reformarla en el Parlamento. El presidente Gabriel Boric señaló que si ganara el Rechazo debe comenzar un nuevo proceso constituyente. Para esa afirmación se basa en que el pueblo soberano, en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, que tuvo la mayor participación electoral de la historia de Chile, señaló con un 78,27% de los votos, que quiere una nueva Constitución, proceso que puede durar un par de años más…
(*)Director y editor general, respectivamente, de la edición chilena de Le Monde Diplomatique
1)Luis Sepúlveda, Le Monde Diplomatique, diciembre 2019 https://www.monde-diplomatique.fr/2019/12/SEPULVEDA/61149
2)https://www.dw.com/es/pi%C3%B1era-estamos-en-guerra-contra-un-enemigo-poderoso/a-50910426
3)Ver Informes de INDH, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU).
4)Ver la edición chilena Le Monde Diplomatique, agosto 2021. https://www.lemondediplomatique.cl/2021/08/otra-forma-de-ser-plural-hacia-una-democracia-plurinacional.html
5)Proyecto de nueva constitución disponible en: https://www.chileconvencion.cl/