Para muchos colegas de los medios más conservadores esto podría ser una amenaza, ya que lo ven como una oportunidad para controlar líneas editoriales, pero lo cierto es que está bastante lejos de aquello y lo que en realidad supone es un tremendo avance para la gran mayoría de las comunidades y para nuestro sistema democrático.
Daniela Pizarro Amaya(*). Santiago. 31/08/2022. Después de años de discusión y diagnósticos sobre el quehacer de los medios de comunicación y su grosera concentración, por fin tenemos en la propuesta de texto constitucional garantizado el derecho a la comunicación.
Para muchos colegas de los medios más conservadores esto podría ser una amenaza, ya que lo ven como una oportunidad para controlar líneas editoriales, pero lo cierto es que está bastante lejos de aquello y lo que en realidad supone es un tremendo avance para la gran mayoría de las comunidades y para nuestro sistema democrático.
Por décadas, en televisión son contados con los dedos de una mano los canales que se han llevado la sintonía y la atención de todo el país, y no es precisamente por sus contenidos, sino porque cuentan con los medios económicos para estar vigentes. Y es ahí donde se empiezan a confundir los contenidos de la pantalla con los intereses de quienes los financian. Por ejemplo, recordemos la gran huelga del sindicato de trabajadores/as de Homecenter que aconteció hace algunos años y que, a pesar de levantar una huelga por varios días, esta no fue cubierta por los medios que recibían avisaje del Grupo Falabella.
Durante esta campaña por el plebiscito hemos visto dirigentes políticos mentir y sembrar el miedo sin ningún pudor respecto a los contenidos constituyentes frente a los ojos cómplices de nuestros colegas. Enredos respecto a lo que es ético o no, y mentiras tras mentiras es lo único que han podido presenciar los votantes que aún siguen incrédulos de la política y dudosos respecto a qué votar en una elección después de varios años obligatoria.
Por eso es tan importante que el texto constitucional propuesto contenga dentro de sus articulados el derecho a la comunicación que fue presentado por el Colegio de Periodistas de Chile junto a varios convencionales; propuesta que por cierto fue mejorada en el calor de la discusión y votaciones al interior de la Convención Constitucional.
En primer término, el Artículo 82 consagra uno de los derechos más importantes como es la libertad de expresión, tan trastocada en los últimos años. “Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, en cualquier forma y por cualquier medio, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, dice la propuesta.
El derecho a la comunicación lo que nos viene a asegurar es que “toda persona tiene derecho a producir información y a participar equitativamente en la comunicación social. Se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información”, según reza el Artículo 83 en su primer inciso.
Con esto se establece que el derecho a la comunicación es un derecho de la sociedad en su conjunto, a recibir y emitir información veraz por cualquier medio de difusión, porque a medida que los medios de comunicación se fueron modernizando al mismo tiempo fueron dejando atrás a los sectores que no tenían acceso a esos recursos, como ocurre con la televisión y la radio. Y hoy con las redes sociales vemos la masiva amenaza de las falsedades disfrazadas de noticias.
Mientras que el mismo Artículo en su inciso segundo asegura que “el Estado respetará la libertad de prensa y promoverá el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad de información”.
Y en la misma línea el Artículo 84 establece que “el Estado fomenta la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y comunitario e impide la concentración de la propiedad de estos. En ningún caso se podrá establecer el monopolio estatal sobre ellos. Corresponderá a la ley el resguardo de este precepto”.
Aquí se apunta a la responsabilidad del Estado de promover el pluralismo, porque el modelo neoliberal solo busca concentrar los medios en pocas manos, por eso es tan importante que el Estado garantice esa pluralidad que el modelo torpedea. Este Artículo respalda la labor de los medios comunitarios, alternativos, regionales y populares que no logran subsistir por la falta de recursos. Esto democratiza el acceso a los medios para producir información y a la sociedad de recibir información veraz y plural.
Además, permite crear nuevos medios de la mano de universidades u otros entes del sector público, de acuerdo con lo contenido en el Artículo 85. “Existirán medios de comunicación e información públicos, en distintos soportes tecnológicos, que respondan a las necesidades informativas, educativas, culturales y de entretenimiento de los diversos grupos de la población” y en su segundo numeral confirma que “estos medios serán pluralistas, descentralizados y estarán coordinados entre sí. Asimismo, gozarán de independencia respecto del Gobierno y contarán con financiamiento público para su funcionamiento. La ley regulará su organización y la composición de sus directorios, la que estará orientada por criterios técnicos y de idoneidad”.
Porque mientras los medios de comunicación sigan en manos que resguardan sus propios intereses por sobre el interés general, seguirá siendo muy difícil empujar las transformaciones en pro de la mejora de la calidad de vida de las grandes mayorías.
Tener un sistema informativo plural fortalece nuestra democracia y permite que la ciudadanía vote informada, lo que dudosamente pueda pasar esta vez, ya que los medios de comunicación de los grupos económicos han dado cabida una y otra vez de manera grosera a las tergiversaciones y mentiras de quienes quieren perpetuar la Constitución de 1980.
Es tiempo de consagrar un Chile bien diferente, solidario, justo e inclusivo, sin embargo, este proceso no termina el 4 de septiembre, tampoco se queda en la línea de lo Legislativo, Judicial y Ejecutivo, sino que está destinado a continuar en las décadas venideras, con unidad, organización y compromiso de la clase trabajadora, de los movimientos sociales, medioambientales, feministas, estudiantiles. Todos y todas estamos llamados a continuar en la defensa y en la profundización de nuestro sistema democrático.
(*)Daniela Pizarro Amaya es presidenta Consejo Metropolitano Colegio de Periodistas de Chile.