Palabras escuetas y explicaciones técnicas es lo único que entrega la empresa privada trasnacional a cientos de miles de ciudadanos que completaron cuatro días sin luz…y algunos aún más. Como ocurre con otros consorcios de servicios, la impunidad de la que habló el subsecretario Manuel Monsalve es lo que se impone. Enel seguirá funcionando, obteniendo multimillonarias ganancias y no hay Estado que ponga en orden a la empresa.
Joaquín González. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 6/8/2024. La empresa privada y trasnacional ENEL no pudo garantizar el servicio de luz a más de un millón de personas y mantuvo a un cuarto de millón sin suministro de energía durante cuatro días, provocando serios problemas en hogares, comercios, hospitales y servicios.
Palabras escuetas y explicaciones técnicas es lo único que entrega la empresa, llegando incluso, a través de su vocera, a fijar en los clientes la responsabilidad “porque ellos nos deben avisar que están sin luz, si no, no lo sabemos”.
Este es otro de los múltiples ejemplos que hay en Chile del abuso y el deficiente servicio de grandes empresas privadas. Y como ocurre con otros consorcios de servicios, la impunidad de la que habló el subsecretario Manuel Monsalve, es lo que se impone. Porque la culpa la tiene el clima, las lluvias, el viento, las municipalidades, los ministerios, las leyes, pero nunca la empresa.
El masivo corte de luz de los últimos días afectó a entre un millón 200 mil y un millón 700 mil personas de la Región Metropolitana. Al cierre de esta nota, entre 60 mil y 90 mil personas seguían sin luz.
La gente denunció que al llamar al teléfono de emergencia de ENEL la demora en contestar iba de 10 a 30 minutos y al final salía una grabación con breves palabras y la comunicación se cortaba. Las capacidades de la trasnacional no dieron y hay serias dudas de si tiene inversión en capacidades para atender emergencias como las que se presentan en Chile. Las personas tienen muy presente que en estos meses, además, les aumentará la cuenta de la luz.
Diego Pardow ministro de Energía, dijo ante la prensa que no se puede culpar a los municipios o algunos ministerios para la suspensión de suministro de luz ante algo que apunta a la falta de preparación de la empresa privada. Varias y varios alcaldes protestaron por la ineficacia y falta de empatía de ENEL y rechazaron que los culparan del corte masivo de luz. Por si fuera poco, desde el Gobierno se dijo que la empresa privada entregó información “abiertamente falsa” respecto a sectores y familias sin energía eléctrica.
A este martes, había demandas contra la Compañía General de Electricidad (CGE), que debe entregar suministro eléctrico a comunas rurales. Varios legisladores presentaron denuncias ante la Superintendencia de Energía y Combustibles (SEC). Se está analizando crear en el Congreso una Comisión Investigadora para determinar las causas y responsabilidades en el masivo corte de luz en comunas de la capital. También hay gestiones para demandas colectivas ante Sernac (Servicio Nacional del Consumidor) para que compensen a las personas afectadas por los cortes de electricidad. Hay denuncias y exigencias de la Asociación Chilena de Municipalidades (AchM), de alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana y del Gobernador Metropolitano.
Todo esto se produce cuando legisladores y economistas dan cuenta del alza en el costo de la cuestan de luz que tienen un promedio de 30% de subida en los precios, aunque también se señaló en estos días que hay gente que le subió hasta en un 200% la cuenta de electricidad.
“Creemos urgente que el Estado, a través de sus órganos respectivos -Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y Ministerio de Energía- acelere los procesos de fiscalización y sancionatorios a la empresa ENEL, que ha demostrado su incapacidad e ineficiencia en la gestión de la emergencia”, señaló el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Eric Campos.
Desde la multisindical se exigió que el Gobierno avance en la revisión completa de los contratos de concesión con ENEL, evaluando la posibilidad de poner fin a la licitación si se comprueba la incompetencia de la empresa.
Al respecto, Eric Campos aseguró que “la emergencia ha puesto en evidencia la urgencia de revisar la legislación de concesiones de servicios básicos. No es aceptable que estas decisiones queden al arbitrio de privados que priorizan la reducción de costos y el aumento de ganancias a costa de las y los usuarios, en lugar de asegurar la entrega plena y segura de los servicios”.