Así lo advirtió el jefe de la bancada parlamentaria del PC, Luis Cuello, quien resaltó que “hay un continuo de parte de la derecha en su esfuerzo de boicotear toda la agenda del Gobierno”. Ante la exigencia de Chile Vamos de renuncia de Javiera Martínez y Miguel Crispi, el legislador estableció que “una cosa es que la oposición cumpla con su rol fiscalizador, pero otra cosa distinta es que se naturalice la persecución de funcionarios”. Anunció que el próximo miércoles el oficialismo entrará al debate de lo que fue el 18/O colocando el acento en las demandas sociales y los derechos humanos.
Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 13/10/2023. La oposición se niega a discutir el Presupuesto 2024, incluso quiere dejarlo en 1 peso, si La Moneda no hace renunciar a la Directora de Presupuesto, Javiera Martínez, y al jefe de asesores presidenciales, Miguel Crispi.
Hay un continuo de parte de la derecha en su esfuerzo de boicotear toda la agenda del Gobierno, quiere desviar la discusión y los temas de fondo, esquivar los asuntos que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de las personas, con instalaciones arbitrarias y secundarias, llegando a sostener de manera caprichosa que discute materias si se saca a ministros, subsecretarios, directores o funcionarios del Gobierno. Antes fue con el caso del exministro (Giorgio) Jackson, que fue planteada su salida para tramitar la reforma de las pensiones, y a pesar de que salió Jackson no hubo cambio desde la derecha, y ahora esta presión de que debe salir la Directora de Presupuesto sin ninguna razón seria, realmente sustentable. Todo sale de una querella presentada, además, por los Republicanos, que tampoco tiene fundamento. En definitiva, quieren boicotear al Gobierno, no quieren dejar gobernar.
¿Eso no es afectar el funcionamiento institucional?
Sin duda. Estas actitudes matonescas, de boicot permanente de la oposición, se traducen en un deterioro, en un declive del funcionamiento institucional. Ahora amenazan con no dejar entrar a la sala a la Directora de Presupuesto para discutir la Ley de Presupuesto, cuando ella es la encargada de ese tema, es la persona que debe estar ahí. Y amenazan con no aceptar el Presupuesto 2024 si no hay renuncias. Hay una decadencia desde el punto de vista de la política y del debate político. Una cosa es que la oposición cumpla con su rol fiscalizador, tenga diferencias con los programas y contenidos del Gobierno, eso es natural y legítimo, es sano que haya un debate público, pero otra cosa distinta es que se naturalice la persecución de funcionarios, de personas, sin razones serias y sustentables, simplemente señalando la militancia política de alguien y de ahí saltar a supuestos vínculos con hechos (como el “caso convenios”) como elemento que determina la salida o no de un cargo, sin ningún argumento sólido, real. Lo único que he escuchado al respecto de Javiera Martínez y de Miguel Crispi, es la pertenencia de ellos a un partido como Revolución Democrática, es perseguirlos por su militancia. Todo eso deteriora la política y es profundamente antidemocrática.
¿Qué te parece que Miguel Crispi no asista a la Comisión Investigadora?
Esa Comisión Investigadora está haciendo un uso abusivo de sus facultades porque en definitiva la invitación o citación a Crispi no tiene pertinencia. Esa comisión está destinada a indagar sobre los actos de Gobierno sobre los asentamientos precarios, es decir, sobre el origen de ese “caso convenios”, que tiene que ver con Democracia Viva y en particular su relación con campamentos y, por lo tanto, el rol de Crispi como Subsecretario de Desarrollo Regional, no tiene conexión con eso y por eso la citación carece de pertinencia. Más bien la idea de citarlo es apuntar hacia La Moneda, dirigir de una manera muy forzada el “caso convenios” hacia La Moneda y por eso señalan a Miguel Crispi. Lo que hay que recordar es que el Gobierno ha tenido una actitud muy resuelta respecto al “caso convenios”, se hicieron valer responsabilidades políticas, hay investigaciones administrativas, penales, y por eso creo que el Gobierno actúa correctamente, no hace una defensa corporativa. Pero eso no significa que se tenga que aceptar cualquier presión caprichosa de la oposición que pretende enlodar de una forma maliciosa a todo el Gobierno.
Se observa un congelamiento, una prolongación, en la discusión de la reforma de pensiones y el pacto fiscal, ¿es por otro boicot de la derecha o qué ocurre?
En el caso de la reforma de pensiones, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social la votamos en general en enero de este año, y ya estamos en octubre. Y la conducción de la ministra Jeannette Jara propicia toda clase de espacios de conversación con la oposición para llegar a algún punto de entendimiento. Sin embargo, uno se encuentra al frente con una actitud muy obtusa que está muy determinada por la defensa de intereses económicos, de intereses de las AFP, al punto que la exposición que hicieron los representantes de las AFP en la Comisión de Trabajo, sus argumentos y sus propuestas, fueron idénticas a lo que plantearon los legisladores de Chile Vamos. Es decir, acá hay una evidente comunidad de intereses y es lo que ha operado. Más que llegar a acuerdos en la reforma de pensiones, el objetivo de la derecha es que no haya reforma de pensiones. A ellos les interesa mantener la industria de las AFP y eso se ha ido transparentando, uno escucha sus discursos y constata su preocupación por el futuro de la industria, no es una preocupación por las jubilaciones de las personas, por aumentarlas y menos aún por llegar a un buen sistema de seguridad social. Es una derecha enceguecida por la defensa de intereses de la industria, de un negocio financiero, y eso explica su bloqueo a la reforma de pensiones y respecto al pacto fiscal. Recordemos que el gran argumento de la oposición respecto a la reforma tributaria fue y es el impuesto a los súper ricos, es el elemento que más cuestionaron. Están operando, sin duda, una derecha política y una derecha económica, en contra de reformas que buscan mejorar las condiciones materiales de las personas.
El próximo miércoles hay un espacio especial de discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre la revuelta social de 2019, se cumplen el 18 de octubre cuatro años de ese suceso. Se prevé un debate muy fuerte, la oposición habla de “un estallido delictivo” y el oficialismo reivindica ese hecho y coloca el acento en derechos humanos y sociales.
Tenemos que dar el debate, porque lo que hace la derecha es utilizar una herramienta de las sesiones especiales con una fórmula engañosa en que pretende disfrazar la historia, falsificar la historia, tratándose de una historia muy reciente. El estallido social lo denominan de una forma muy insultante, cuando la realidad es que el estallido social y popular tuvo como origen las enormes desigualdades que subsisten en Chile y que provienen de un modelo económico que es profundamente inhumano y concentrador de la riqueza. Ese día un desafío también es recordar que la revuelta popular tuvo una respuesta desde el Gobierno de Sebastián Piñera que fue muy dura, con una represión que no se había visto antes en el período de democracia y el mundo observó con horror cómo decenas de jóvenes sufrieron amputaciones oculares, miles de personas resultaron heridas, hubo muchas personas muertas, hubo miles de detenciones ilegales, torturas y apremios, y todo eso está ratificado y acreditado en varios informes de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos. Nuestro deber es poner en el centro esas realidades. Y cuál es la deuda del Estado con las personas que fueron víctimas de la represión durante la administración de Piñera.
En definitiva, ¿está muy crispado, muy tenso, muy enredado el terreno en el Congreso?
Ciertamente, y hay bastantes dificultades para avanzar. No obstante eso, tengo la expectativa de que podamos converger en objetivos comunes, llegar a acuerdos o consensos, incluso con otras fuerzas políticas que no son parte del oficialismo, como la Democracia Cristiana, con la que tenemos un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo administrativo en la Cámara, y eso genera un espacio político que ojalá nos permita avanzar en objetivos que son muy importantes para el pueblo chileno.
¿Qué ocurrirá con la Ley de Usurpaciones y el veto presidencial? Ustedes tienen ahí diferencias con el Gobierno.
Lo primero es que valoramos que el Gobierno haya vetado esa Ley y que se apunte a suprimir los contenidos atentatorios al Estado de Derecho y que provocan un peligro para la vida y la integridad física de las personas. Pero, y no hay que dramatizarlo, tenemos diferencias con el veto presidencial en particular respecto a la penalidad de las usurpaciones no violentas, donde no hay violencia de las personas, ni fuerza en las cosas, ahí nos parece que debe mantenerse la penalidad actual que es de multas. Vamos a apoyar la esencia del veto, y en otros aspectos tendremos una posición diferente en conjunto diputadas y diputados, senador y senadora del Partido Comunista.
Cuando ustedes expresan diferencias con el Gobierno o dentro del oficialismo, se prenden alarmas de divisiones, de presiones, de que quitan piso.
Es que a veces hay exageraciones interesadas, porque por ejemplo, en la ley de porte de combustible, varios parlamentarios también de otros partidos votaron en contra de lo que planteó el Gobierno y no sólo nosotros. Hubo diferencias respecto a proyectos de ley, pero lo que hay que rescatar es que el grueso de la agenda del Gobierno nosotros la hemos respaldado. A veces no hemos participado en el origen de las iniciativas, y eso configura a veces las votaciones, pero hemos respaldo el grueso de los proyectos. Las diferencias que surjan no hay que dramatizarlas.
Finalmente, la relación de ustedes como bancada parlamentaria del Partido Comunista con la ministra del Interior, Carolina Tohá, ¿es distante, tensa, o fluida y cercana?
No hay ninguna distancia. Hubo una interpretación mediática a partir de esa actividad que se hizo en La Moneda de apoyo a la ministra Tohá, a lo que no asistimos por razones reales de agenda, sin embargo, el mismo día, en la mañana, dimos un punto de prensa expresando nuestro respaldo a la Ministra del Interior. Ella cuenta con nuestro respaldo y, por supuesto, todo el gabinete ministerial del Presidente Gabriel Boric. Hay una construcción interesada de algunos que se pusieron ansiosos con definiciones que no hay que adoptar todavía (candidaturas presidenciales). Nuestra relación con el Presidente Boric y con el Gobierno, es una relación de respaldo, de apoyo y de conversación.