Bastó que mencionara el tema para que, como niños malcriados a los que se les amenaza con quitarles un dulce y les da una pataleta, algunos diputados de la extrema derecha nacional, olvidando lo que debiera ser su principal actitud, estar dispuestos a discutir democráticamente los temas, en definitiva a parlamentar (para lo cual es básico oír al interlocutor), hicieron abandono del salón.
Fernando García. Abogado. Santiago. 7/6/2024. Entre los anuncios de la Cuenta Pública rendida por el Presidente Boric este 1° de junio, estuvo el que señalaba que iba a proponer un proyecto de ley que ampliara los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, estableciendo el aborto libre.
Bastó que mencionara el tema para que, como niños malcriados a los que se les amenaza con quitarles un dulce y les da una pataleta, algunos diputados de la extrema derecha nacional, olvidando lo que debiera ser su principal actitud, estar dispuestos a discutir democráticamente los temas, en definitiva a parlamentar (para lo cual es básico oír al interlocutor), hicieron abandono del salón. En las horas siguientes, mientras algunos intentaban justificar esa reacción, otros insistían en la postura, señalando esta vez que no había votos para aprobar la ley (es decir no tenemos nada que discutir pues las decisiones están previamente tomadas) o, peor aún, que no era un tema relevante y que no se podía legislar para las minorías. (¡Como si no se tratara de miles de mujeres que cada año deben decidir entre realizarse un aborto clandestino o no, decisión que considera aspectos como la significación de la muerte, la valoración de su sexualidad, la calidad de vida, el derecho a la autodeterminación de sus cuerpos, en definitiva, su propia dignidad!)
Nadie discute la importancia de penalizar el aborto sin o contra la voluntad de la mujer embarazada. El tema conflictivo es el aborto consentido. Desde hace ya varios años y especialmente desde después del estallido social, la legalización del aborto libre se ha venido planteando como demanda en numerosos foros, en el propio Parlamento, en el mundo del feminismo, en las manifestaciones callejeras, en definitiva, en instancias de todo tipo.
De manera permanente y obstinada, la derecha se ha opuesto a discutir el tema, y cuando no ha podido eludir la discusión, ha votado en contra. Al hacerlo, siempre se ha insistido en que ellos están en contra del aborto pues se trata de un crimen horroroso contra los más desvalidos, suelen agregar, y que por ello debe mantenerse y sancionarse como delito. Mirado desde afuera el discurso puede parecer incluso coherente, pero a poco de analizar surge verdaderamente como un acto de suma hipocresía.
Desde luego, estar en contra del aborto debiera significar en primer lugar estar dispuesto a movilizar acciones y recursos para prevenir su ocurrencia, para disminuir su realización al mínimo posible. Y aquí aparece el primer acto de hipocresía.
Sabido es que la gran mayoría de los abortos consentidos, y sólo a ellos nos referimos aquí, son resultado de un embarazo no deseado. Por ello, no puede extrañar que lo que efectivamente disminuye el número de abortos, es precisamente la reducción de los embarazos no deseados. De este modo, el primer objetivo a tener en cuenta en una política contraria al aborto debiera ser la disminución de dichos embarazos. Ahora bien, la experiencia y la investigación internacional demuestran, sin ninguna duda, que entre los factores que más ayudan a disminuir los embarazos no deseados se encuentran:
- La educación sexual y reproductiva
- La planificación familiar
- Los servicios anticonceptivos al alcance de quienes tienen una vida sexual activa.
- El aumento del poder de las mujeres en la capacidad para tomar decisiones sobre aspectos sexuales y reproductivos.
Un caso paradigmático de lo que estamos planteando lo constituye Países Bajos (Holanda) que posee la mayor libertad para la práctica del aborto y sin embargo presenta una de las tasas más bajas de la Unión Europea, como consecuencia de un exitoso plan de educación sexual.
En nuestro país en cambio, un plan de educación sexual y reproductivo a hombres y mujeres, que efectivamente empodere a estas últimas, que fortalezca la planificación familiar y permita acceso fácil a métodos anticonceptivos, no ha podido implementarse principalmente porque los mismos parlamentarios que tanto se escandalizan porque se va a colocar en discusión el tema del aborto, se han opuesto y se siguen oponiendo de manera sistemática a esto.
El segundo elemento a considerar, es que si yo rechazo el aborto porque lo considero un delito grave, debo velar seriamente porque se sancione con la pena que corresponda, tanto a las mujeres que se realizan un aborto, o consienten en que un tercero lo haga, como al dicho tercero. Y aquí vuelve a resurgir la hipocresía.
No tenemos cifras mayoritariamente aceptadas sobre el número de abortos ilegales que cada año se realizan en nuestro país. Un trabajo de Molina y cols. del año 2013 estimaba la cifra entre 72 mil y 148 mil. Cifras más recientes oscilan entre 60 mil y 300 mil. Cual sea la cifra, impacta saber que entre octubre de 2017 y octubre de 2021, sólo 366 mujeres fueron imputadas por el delito de aborto.
Más allá de que la experiencia señala que la sanción penal es ineficaz para reducir la incidencia del aborto, quienes la sostienen, sabiendo que la cantidad de abortos realizados anualmente es cientos de veces superior a la que se condena en tribunales, nada hacen porque ello cambie. No hacen proposiciones legales para mejorar la persecución del delito, no piden más recursos para perseguirlo, ni la creación de brigadas especializadas, ni nada que busque efectivamente disminuir la cifra negra de casos no conocidos, ni menos condenados. En definitiva, no hay ningún interés real en que efectivamente se sanciones a quienes cometen el delito de aborto. Sólo les basta el discurso. No les preocupa que sólo tenga efectos simbólicos, pero no reales.
De este modo, en estricto sentido, la “penalización” del aborto en nuestro país no pasa de ser una mera ficción, afortunadamente.
Es decir, en la práctica la disposición penal es simplemente simbólica, y sólo busca satisfacer la conciencia de aquellos antiabortistas que quieren dormir tranquilos, sabiendo que “en nuestro país está prohibido el aborto”, pues no sólo no se aplica, sino que nada se hace por aplicarla.
¿Será porque en verdad su aplicación es imposible? ¿O alguien cree seriamente que tendríamos policías, cárceles, tribunales, guardias, y en definitiva sociedad para perseguir, enjuiciar y encarcelar cada año a varias decenas de miles de mujeres que abortan? ¿Y para dejar a cientos de miles de niños huérfanos de madres?
Las conductas abortivas se dan en todos los estratos sociales, sólo que en los más bajos, a veces, a lo lejos, se castiga algún caso, y con frecuencia doblemente. Primero, pues las maniobras abortivas se suelen realizar por personal no profesional y sin condiciones de higiene y seguridad, aumentando los riesgos de enfermedad, esterilidad y muerte y segundo, pues para que el simbolismo efectivamente funcione, cada cierto tiempo, una ruleta invisible determina que alguna mujer pobre debe irse presa por el delito de aborto, para satisfacción de los antiabortistas.
En su simbolismo brutal, esa realidad es dramáticamente injusta, clasista y antidemocrática, y sólo se sostiene gracias a una derecha hipócrita, que en lo esencial es también injusta, clasista y antidemocrática.