…vive un pueblo que no tiene cédula de identidad, que no cuenta con registros oficiales que acrediten su existencia y que, por lo mismo, queda fuera de los derechos más básicos. Son, en términos legales y administrativos, invisibles. Niños, niñas y familias que habitan espacios donde la educación, la salud y la presencia del Estado son todavía una promesa pendiente…
Arnoldo Macker Aburto. Profesor. Doctor en Ciencias de la Educación. Santiago. 5/6/2026. Hace unas semanas tuve la oportunidad de participar en el Primer Encuentro Internacional de Estudiantes de Doctorado en Ciencias de la Educación, organizado por la Universidad CAECE de Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Fue una experiencia enriquecedora en lo académico, pero, sobre todo, en lo humano.
En esta instancia conocí al Rector Paulo Falcón, académico de gran sensibilidad social y líder de esta prestigiosa universidad, así como a Marisa Fazio, directora del programa de Doctorado de CAECE, cuya empatía, compromiso y vocación formativa reflejan un profundo interés por acompañar a las nuevas generaciones de académicos e investigadores de Latinoamérica.
Junto a estos destacados doctores, tuve el privilegio de compartir con profesores y profesoras de Chile, Ecuador y Argentina que buscan alcanzar los más altos niveles de formación académica. Cada uno de ellos posee historias de vida admirables y un compromiso que trasciende las aulas y las universidades, proyectándose hacia la transformación de sus comunidades y de la educación en nuestra región.
Entre esas historias, me impactó especialmente la de Wendy Carrasco Polanco y Andrea Crespo Angulo, docentes de Ecuador, quienes participan en acciones de apoyo a comunidades insulares de su país, específicamente en las islas que rodean el Golfo de Guayaquil. Son pocas las personas que llegan a esos territorios, y justamente por eso su trabajo resulta tan valioso.
Allí, en esas islas, vive un pueblo que no tiene cédula de identidad, que no cuenta con registros oficiales que acrediten su existencia y que, por lo mismo, queda fuera de los derechos más básicos. Son, en términos legales y administrativos, invisibles. Niños, niñas y familias que habitan espacios donde la educación, la salud y la presencia del Estado son todavía una promesa pendiente.
Escuchar estos relatos obliga a reflexionar sobre algo que muchas veces olvidamos: el desarrollo de un país comienza cuando el Estado reconoce a sus ciudadanos y garantiza sus derechos. Entre ellos, la educación ocupa un lugar central. Sin embargo, mientras algunos territorios luchan por acceder por primera vez a una escuela, otros enfrentan un problema distinto, pero igualmente preocupante; el debilitamiento progresivo de sus sistemas educativos por decisiones presupuestarias.
En Chile y Argentina, durante los últimos años, la educación ha debido convivir con restricciones fiscales, ajustes presupuestarios y crecientes tensiones sobre el rol que debe cumplir el Estado en la garantía de este derecho. Muchas veces estas reducciones son presentadas como medidas de responsabilidad financiera, equilibrio fiscal o eficiencia administrativa. Sin embargo, pocas veces se discute con la misma fuerza cuál será el costo social de esas decisiones dentro de diez o quince años.
La educación tiene una característica que la diferencia de otras áreas de la gestión pública; sus resultados y sus daños son diferidos. Cuando se reduce la inversión en educación, no se observa inmediatamente una crisis visible. Las escuelas siguen abiertas, los estudiantes continúan asistiendo y los sistemas parecen funcionar con normalidad. Pero bajo la superficie comienzan a acumularse déficits que se expresarán en el futuro.
Menos recursos significan menos apoyo a estudiantes vulnerables, menor capacidad de acompañamiento pedagógico, menos inversión en infraestructura, dificultades para fortalecer la formación docente, reducción de programas de inclusión y menor capacidad para enfrentar problemas emergentes como la deserción, el rezago lector o la convivencia escolar. Ninguno de estos efectos se refleja completamente en el corto plazo, pero todos terminan afectando las trayectorias educativas de una generación.
¿Cuántos niños y niñas verán limitadas sus oportunidades futuras por decisiones presupuestarias tomadas hoy?
Cuando un país posterga inversiones educativas, no está ahorrando recursos; está trasladando costos hacia el futuro. Costos que aparecerán en forma de desigualdad, menor productividad, dificultades para la innovación, debilitamiento de la cohesión social y reducción de las oportunidades de movilidad social. Lo que hoy parece un ajuste fiscal puede convertirse mañana en una brecha educativa difícil de revertir.
La evidencia internacional muestra que los países que han logrado mayores niveles de desarrollo económico, científico y social no lo hicieron reduciendo su compromiso con la educación pública. Lo hicieron fortaleciendo sistemas capaces de garantizar acceso, permanencia y calidad para todos sus ciudadanos. La educación no fue una consecuencia del desarrollo; fue una condición para alcanzarlo.
En América Latina, sin embargo, persiste una tensión permanente entre comprender la educación como una inversión estratégica de largo plazo o tratarla como una partida de gasto susceptible de ajustes cada vez que aparecen dificultades económicas, como expreso en su ponencia el Doctor Paulo Falcón, el modelo latinoamericano de educación sigue reproduciendo desigualdades sociales, reflejo de la comprensión y mirada de gasto ajustable. Esa mirada suele olvidar que las decisiones educativas requieren décadas para mostrar plenamente sus resultados. Lo que se deja de hacer hoy será visible cuando quienes actualmente están en las aulas deban incorporarse al mundo laboral, participar de la vida democrática o asumir responsabilidades de conducción social.
Los Estados que aspiran a construir futuro deben actuar con una perspectiva que vaya más allá de los ciclos políticos y presupuestarios. Deben comprender que la educación no puede evaluarse únicamente por su costo inmediato, sino por su capacidad de construir ciudadanía, reducir desigualdades y sostener el desarrollo de una nación.
Por eso resulta preocupante observar cómo en distintos países de la región se naturalizan discursos que presentan la reducción de recursos educativos como una decisión neutra. No lo es. Cada reducción presupuestaria implica una definición sobre las oportunidades futuras de millones de personas. Cada programa que desaparece, cada apoyo que se reduce y cada escuela que deja de recibir los recursos necesarios tiene consecuencias que trascienden a una administración de gobierno.
El encuentro doctoral me recordó que detrás de cada discusión sobre financiamiento existen rostros concretos. Existen niños que aprenderán o no a leer oportunamente, jóvenes que podrán o no continuar estudiando, comunidades que tendrán o no oportunidades de desarrollo.
Las historias de Wanda y Andrea muestran una realidad extrema, personas que todavía luchan por ser reconocidas por el Estado. Pero también nos obligan a mirar nuestras propias realidades. Porque la exclusión no siempre comienza con la ausencia total de educación; a veces comienza cuando una sociedad deja de considerarla una prioridad.
El desarrollo de un país no se construye debilitando la educación pública. Se construye fortaleciéndola. Porque una educación pública robusta no solo forma estudiantes; forma ciudadanos, sostiene la democracia, genera cohesión social y amplía las posibilidades de desarrollo económico y humano.
Las generaciones futuras vivirán las consecuencias de las decisiones que tomemos hoy. Y cuando se trata de educación, el tiempo perdido rara vez se recupera por completo. Por eso, más que preguntarnos cuánto cuesta financiar la educación pública, quizás deberíamos preguntarnos cuánto costará no hacerlo.