Resulta profundamente sensible es que- una vez más- el pueblo chileno se encuentra ante la incoherencia entre lo prometido y aquello que, disfrazado bajo el manto de lo posible, es realmente la voluntad y capacidad de los tecnócratas de turno.
Sharun Uttamchandani Mujica. Cientista Político. Santiago. 1/6/2026. Las bulladas críticas al gobierno en materia de la gestión del fenómeno delictual han encontrado un gran punto relieve con la salida de Steinert como cabeza del Ministerio de Seguridad Pública. Este hito estuvo precedido de su reciente intervención donde la entonces autoridad asume que ni ella y el gobierno que representa cuentan con un plan formal ni estructurado en materia de seguridad pública y prevención del delito.
Su sucesor, el ministro Arrau retomó la polémica, asumiendo una supuesta suficiencia de la Política Nacional de Seguridad Pública (2025), no solo marcando una ruptura con el discurso de su antecesora, sino que instalando realidades que exceden el campo de la comunicación política. Lo que se instala a partir de estos hitos comunicacionales es una realidad preocupante para cualquier análisis serio sobre la gestión del fenómeno delictual. A menos de 90 días de instalación en sus respectivas funciones, los cargos de mando estratégico del Ministerio de Seguridad Pública no han sido capaces de entregar certidumbres ni proyección en las estrategias, tácticas ni estilos/énfasis que se tendrán para los 4 años siguientes en la materia. Por supuesto que no es de esperar logros atribuibles a este gobierno en tan breve periodo de tiempo, sin embargo, cualquier pretensión de obtener resultados solo puede ser a partir del trazado de un plan que conecte diagnóstico, problemas, objetivos y las tareas para cumplirlos.
Es un ejercicio estéril, a estas alturas, hacer competir las propuestas del candidato Kast con la gestión del gobierno de Boric, o dedicarse a contrastar lo manifestado estas semanas en el Ministerio de Seguridad Pública con la Política Nacional aprobada el año pasado. Lo que resulta profundamente sensible es que- una vez más- el pueblo chileno se encuentra ante la incoherencia entre lo prometido y aquello que, disfrazado bajo el manto de lo posible, es realmente la voluntad y capacidad de los tecnócratas de turno. Esto no solo implica que haya un set de resultados y expectativas comprometidos que el gobierno no sepa cómo ni cuándo va a cumplir (si es que los podrá cumplir), sino que ocurre que, a casi tres meses de instalado el gobierno, las medidas que la ciudadanía votó no se encuentran en el horizonte de cumplimiento, porque no hay una planificación para lograr estas metas.
En el denominado “Plan Implacable”, las medidas en seguridad propuestas en periodo de campaña por el candidato JA Kast giraban en torno al aumento de penas para el crimen organizado, creación de cárceles de máxima seguridad y aislamiento total para ciertos reos, fin a los narcofunerales, ampliación de los casos de legítima defensa, entre otras medidas que incluyen el rol de los militares en materias de seguridad y orden público, y lo que se enunciaba como un mayor respaldo a las policías. Estas medidas, en grueso, sí encuentran asidero y coherencia con la Política Nacional de Seguridad Pública, por un lado, y también con la agenda que Boric desarrolló durante su mandato.
No obstante lo anterior, la Política Nacional de Seguridad Pública no es una pretensión táctica ni un acto de campaña, es un instrumento que alcanza la seriedad y obligatoriedad al encontrarse dentro de lo mandatado en la Ley 21.730, que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Entonces, esto significa que cumplirla y guiarse por ella no es una decisión optativa del gobierno, sino que constituye el marco mínimo y obligatorio para estructurar el actuar de las instituciones que deben comandar política e institucionalmente esta gestión. Por lo tanto, la respuesta del ministro Arrau no solo es insatisfactoria para cualquier análisis serio, sino que sigue agravando las deficientes respuestas que este gobierno le ha dado al país en materia de seguridad pública y prevención del delito.
Queda mucho por esperar, pero al construir la idea de “emergencia” en materia de seguridad pública, el gobierno se autoimpuso la obligación y la urgencia de articular un despliegue programático que se encuentra muy por debajo de lo esperado de cualquier gobierno serio.