Así lo señaló la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien acentuó que la política económica de esta administración “consiste en transferir recursos desde el Estado hacia las grandes empresas y los sectores de mayores ingresos…Y la gente lo está sintiendo”. Ante continuas correcciones y precisiones que deben hacer ministras y ministros sobre medidas tomadas, la dirigenta señaló que “es importante nombrar las cosas con precisión: lo que vemos es un proyecto político que se va revelando a sí mismo. Cuando un ministro dice algo que luego se ‘corrige’, generalmente la primera versión era la verdadera intención; la corrección viene después como una operación de relaciones públicas”. Respecto a los transversales cuestionamientos de jefas y jefes comunales por el impacto negativo del megaproyecto financiero y tributario del gobierno, Figueroa expresó que eso “tiene una importancia enorme, y no solo política, sino también técnica. Los alcaldes y alcaldesas son quienes administran los territorios donde vive la gente real”. En esa línea, indicó que “lo que estamos viendo es que la ofensiva del gobierno de Kast está despertando una respuesta desde múltiples sectores de la sociedad” expresada en diversas convocatorias de colectivos sindicales, estudiantiles, poblaciones, de derechos humanos, entre otros. En cuanto a cómo está el escenario opositor en esta coyuntura, señaló que “existe una convergencia más amplia de lo que a veces se reconoce públicamente, tanto en el diagnóstico como en algunas propuestas concretas frente al megaproyecto. Y eso es algo que hay que valorar”.
Hugo Guzmán Rambaldi. María Paz Muñoz Marín. Periodistas. “El Siglo”. Santiago. 31/5/2026. La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, abordó en entrevista con ElSiglo.cl el complejo escenario que enfrenta el gobierno previo a la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast. Criticó el “megaproyecto” económico del Ejecutivo, cuestionó las contradicciones en materia de seguridad y valoró la creciente activación social frente a los recortes y reformas impulsadas desde La Moneda.
¿Qué expectativa tiene de la Cuenta Pública de Kast?
De la primera Cuenta Pública del presidente no tengo grandes expectativas. Kast llega a esta instancia en un momento de tensión política acumulada: el megaproyecto tributario ha recibido críticas del FMI, del Consejo Fiscal Autónomo, de alcaldes de todas las tendencias -incluidos alcaldes militantes de partidos de gobierno-, de economistas de todo el espectro y de la ciudadanía. En este contexto, la apuesta del gobierno y del presidente ha sido abrir múltiples focos de atención a partir de supuestos “abusos” en el uso de los recursos públicos, como la exposición pública de JUNAEB, donde hoy se pretende justificar recortes en base a anuncios de irregularidades que la propia Contraloría ya analizó y sobre las cuales se pronunció en 2025; o las directrices que están entregando en hospitales sobre el no reemplazo de trabajadores con licencia; el supuesto “fraude social” del que habla el ministro (Jorge) Quiroz para justificar la reducción de beneficiarios de políticas públicas; o el gran escándalo que pretenden instalar contra la estatal CODELCO, para abrir paso a su deseo de privatizar el sueldo de Chile. Es decir, confundir con anuncios y denuncias para avanzar en su viga maestra, que es el plan económico. Por lo tanto, no sería extraño encontrarnos con un presidente que, en su Cuenta Pública, se esfuerce por instalar una narrativa de “gobierno que actúa” frente a una oposición que “frena el crecimiento”. Eso es lo que va a intentar. Lo que no podrá ocultar es lo esencial: que su política económica consiste en transferir recursos desde el Estado hacia las grandes empresas y los sectores de mayores ingresos, mientras recorta el gasto que sostiene derechos concretos de la mayoría. Eso no se relata hacia afuera; eso se padece en la vida cotidiana. Y la gente lo está sintiendo. Un punto especial merece el tema de la seguridad. Hoy queda claro que todas las promesas del plan “implacable” no fueron más que eso: promesas. Para gobernar, deberá optar entre cumplirlas -sincerando de una vez que mintió en campaña- o priorizar su agenda económica como eje principal, lo que implica relegar toda política pública donde el Estado tiene una responsabilidad central, como ocurre precisamente con la seguridad. Lo saludable sería encontrarnos con un presidente que, en esta su primera Cuenta Pública, deje de actuar como candidato, deje de gobernar con slogans y asuma que gobierna para todo el país y no solo para su grupo de interés. Un presidente que no siga prometiendo planes o acciones que no podrá cumplir y que asuma la responsabilidad que implica ser gobierno, más aún después de 12 años intentándolo y con una historia política de críticas a sus antecesores que hoy constituyen la vara mínima con la que debe medirse a sí mismo.
¿Cómo ve este continuo de errores y precisiones de ministros en temas de seguridad, recortes, expulsión de migrantes, datos de finanzas fiscales?
No los llamaría errores. Creo que es importante nombrar las cosas con precisión: lo que vemos es un proyecto político que se va revelando a sí mismo. Cuando un ministro dice algo que luego se “corrige”, generalmente la primera versión era la verdadera intención, la corrección viene después como una operación de relaciones públicas. La lógica del espectáculo en la política migratoria no es un error de comunicación, sino una señal política deliberada hacia ciertos sectores del electorado. El manejo irresponsable de las cifras fiscales tampoco es torpeza técnica, es la consecuencia de haber prometido lo imposible. Bajar impuestos a los súper ricos, recortar el gasto y crecer al cuatro por ciento son tres objetivos que no pueden sostenerse simultáneamente y, cuando la realidad aprieta, aparecen las inconsistencias. Lo que estamos viendo es un gobierno que gobierna para una minoría, pero que necesita convencer a una mayoría, y esa tensión produce contradicciones permanentes. En materia de seguridad, el gran “caballito de batalla” de la campaña, el panorama es aún más desalentador. La ministra (Trinidad) Steiner tuvo más visibilidad pública por sus cuestionadas decisiones y su falta de rigor que por acciones concretas o una estrategia clara de seguridad. El riesgo del nuevo ministro, (Martín) Arrau, es quedar atrapado en las decisiones económicas de su gobierno y en los potenciales efectos que estas puedan tener sobre los planes de fortalecimiento y prevención en seguridad, mientras intentan sostener en el relato público que sí contaban con un plan de acción. El desafío sigue siendo conocer la verdadera agenda del gobierno en materia de seguridad y la estrategia que la acompañará para hacerla realidad.
¿Qué importancia le atribuye a los cuestionamientos transversales de alcaldesas y alcaldes al megaproyecto?
Tiene una importancia enorme, y no solo política, sino también técnica. Los alcaldes y alcaldesas son quienes administran los territorios donde vive la gente real. Saben lo que significa la reducción del Fondo Común Municipal, saben lo que implica recortar inversión en infraestructura local y saben lo que cuesta reactivar la economía de sus comunas. Cuando voces de distintas tendencias políticas coinciden en que esta reforma los perjudica, eso no es oposición sectaria: es el territorio hablando. Además, tiene un valor político estratégico que no debemos subestimar. Muestra que el rechazo al megaproyecto no es patrimonio exclusivo de la izquierda, sino que atraviesa amplios sectores de la institucionalidad. Eso amplía el campo de la resistencia y complica la narrativa del gobierno, que busca presentar las críticas como simples obstáculos “ideológicos” al crecimiento.
¿Cómo ha ido la coordinación de la oposición en esta coyuntura?
Ha habido avances. Existe una convergencia más amplia de lo que a veces se reconoce públicamente, tanto en el diagnóstico como en algunas propuestas concretas frente al megaproyecto. Y eso es algo que hay que valorar. Pero también hay que ser honestos: la oposición todavía tiene dificultades para articular una propuesta alternativa que sea tan visible y contundente como la crítica al gobierno. Hoy tenemos mejores condiciones para decir lo que rechazamos que para instalar con fuerza lo que proponemos. Esa es una deuda que aún debemos saldar. La gente no solo necesita ver que nos oponemos a la política de Kast; también necesita ver que existe un proyecto alternativo claro, con capacidad de convocatoria y de mayoría. Ese es el principal desafío de esta etapa.
Se viene la movilización de la CONFECH, están activos trabajadores de la salud, hubo una crítica de cerca de cien personalidades de la cultura, hay cuestionamientos desde colectivos de derechos humanos, la CUT plantea resistir ante retrocesos laborales. ¿Qué mirada tiene ante esta activación social?
La miro con mucha esperanza y con sentido de responsabilidad política. Lo que estamos viendo es que la ofensiva del gobierno de Kast está despertando una respuesta desde múltiples sectores de la sociedad, y eso es exactamente lo que corresponde cuando un proyecto de esta naturaleza intenta imponerse de manera acelerada y sin consulta real. Tanto la megarreforma o reforma tributaria encubierta contenida en el llamado proyecto de reconstrucción, como los recortes que se están ejecutando en distintos ministerios, entre ellos Educación, Salud y Vivienda, están generando una reacción transversal. Que se organicen, participen en sus procesos electorales y se movilicen estudiantes universitarios, trabajadores y trabajadoras de la salud, las y los trabajadores organizados en la CUT, personalidades de la cultura y colectivos de derechos humanos no es casualidad ni coincidencia: es la expresión de que este proyecto afecta transversalmente al mundo popular. Cada uno desde su lugar específico, pero todos apuntando a lo mismo: no aceptar un modelo que concentra la riqueza, recorta derechos y amenaza conquistas que costaron años de lucha. Nuestro rol como Partido Comunista es contribuir a que esa diversidad de expresiones se fortalezca, reconociendo, en primer lugar, el papel de los actores sociales organizados en el desarrollo de las políticas públicas del país; legitimando su voz desde su acción autónoma y haciendo un llamado a todos -gobierno, Parlamento y partidos políticos- a no prescindir del movimiento social ni de sus propuestas en los debates públicos. No se trata de tutelar ni de conducir desde arriba, sino de ser parte activa desde el territorio, desde lo laboral y desde lo social. Esta activación es una señal de que el pueblo tiene más capacidad de reacción de lo que a veces se supone. Hay que estar a la altura.