Quizás el problema no sea que Chile cambió tanto. Quizás el problema es que algunos dejamos de comprender cómo cambiaron las formas en que la sociedad expresa sus angustias, sus expectativas y sus demandas.
Javier Albornoz Rebolledo. Integrante Comisión Política Partido Comunista de Chile. Santiago. 27/5/2026. Cada vez que una encuesta incomoda, aparece una explicación rápida: “Chile giró a la derecha”. La frase suele servir para tranquilizar conciencias, justificar derrotas o evitar preguntas más difíciles. Pero las explicaciones demasiado fáciles casi siempre esconden errores más profundos. Porque una cosa es reconocer cambios reales en el escenario político y otra muy distinta concluir que, de un día para otro, las grandes mayorías abandonaron sus aspiraciones de justicia social, dignidad o bienestar compartido.
Quizás el problema no sea que Chile cambió tanto. Quizás el problema es que algunos dejamos de comprender cómo cambiaron las formas en que la sociedad expresa sus angustias, sus expectativas y sus demandas.
Las últimas encuestas muestran un país preocupado por seguridad, empleo, costo de la vida, acceso a salud y estabilidad económica. Para algunos, eso sería prueba suficiente de una supuesta derechización del país. Pero mirar así la realidad puede llevar a conclusiones apresuradas. ¿Desde cuándo querer vivir sin miedo, llegar a fin de mes, conseguir empleo estable o poder atenderse dignamente en un hospital dejó de ser una demanda popular?
Hay una diferencia importante entre derechización y agotamiento social.
Chile no parece haberse convertido súbitamente en un país enamorado del abuso económico, del mercado sin regulación o de la desigualdad. Lo que aparece es una sociedad cansada, golpeada por años de incertidumbre, endeudamiento, frustración política y deterioro de las condiciones materiales de vida. Una ciudadanía que muchas veces siente que trabaja más, vive peor y recibe menos certezas sobre el futuro.
Las cifras ayudan a poner los pies sobre la tierra. Hoy, siete de cada diez trabajadores ganan menos de 800 mil pesos líquidos y la mitad recibe 600 mil o menos. El desempleo continúa golpeando especialmente a mujeres y jóvenes. Solo durante 2025 se registraron cerca de 500 mil despidos por la causal de “necesidades de la empresa”, el nivel más alto desde la pandemia. Las familias pagan más por alimentos, medicamentos, transporte y vivienda, mientras los hospitales enfrentan restricciones presupuestarias y listas de espera interminables. En muchos barrios populares, la sensación cotidiana no es de recuperación económica, sino de incertidumbre y fragilidad.
Entonces la pregunta cambia. Tal vez no estamos frente a un país que abandonó sus aspiraciones de transformación, sino frente a una mayoría social que busca protección, certezas y respuestas concretas frente a una vida cada vez más difícil.
Porque hay algo que todavía cuesta entender: el malestar social no desapareció. Cambió de forma.
La revuelta social expresó un rechazo profundo al abuso, a la desigualdad y a una forma de desarrollo incapaz de garantizar bienestar para las grandes mayorías. Pero los años posteriores -pandemia, inflación, deterioro de la seguridad, incertidumbre económica y frustración política- modificaron las prioridades inmediatas de millones de personas. Hoy la urgencia no es solo cambiar el país; también es poder vivir con algo de tranquilidad.
Y aquí aparece un error político importante: asumir que hablar de seguridad equivale automáticamente a ceder terreno cultural a la derecha. La historia popular chilena muestra algo bastante distinto. El 4 de diciembre de 1971, en pleno gobierno de la Unidad Popular, Salvador Allende en un discurso en el Estadio Nacional insistía en fortalecer la dotación policial y mejorar la presencia del Estado en barrios y poblaciones populares. No desde una lógica represiva ni de criminalización de la pobreza, sino desde una convicción profundamente democrática: quienes más sufren la delincuencia, la violencia y el abandono estatal son precisamente las familias trabajadoras y los sectores populares.
La seguridad nunca fue ajena al mundo popular. La diferencia siempre estuvo en entenderla como un derecho y no como una excusa para sembrar miedo, exclusión o autoritarismo.
Esto resulta especialmente importante en el Chile de hoy. Porque una de las conclusiones políticas relevantes del XI Pleno del Partido Comunista, realizado en abril de este año fue advertir que en la disputa política comienza a irrumpir con más fuerza un nuevo actor social, portador de malestares, expectativas y demandas que muchas veces no encuentran representación suficiente. No se trata simplemente del trabajador tradicional ni de las identidades sociales del pasado, sino de una mayoría diversa atravesada por nuevas formas de precariedad e incertidumbre: trabajadores formales e informales, independientes, repartidores de plataformas, profesionales empobrecidos, mujeres jefas de hogar, pobladores endeudados, juventudes sin horizonte claro y amplios sectores populares golpeados por nuevas inseguridades materiales y culturales. El desafío no parece ser renunciar a convicciones históricas, sino comprender mejor al sujeto real del tiempo que vivimos.
Si algo enseña una lectura marxista de la realidad es precisamente a desconfiar de categorías congeladas. Las sociedades cambian, las contradicciones se transforman y también las formas concretas en que las grandes mayorías experimentan la desigualdad, el abuso o la incertidumbre. Las aspiraciones de justicia siguen ahí; lo que cambia son las maneras en que se expresan y las urgencias con que se viven. Hoy la dignidad también dialoga con empleo estable, seguridad barrial, acceso oportuno a salud, tiempo para vivir, salarios que alcancen para llegar a fin de mes y la posibilidad de construir un horizonte de vida sin el miedo permanente al desempleo, la deuda o el abandono.
La derecha ha intentado llenar este vacío ofreciendo orden, control y crecimiento económico. El problema es que demasiadas veces ese orden termina siendo orden para unos pocos, mientras el crecimiento no necesariamente mejora salarios, acceso a derechos o calidad de vida para las mayorías. La experiencia histórica demuestra que reducir impuestos a grandes grupos económicos o debilitar al Estado difícilmente resuelve las angustias cotidianas de quienes viven de su trabajo.
Pero tampoco basta con responder negando las preocupaciones reales de las personas o subestimando sus temores. La seguridad importa. El empleo importa. La salud importa. El costo de la vida importa. Y probablemente una de las principales tareas políticas de este tiempo sea volver a unir aquello que nunca debió separarse: justicia social con bienestar cotidiano, derechos con certezas, crecimiento con dignidad.
Porque si algo muestran las encuestas, los barrios y la experiencia concreta de millones de familias, no es resignación. Es una búsqueda. La búsqueda de una vida más tranquila, de un trabajo digno, de tiempo para vivir, de barrios seguros, de un sistema de salud que responda y de un futuro un poco menos incierto para hijos y nietos.
Chile no parece haber renunciado a la esperanza de vivir mejor. Lo que ocurre es que esa esperanza hoy habla un lenguaje distinto.
Quizás la tarea de quienes creemos en transformaciones profundas no sea pedirle a la sociedad que vuelva atrás ni insistir en fórmulas repetidas, sino aprender a escuchar mejor el tiempo que vivimos. Escuchar sin prejuicios, comprender sin caricaturas y construir una propuesta capaz de hablarle al Chile real.
Porque los pueblos no abandonan tan fácilmente sus aspiraciones de justicia. A veces cambian las palabras, cambian las urgencias y cambian las formas de expresarlas. Pero cuando existe un horizonte creíble, cuando aparecen respuestas concretas y cuando la política vuelve a caminar junto a la vida cotidiana de las personas, también reaparece algo que nunca desaparece del todo: la esperanza de construir un país más justo.